El nuevo Tribunal Especial para Ucrania promovido por la UE no podrá juzgar a Putin hasta que deje el cargo

Los ministros de Exteriores de la Unión Europea han aprobado este viernes durante una visita a la ciudad de Leópolis la creación de un nuevo Tribunal Especial Internacional para Ucrania, cuyo objetivo es poder juzgar a la veintena de altos responsables políticos y militares de Rusia que dieron las órdenes de lanzar la guerra de agresión e invadir el país.

Sin embargo, el nuevo Tribunal no podrá juzgar al presidente Vladímir Putin —ni a su primer ministro, ni al responsable de Exteriores, Serguéi Lavrov— hasta que dejen sus cargos porque les ampara la inmunidad prevista en el derecho internacional, según han confirmado fuentes comunitarias.

El otro gran escollo con el que choca de inicio el Tribunal Especial para Ucrania es la falta de apoyo por parte de Estados Unidos. La anterior administración de Joe Biden participó "de forma constructiva" con sus socios europeos en las trece primeras rondas de diálogo para poner en marcha esta nueva institución.

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Pero desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca Washington se ha desentendido del proceso y ni siquiera envió a nadie a la ronda final. La nueva institución nace no obstante con el apoyo de una cuarentena de países. Es más, Trump ha puesto fin de forma unilateral al aislamiento diplomático internacional a Putin y ha protagonizado un acercamiento al líder ruso que genera alarma en Bruselas.

Una vez que ya no estén en el poder, Putin y el resto de dirigentes rusos sí podrán ser juzgados y condenados incluso en ausencia, es decir, aunque no se presenten ante el Tribunal Especial para Ucrania. Eso sí, tendrán derecho a que el juicio se repita si, después de condenados, deciden acudir a la justicia internacional.

El estatuto del nuevo Tribunal prevé penas máximas de hasta 30 años o incluso prisión perpetua cuando lo justifique la "extrema gravedad" de los delitos. También puede decidir la confiscación de activos y propiedades y la imposición de multas, que después se destinarían a la reconstrucción de Ucrania.

"No habrá impunidad. Habrá rendición de cuentas por los crímenes cometidos, también por parte de los que empezaron esta guerra", sostiene la Alta Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas. "La impunidad no puede ser el precio de la paz. Quien cometa delitos en Ucrania tendrá que rendir cuentas ante la justicia. Así que, por supuesto, España apoya plenamente el Tribunal para Ucrania", ha dicho el ministro de Exteriores, José Manuel Albares.

El Consejo de Europa será el que proporcione la cobertura jurídica, financiera y también en materia de infraestructura para que el nuevo Tribunal Especial para Ucrania empiece a funcionar lo antes posible. El objetivo es que pueda estar ya plenamente operativo el año que viene. Utilizará como base las pruebas recopiladas hasta ahora por la fiscalía de Kiev y el Centro Internacional para el Enjuiciamiento del Crimen de Agresión contra Ucrania. Todavía no hay decisión sobre su sede, aunque podría estar en Países Bajos.

El fiscal del Tribunal Especial para Ucrania no tendrá que esperar a que Putin deje el cargo. Desde el primer momento, podrá lanzar la investigación, recopilar pruebas contra él y procesarlo por el crimen de agresión. Podrá incluso redactar su escrito de acusación y remitirlo al Tribunal. En ese momento, los jueces tendrán que verificar si Putin sigue siendo el presidente de Rusia. Si la respuesta es positiva, tendrán que suspender el juicio.

"Se trata por un lado de aprovechar el tiempo y no esperar hasta el infinito. Al mismo tiempo, se respetan las normas de inmunidad previstas en el derecho internacional, pero sólo con una suspensión. Una vez que la persona abandone el cargo, será posible realizar el juicio completo, incluso en ausencia del acusado. Y esto es extremadamente importante porque no hay impunidad. La inmunidad es una suspensión temporal del proceso mientras la persona esté en el cargo. Ni más ni menos", explica un alto responsable de la UE.

Entretanto, el Tribunal Especial para Ucrania sí podría juzgar desde el principio a altos mandos militares o al destituido ministro de Defensa ruso Serguéi Shoigu.

La Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya, ya es competente para juzgar los delitos de genocidio, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y crimen de agresión. Para los tres primeros, la fiscalía puede iniciar casos por iniciativa propia, a petición de algún Estado o del Consejo de Seguridad de la ONU. De hecho, la CPI ya ha emitido una orden de detención contra Putin por crímenes de guerra.

Sin embargo, para el crimen de agresión hay una regla específica que marca que la Corte Penal Internacional no puede actuar por iniciativa propia. Sólo si se lo pide el Consejo de Seguridad, donde Rusia tiene poder de veto, o si tanto el agresor como la víctima son miembros de la CPI, lo que tampoco ocurre en este caso. Por este motivo, la UE ha decidido impulsar este Tribunal Especial sobre Ucrania, aunque asegura que no tiene ninguna voluntad de socavar a la Corte Penal Internacional, ni tampoco competir con ella, sino que el objetivo es una cooperación total.