Orbán presenta una ley en Hungría para perseguir a las ONGs y los medios independientes como en Rusia

Hacia la medianoche del martes, János Halász, un veterano diputado del Fidesz, presentó por iniciativa propia, dice, un proyecto de ley titulado Sobre la Transparencia de la Vida Pública que, en caso de ser aprobado, como pretende hacer en los próximos días el partido del primer ministro, concedería a la Oficina de Protección de la Soberanía –una agencia del Gobierno creada en diciembre de 2023 con el propósito de investigar a cualquier grupo o persona que reciba financiación del extranjero– la prerrogativa para redactar una lista negra con las sociedades que, en mayor o menor medida, reciben financiación del exterior, siempre y cuando las consideren como una “amenaza” para la soberanía nacional. En esa lista podrían figurar incluso las organizaciones que se financian con fondos de la Unión Europea.

¿Qué considera la ley de Orbán una “amenaza” a la soberanía nacional? Pues bien, de acuerdo con el texto, supone una amenaza el mero hecho de influir en la opinión pública, promover el debate democrático o cuestionar los valores definidos por el Estado, como la cultura cristiana y los roles tradicionales de la familia.

“La ley restringe gravemente la libertad de expresión. Su objetivo es silenciar a los medios de comunicación de la oposición y a las organizaciones de protección de los derechos, pero también puede utilizarse contra investigadores, empresas privadas o partidos políticos”, advierte en conversación con este periódico Dániel G. Szabó, investigador de Democracy Reporting International, que considera sin embargo que las disposiciones de la ley “son muy vagas”.

“Tiene un importante efecto amedrentador. Incluso sin que se aplique, las amenazas son graves y pueden desalentar a donantes, socios y otras organizaciones”, añade el analista húngaro. “Por otra parte, la legislación tendrá el poder de restringir el funcionamiento de organizaciones seleccionadas mediante la congelación de fondos y, en última instancia, su liquidación. Se trata de poderes extremos”.

El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, durante su visita el pasado viernes a Vladímir Putin en Moscú Reuters

Según Halász, vicepresidente del grupo parlamentario del Fidesz, que disfruta de la mayoría absoluta en la Cámara, en los últimos años “se han expuesto abusos que violan gravemente la soberanía de Hungría”. La animadversión del diputado ultraconservador hacia las organizaciones de la sociedad civil que no comulgan con la doctrina de su partido no es nueva. En 2017, el autor de la proposición de ley denunció que “las organizaciones de [George] Soros no quieren ser transparentes en absoluto” y que, “del mismo modo que los migrantes, tampoco se sienten obligadas a cumplir las leyes húngaras”. Palabras que le valieron una demanda del prestigioso Comité Helsinki Húngaro.

La proposición que firma Halász, pero que, en realidad, impulsa Orbán, recuerda a la ley de agentes extranjeros que el Gobierno prorruso de Georgia aprobó el curso pasado, en contra del sentir mayoritario de su población, expresado en las calles. La ley georgiana estaba inspirada a su vez en las herramientas legales que el Kremlin había utilizado en el pasado para acallar a la disidencia.

La prensa independiente no tiene dudas. “No quieren hacer la vida pública más transparente, sino dominarla por completo y eliminar a los incómodos”, denuncia en su editorial el portal 444. “Vienen a llevarse lo que aún es libre”, avisa, por su parte, el digital Telex. “El proyecto, que oficialmente tiene como objetivo crear transparencia en la esfera pública, contiene una serie de medidas diseñadas para arruinar financieramente a estas organizaciones e intimidar a sus empleados”, coincide el reconocido periodista de investigación húngaro Andras Petho.

“El objetivo del gobierno es claramente doble –explica el reportero del portal Direkt36–. Por un lado, este proyecto de ley es una venganza. Es un intento de castigar a quienes, por ejemplo, cuentan la historia de La Dinastía (nuestro documental sobre el imperio empresarial de la familia de Viktor Orbán), exponen la desaparición de cientos de miles de millones de forintos de la Fundación del Banco Central de Hungría, o informan sobre el indulto presidencial a un condenado implicado en un delito de pedofilia (un escándalo que provocó la caída de la presidenta pro-Orbán el año pasado)”.

“Pero el verdadero objetivo no somos nosotros, los periodistas”, subraya Petho. “El Gobierno da este paso para asegurarse de que esas historias no lleguen a ustedes. Quieren que no escuchen nada más que las mentiras de la máquina de propaganda del Gobierno. En esencia, quieren impedir que los votantes húngaros tomen decisiones basadas en información imparcial, verificada de forma independiente por organizaciones periodísticas profesionales”.

“El texto final de la ley puede cambiar sustancialmente”, anticipa sin embargo Szabó, que recuerda que otros “cambios de última hora han alterado significativamente propuestas anteriores”. Habrá que esperar. De todos modos, según recoge el texto actual, las sociedades que figuren en la lista negra de la Oficina de Protección de la Soberanía perderán el acceso a las donaciones procedentes del 1% del impuesto sobre la renta de los ciudadanos y estarían obligadas a demostrar que toda su financiación es de origen nacional. Además, sus líderes estarían sujetos a estrictas normas de divulgación, incluyendo la obligación de presentar declaraciones de patrimonio.

Eso no es todo. Las autoridades también podrán realizar inspecciones intrusivas, incautar documentos y dispositivos e imponer multas severas –de hasta 25 veces la cuantía de la financiación extranjera recibida– que deberán abonar en un plazo de 15 días.

Reuters

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Contexto propicio

El contexto internacional importa, desde luego. Con su aliado Donald Trump en la Casa Blanca y sin un liderazgo claro en Bruselas que pueda torcerle la mano, Orbán se siente fuerte. La Comisión Europea, de momento, poco puede hacer. En caso de que la legislación, una vez entre en vigor, viole el derecho comunitario, el Ejecutivo de Ursula von der Leyen tendría la capacidad de poner en marcha un procedimiento de infracción que se podría demorar durante años.

“La Unión Europea debe actuar con decisión una vez aprobada la ley. La ley viola valores fundamentales de la UE y, por lo tanto, la Comisión Europea debe dar un paso al frente para defender los principios democráticos”, insiste, en cualquier caso, Szabó, que considera que “la mayoría de los actores todavía están analizando la ley y evaluando posibles medidas”.

El escenario internacional es importante, sí, pero el analista húngaro pone el foco en la situación interna. “El primer ministro se enfrenta a un fuerte contendiente: nunca ha ocurrido en los últimos quince años que un único partido de la oposición haya aventajado al Fidesz en los sondeos. Sí ha ocurrido que una alianza poco sólida de partidos se haya impuesto al partido de Orbán, pero la situación actual es mucho más arriesgada para el Gobierno”, explica Szabó. “Lo más probable es que la campaña previa a las elecciones de principios de 2026 sea extremadamente intensa”.

La plataforma Tisza (Respeto y Libertad, por su acrónimo en húngaro) del líder opositor Péter Magyar gana terreno en las encuestas y, por primera vez, supera al Fidesz en intención de voto. En su discurso del pasado 15 de marzo, fiesta nacional, un tenso Orbán acusó a Magyar –sin mencionar su nombre en ningún momento– de liderar un “ejército en la sombra” de opositores políticos, periodistas, jueces y activistas que trabajan al dictado de “potencias extranjeras” para derrocarle, comparó a sus simpatizantes con “insectos” que merecían “vergüenza y desprecio”, y habló de una inminente “limpieza de primavera”. Pues bien, esa “limpieza de primavera” parece estar en marcha.