La relatora especial de la ONU para los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese.
Un juez federal tumba las sanciones de Trump a Francesca Albanese, relatora de la ONU sobre Palestina
EEUU sostiene que Albanese promueve el antisemitismo y el "lawfare", reiterando que las sanciones son "legales y apropiadas".
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Un tribunal de Washington suspendió de forma cautelar las sanciones que el gobierno de Donald Trump impuso en 2025 contra Francesca Albanese, relatora especial de la ONU para Palestina.
El juez Richard León determinó que estas medidas podrían violar la libertad de expresión protegida por la Primera Enmienda, al considerar que el castigo parece estar motivado por el contenido del discurso de la abogada italiana.
La decisión judicial, impulsada por unademanda de la familia de Albanese, paraliza temporalmente la prohibición de entrada al país y el bloqueo de sus activos financieros.
Mientras la administración de Trump sostiene que Albanese promueve el antisemitismo y el "lawfare", organizaciones como Amnistía Internacional y la propia ONU han calificado las sanciones como un "precedente peligroso" destinado a silenciar voces críticas.
La resolución responde a una demanda presentada el pasado 27 de febrero por el esposo de Albanese, Massimiliano Cali, y su hija, ciudadana estadounidense.
Al estar su familia radicada en Washington, el bloqueo financiero y la prohibición de entrada impidieron a Albanese el acceso a su propio hogar, una situación que el tribunal ha considerado necesario mitigar mientras se resuelve el fondo del litigio.
La decisión judicial
El juez León destacó en su resolución que, dado que las sanciones parecen estar dirigidas específicamente contra el contenido del discurso de la relatora, quien ha sido una crítica feroz de las acciones militares de Israel en Gaza, el caso exige el "más alto nivel de escrutinio".
La suspensión implica que, de forma inmediata, quedan paralizados el bloqueo de activos y las restricciones migratorias.
Los demandantes argumentaron que las sanciones no solo asfixiaron económicamente a la experta italiana, sino que vulneraron sus derechos al debido proceso y la privacidad, consagrados en las Enmiendas Primera, Cuarta y Quinta.
Desde el Departamento de Estado, la postura se mantiene inflexible. Bajo la dirección de Marco Rubio, el gobierno ha reiterado que las sanciones son "legales y apropiadas".
Rubio justificó las medidas en 2025 como una respuesta necesaria a la "campaña política y económica" de la relatora contra Israel.
"La campaña política y económica de Albanese contra Estados Unidos e Israel ya no será tolerada. Siempre apoyaremos a nuestros socios en su derecho a la legítima defensa", dijo entonces Rubio.
El secretario general de la ONU, António Guterres, ha calificado estas acciones de "inaceptables" y de "peligroso precedente". Las medidas también han provocado la condena de Amnistía Internacional y de Human Rights Watch, entre otras organizaciones.
Albanese, por su parte, afirmó que estas medidas son "la culminación de un acoso que es realmente innecesario".
