Bruselas da cobertura legal a los centros de deportación de migrantes fuera de la UE siguiendo el 'modelo Meloni'

El reglamento en cuestión, la última pieza del Pacto Europeo de Migración y Asilo, tendrá que ser ahora discutido y aprobado tanto por los Gobiernos europeos como por la Eurocámara. "Hoy sólo alrededor del 20% de quienes tienen una decisión de retorno abandonan Europa. Esta cifra es demasiado baja", ha alegado Von der Leyen para justificar sus propuestas. "Aquellos que no tengan derecho a quedarse deben ser expulsados ​​rápidamente y debe haber consecuencias claras para quienes no cooperen", ha señalado.

El Ejecutivo español ya ha expresado reiteradamente su rechazo a estos centros de deportación. "No atajan los problemas y crean otros nuevos", ha dicho el presidente Pedro Sánchez. Sin embargo, Sánchez está en clara minoría en una Unión Europea donde la mayoría de Estados miembros apuestan por endurecer los controles de fronteras y la política migratoria y reclaman este tipo de "soluciones innovadoras" para combatir la inmigración irregular.

Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa

Sánchez rechaza los centros de retención de migrantes fuera de la UE: "No atajan los problemas y crean otros"

La propuesta de Von der Leyen "introduce la posibilidad legal de devolver a un país tercero (distinto al de origen) a personas que se encuentran ilegalmente en la UE y han recibido una decisión final de retorno, sobre la base de un acuerdo concluido de forma bilateral o a nivel de la UE". Es decir, se trata de un modelo de "geometría variable" que puede ser usado por los Gobiernos interesados y descartado por el resto.

Bruselas establece dos salvedades. Por un lado, los acuerdos para crear estos centros de deportación sólo podrán cerrarse con países extracomunitarios "que respeten los estándares y principios internacionales en materia de derechos humanos de acuerdo con el derecho internacional, incluido el principio de no devolución".

En segundo lugar, las familias con menores y los menores no acompañados no podrán ser enviados a estos centros de deportación de migrantes fuera de la UE. El reglamento no fija ningún tipo de límite de tiempo de detención para los migrantes en estos campos extracomunitarios, ni tampoco especifica cuál será el destino final de estas personas.

En el Ejecutivo comunitario niegan que esto abra la puerta a la detención ilimitada o a una especie de "limbo" legal para estas personas: las condiciones concretas de detención se fijarán en los acuerdos entre la UE y los países extracomunitarios interesados y deben respetar en todo momento las reglas comunitarias y la Carta Europea de Derechos Humanos. Los acuerdos estarán sujetos a la supervisión de Bruselas y de los tribunales nacionales. 

La presidenta Ursula von der Leyen, durante su discurso ante la Eurocámara este miércoles en Estrasburgo Parlamento Europeo

De hecho, la Comisión ve posible que los migrantes vivan allí en un régimen abierto y que al final logren la residencia en el país extracomunitario en cuestión, o que sean definitivamente devueltos a sus países de origen o que incluso acaben regresando a la UE.

El nuevo comisario de Inmigración, el austriaco Magnus Brunner, sostiene que este modelo es "completamente diferente" al acuerdo entre Italia y Albania o al pacto suscrito entre Reino Unido y Ruanda. 

"El protocolo entre Albania e Italia trata de solicitantes de asilo, mientras que los centros de retorno son para aquellos que ya tienen una decisión negativa o una decisión de retorno. Dos cosas diferentes. Y Ruanda también es diferente. La opción de los centros de retorno es nueva. Y ahora todos los Estados miembros pueden explorar si será posible o no y también si encontraremos a terceros países (interesados)", ha señalado Brunner.

Obligación de cooperar

Por lo demás, el nuevo reglamento introduce el principio de reconocimiento mutuo de las órdenes de expulsión de los Estados miembros y crea un mecanismo armonizado de Orden Europea de Retorno. Dado que en la actualidad existen 27 sistemas diferentes, Bruselas cree que esto limitará la fragmentación a nivel comunitario.

La reforma impone también a los migrantes la obligación de cooperar con las autoridades nacionales durante todo el procedimiento de retorno. En caso de incumplimiento, los migrantes sufrirán sanciones adicionales como la reducción o denegación de ayudas o la confiscación de documentos de viaje. 

Las deportaciones forzosas serán obligatorias cuando un migrante que se encuentra ilegalmente en la UE no coopera, se fuga a otro Estado miembro, no se marcha de la UE en la fecha límite establecida para la salida voluntaria o plantea un riesgo para la seguridad. Al mismo tiempo, el reglamento establece un sistema de incentivos para fomentar los retornos voluntarios.

Otra novedad es el endurecimiento de las reglas para tener localizados a los migrantes y evitar las fugas, con medidas como la posibilidad de exigir una garantía financiera, o la obligación de informar de forma regular sobre su paradero o de residir en un lugar designado por las autoridades nacionales.

La reforma amplía además de 18 a 24 meses el periodo de detención de los migrantes en caso de riesgo de fuga. Un plazo que puede ampliarse en el caso de aquellos que planteen un riesgo para la seguridad.

El comisario de Migración, Magnus Brunner, durante la rueda de prensa de este martes en Estrasburgo Comisión Europea

En la actualidad, sólo el 20% de los migrantes irregulares que reciben una orden de expulsión en la UE acaban siendo efectivamente deportados. Varios son los problemas interconectados que socavan la eficiencia de los actuales procedimientos de retorno y readmisión.

"El actual sistema es demasiado complejo y demasiado fragmentado, lo que conduce a ineficiencias en la cooperación de las autoridades implicadas en el proceso de retorno, tanto a nivel nacional como entre las autoridades de diferentes Estados miembros", explica la Comisión. 

Ademas, muchos migrantes con orden de expulsión no cooperan con las autoridades y la legislación vigente de la UE no contiene una obligación de colaborar en el procedimiento. Las fugas, incluso transladándose a otro Estado miembro, representan un desafío adicional en el marco de los retornos, según Bruselas. 

"Otro problema es la insuficiente eficacia de los procedimientos de readmisión. Al remitir a sus propios nacionales. Si bien es una obligación según el derecho internacional, algunos países de origen no cooperan lo suficiente", ha denunciado la Comisión. Sin embargo, el reglamento no ofrece ninguna respuesta para hacer frente a este problema de los países extracomunitarios que se niegan a firmar acuerdos de repatriación con la UE.