El candidato republicano a gobernador de Arizona, Andy Biggs, atiende a la prensa en la noche electoral de las primarias en Dillon Precision en Scottsdale, Arizona.

El candidato republicano a gobernador de Arizona, Andy Biggs, atiende a la prensa en la noche electoral de las primarias en Dillon Precision en Scottsdale, Arizona. Rebecca Noble Reuters

EEUU

Corrupción, abusos a menores y matrimonios forzosos: la secta polígama que persigue al candidato de Trump en Arizona

Andy Biggs acaba de ganar las primarias republicanas, pero trece años después, el reino polígamo de Warren Jeffs vuelve para perseguirle.

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Corresponsal en EEUU
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Las claves

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Andy Biggs, candidato respaldado por Trump en Arizona, es criticado por su papel en frenar una ley destinada a intervenir una policía local vinculada a una secta polígama.

La secta liderada por Warren Jeffs controló durante décadas dos pueblos, imponiendo matrimonios forzosos, abusos a menores y represalias contra disidentes, con complicidad policial.

Biggs niega haber protegido a la secta y argumenta que la ley era demasiado amplia, aunque sus críticos lo acusan de obstaculizar reformas clave contra el abuso infantil.

El pasado de la secta y la polémica sobre la ley se han convertido en un tema central en la campaña electoral de Biggs, que ahora debe convencer a votantes moderados e independientes.

El candidato de Donald Trump para gobernar Arizona carga con la sombra de una secta en la que niñas eran entregadas como esposas, los disidentes perdían sus casas y hasta la policía obedecía al profeta.

Andy Biggs acaba de ganar las primarias republicanas, pero su victoria ha resucitado la acusación de que, cuando presidía el Senado estatal, enterró una ley destinada a intervenir aquel cuerpo policial corrupto. Trece años después, el reino polígamo de Warren Jeffs vuelve para perseguirle.

A los pies de los acantilados que separan Arizona de Utah, Colorado City y Hildale funcionaron durante décadas como una sola comunidad. El poder pertenecía a la Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (FLDS por sus siglas en inglés), una escisión que rechazó el abandono de la poligamia por la Iglesia mormona oficial.

Cuando Jeffs heredó el cargo de profeta en 2002, aquella comunidad cerrada se convirtió en una teocracia. Decidía qué hombres podían tener varias esposas, qué jóvenes debían casarse y qué familias podían seguir juntas.

Una desobediencia podía costar la casa, el trabajo y los hijos. Los hombres expulsados veían cómo sus mujeres y sus niños eran reasignados a seguidores más fieles; algunas menores eran entregadas como "esposas espirituales" a adultos elegidos por Jeffs.

La iglesia controlaba buena parte del suelo, los empleos y los servicios públicos. Quien rompía con ella podía quedarse sin permiso para construir, sin conexión de agua y sin protección policial. Su instrumento más eficaz era la oficina del marshal compartida por ambos pueblos.

El Departamento de Justicia demostraría después que sus agentes detenían sin causa a los disidentes, confiscaban propiedades y miraban hacia otro lado ante matrimonios con menores y delitos de miembros de la FLDS.

También ayudaron a devolver a una novia menor de edad que había escapado y llegaron a matar perros porque la iglesia los había prohibido. Uno de los policías escribió a Jeffs mientras estaba fugitivo para prometerle que haría su trabajo como el profeta deseaba.

Cuando fue detenido en 2006 durante un control de tráfico en Las Vegas, Jeffs llevaba tres pelucas, quince teléfonos móviles, 54.000 dólares en efectivo y otros 10.000 en tarjetas regalo.

En 2011 fue condenado a cadena perpetua por agredir sexualmente a dos niñas de 12 y 15 años a las que había convertido en esposas.

Desde la cárcel siguió enviando órdenes a una comunidad cuyos policías todavía se consideraban servidores de su iglesia.

La ley que Biggs dejó morir

En 2012, con Jeffs ya encarcelado, el Gobierno federal demandó a Colorado City y Hildale. Siete agentes de la oficina del marshal habían perdido su acreditación desde 2003 y el fiscal general republicano Tom Horne acusaba al cuerpo de retener por la fuerza a mujeres que intentaban escapar.

Un año después, la republicana Michelle Ugenti-Rita presentó una ley que permitía retirar las competencias a una policía cuando al menos la mitad de sus agentes hubiera perdido la acreditación en cinco años. Había sido concebida para intervenir la oficina de Colorado City y la Cámara de Representantes de Arizona la aprobó por 52 votos contra siete.

