La turista española y otros 30.000 casos de violaciones al año: el largo historial de violencia sexual de India

El gran problema, denuncian los activistas, es que estos actos no suelen traer consecuencias para sus perpetradores. De las decenas de miles de casos que se denuncian anualmente, tan solo unos pocos terminan en procesamientos. Según la ONG Equality Now, las víctimas de violencia sexual se acaban enfrentando a enormes obstáculos para acceder a la justicia, como la “presión de la comunidad para que abandonen el caso, las actitudes discriminatorias de la policía y los funcionarios judiciales, la insuficiente asistencia letrada y los desalentadores índices de condena”.

Por ello, India es calificado en numerosas ocasiones por los activistas de derechos humanos como el ‘país más peligroso para las mujeres’. Estos problemas se acentúan, además, si las sobrevivientes pertenecen a comunidades marginadas de la India, especialmente si son dalits (intocables), adivasis (tribus fuera del sistema de castas) o musulmanas. La violación en grupo, señala la periodista india Vidya Krishnan en una columna para el New York Times, se utiliza como arma contra estos grupos. Es lo que denomina la "cultura de la violación grupal". 

[Fernanda, la turista violada en grupo en India: “Me golpearon la cara y pensé que íbamos a morir"]

“No hay forma de escapar a la cultura de la violación en la India; el terrorismo sexual se considera la norma. La sociedad y las instituciones gubernamentales suelen excusar y proteger a los hombres de las consecuencias de su violencia sexual. Se culpa a las mujeres de ser agredidas y se espera que sacrifiquen libertad y oportunidades a cambio de seguridad personal”, indica Krishnan.

Uno de los casos más sonados de las últimas décadas fue el de Bilkis Bano, una mujer musulmana que fue violada en 2002 cuando estaba embarazada de tres meses durante un episodio de violencia interétnica entre hindúes y musulmanes en el estado de Guyarat, al oeste de la India. Dos décadas después, en 2022, los 11 hombres condenados a cadena perpetua por violarla fueron puestos en libertad por recomendación de un comité de revisión formado por miembros del Bharatiya Janata Party (BJP), el partido del primer ministro indio, Narendra Modi.

Tras su liberación, fueron recibidos con todos los honores por la derecha hindú, con guirnaldas de flores incluidas. Este movimiento fue percibido ampliamente como una estrategia para lograr votos en las elecciones que se celebraron en el estado en diciembre de ese año. C.K Raulji, legislador del BJP en Bajarat, llegó a dudar de la culpabilidad de los violadores y sugirió que su condición de hindúes de casta alta era suficiente razón para darles la libertad. “La actividad de su familia era muy buena; son brahmanes”, señaló en un vídeo que fue eliminado después de las amplias críticas, aunque señaló que sus palabras habían sido malinterpretadas. 

Una ley que no se aplica

El desgarrador caso de una violación en grupo de una estudiante de medicina a bordo de un autobús en Nueva Deli en 2012, que murió dos días después a causa de las heridas sufridas, fue la llama que prendió el debate nacional sobre la desigualdad de género y la violencia sexual. Después de su ataque, estallaron enormes protestas en todo el país para exigir leyes más duras y una actuación policial más eficaz, lo que obligó al Gobierno a revisar la legislación al respecto. No obstante, a pesar de que se tomaron medidas adicionales, el problema sigue sin solucionarse.

[La UE concederá el estatus de refugiadas a las mujeres que huyen de la violencia de género en su país de origen]

El Código Penal indio establece una pena de no menos de 10 años de cárcel una violación y, cuando es grupal, puede aumentar hasta la cadena perpetua. No obstante, explicó Anuja Trehan Kapur, psicóloga criminalista y abogada afincada en Nueva Deli a DW, en muchas ocasiones, los violadores suelen salir bajo fianza por falta de pruebas. “Los acusados suelen estar protegidos por la policía, los políticos o incluso los abogados”, afirmó. Según informó el Washington Post en 2016, aproximadamente uno de cada cuatro casos de violación acaba en condena.

Un informe de Human Rights Watch denunció que las mujeres y niñas que sobreviven a violaciones y otros tipos de violencia sexual sufren a menudo humillaciones en comisarías y hospitales. Con frecuencia, la policía no está dispuesta a registrar sus denuncias, las víctimas y los testigos reciben escasa protección y los profesionales médicos siguen obligando a realizar pruebas degradantes con “dos dedos” —una medida que utilizan para demostrar que la víctima no es virgen—. 

Ante esta inoperatividad de la justicia, los vigilantes parapoliciales o incluso agentes de policía se toman la justicia por su mano y emprenden acciones extrajudiciales contra los sospechosos. En muchas ocasiones, se llevan a caso ejecuciones que acaban recibiendo elogios por parte de la sociedad, aunque ponen de manifiesto la incapacidad del sistema para abordar la violencia sexual generalizada del país, según Equality Now. 

En 2019, el asesinato por parte de la policía de cuatro sospechosos implicados en la presunta violación en grupo de una veterinaria de 27 años en el estado sureño de Hyderabad fue ampliamente aplaudido como una solución rápida a la falta de justicia en la India.