Después llegó al Senado y desapareció. Nunca hubo votación. La Cámara alta estaba presidida por Biggs y Ugenti-Rita lo responsabilizó directamente.

Después de que el Gobierno federal ganara el caso contra los dos municipios, sostuvo que mujeres y niños habían sufrido tres años adicionales porque el dirigente de su mismo partido había protegido "a los malos".

El candidato republicano a gobernador de Arizona, Andy Biggs.

El candidato republicano a gobernador de Arizona, Andy Biggs. Rebecca Noble Reuters

Biggs niega esa interpretación. Su equipo asegura que la propuesta estaba mal redactada, era demasiado amplia y contaba con la oposición de asociaciones policiales. Él ha explicado que trataba de reunir más información y que no cree que entonces se hubiera probado que toda la oficina del marshal estaba corrompida.

Nadie acusa a Biggs de pertenecer a la secta. La pregunta es por qué una ley aprobada de forma abrumadora no mereció una votación cuando el Departamento de Justicia ya había demandado a los pueblos, siete agentes habían perdido su acreditación y mujeres huidas describían a la policía como otra extensión del profeta.

Buena parte de lo que Biggs consideró insuficientemente acreditado terminó siendo probado en un tribunal.

En 2016, un jurado concluyó que los municipios habían discriminado durante años a quienes no pertenecían a la secta. En 2017, un juez documentó detenciones falsas, incautaciones ilegales y una policía que ignoraba delitos de dirigentes religiosos.

La oficina quedó sometida a diez años de vigilancia federal. La intervención que Arizona había evitado acabó llegando desde Washington.

La secta cayó; la factura llega ahora a Biggs

El cambio se reconoce en todo aquello que Warren Jeffs había prohibido. En Colorado City y Hildale han vuelto los deportes escolares, han abierto nuevos negocios y se celebran actos públicos sin autorización de la iglesia. En diciembre de 2025, Hildale encendió un árbol de Navidad tras décadas de veto.

Los tribunales levantaron la supervisión el verano pasado, casi dos años antes de lo previsto.

El peligro no ha desaparecido. Samuel Bateman, antiguo seguidor de Jeffs, se proclamó profeta y reunió a más de veinte esposas espirituales, diez de ellas menores.

Condenado en 2024 a 50 años de prisión, este junio volvió a ser declarado culpable después de que tres niñas fueran encontradas en un remolque sin ventilación.

El veredicto y un documental de Netflix han devuelto ese universo a la actualidad justo cuando Biggs daba el salto más importante de su carrera.

El republicano ha presidido el Freedom Caucus, el grupo que reúne al ala más dura de la Cámara de Representantes, y se ha convertido en uno de los aliados más fieles de Trump. Ese perfil le ha permitido arrasar en las primarias del 21 de julio, pero puede complicarle la elección de noviembre contra la gobernadora demócrata Katie Hobbs.

La gobernadora de Arizona, Katie Hobbs, durante las elecciones primarias de Arizona en Phoenix.

La gobernadora de Arizona, Katie Hobbs, durante las elecciones primarias de Arizona en Phoenix. Rebecca Noble Reuters

Hasta ahora había competido ante electorados claramente conservadores; para gobernar Arizona tendrá que conquistar también a independientes y republicanos moderados, precisamente los votantes que pueden verlo como un candidato demasiado radical.

Los demócratas, además, han encontrado en Colorado City una forma incómoda de atacar esa pretendida moderación.

La Asociación de Gobernadores Demócratas acusa a Biggs de haberse puesto del lado de los depredadores sexuales y de bloquear una reforma destinada a proteger a niñas sometidas a matrimonios forzados.

La crítica tampoco procede únicamente del partido contrario. Buster Johnson, supervisor republicano del condado donde se encuentra Colorado City, votó contra Biggs porque prefiere a alguien que coloque "a las mujeres y los niños por encima de la religión". Ni siquiera ha garantizado que vaya a respaldarlo en noviembre.

Scott Neely, uno de sus rivales en las primarias, también lo acusó de bloquear reformas contra los depredadores sexuales. Hobbs puede explotar así una grieta que abrieron primero miembros del propio partido de Biggs.

Warren Jeffs cumple cadena perpetua. La policía que obedecía al profeta ha sido reformada y los dos pueblos celebran libertades antes prohibidas. Pero la decisión que Arizona no tomó en 2013 acaba de regresar a la campaña.

Biggs ha conquistado a las bases republicanas con el respaldo de Trump; ahora tendrá que explicar al resto del estado por qué aquella ley ni siquiera llegó a votarse.