Donald Trump y el vicepresidente JD Vance posan en la Casa Blanca tras recibir al equipo campeón nacional de fútbol americano universitario de la Universidad Estatal de Ohio. Reuters
Trump saca las tijeras para desmantelar el programa que persigue las agresiones sexuales dentro del Ejército de EEUU
Su eliminación, alertan expertos y activistas, supondría no solo un retroceso histórico, sino una posible violación de la legislación vigente.
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El presidente estadounidense Donald Trump ha ordenado revisar las normas federales que protegen a las víctimas de agresiones sexuales dentro del Ejército estadounidense, en una ofensiva que podría culminar con el desmantelamiento del Programa de Prevención y Respuesta a Agresiones Sexuales (SAPR), según un memorando interno del Pentágono filtrado por The Intercept.
El documento, fechado en febrero de 2025, responde a una orden ejecutiva de Trump en la que insta a su llamado "Departamento de Eficiencia Gubernamental" (DOGE), liderado por Elon Musk, a identificar normativas que, según la Casa Blanca, obstaculizan la innovación o resultan demasiado gravosas para el aparato federal.
Entre las regulaciones marcadas para revisión se encuentra la que dio origen al SAPR y a su oficina de implementación, la Sexual Assault Prevention and Reporting Office.
Creado formalmente en 2005 y reforzado por sucesivas leyes del Congreso, el SAPR es actualmente el único mecanismo institucional del Departamento de Defensa que brinda atención psicológica, médica y legal a las víctimas de violencia sexual en el ámbito militar.
Además, es el organismo encargado de recabar datos y rendir informes periódicos sobre la incidencia de este tipo de delitos dentro de las Fuerzas Armadas.
Su eliminación -alertan expertos y activistas- supondría no solo un retroceso histórico, sino una posible violación de la legislación vigente: "Plantear esto como una iniciativa burocrática más es peligrosísimo", advierte Erin Kirk-Cuomo, fundadora del colectivo Not In My Marine Corps. Y añade: "Implica desconocer la ley y, sobre todo, la realidad de lo que significa sobrevivir a una agresión sexual con uniforme militar".
Kirk-Cuomo advierte que sin el SAPR, las Fuerzas Armadas podrían volver a una cultura institucional como la que reinaba en los años noventa, cuando el caso Tailhook sacudió a la Armada de EEUU.
En 1991, más de 90 personas -83 mujeres y 7 hombres- fueron agredidas sexualmente durante un simposio naval en Las Vegas. La mayoría de los responsables jamás afrontaron consecuencias penales ni disciplinarias.
La preocupación por este nuevo giro conservador se ve reforzada por el contexto político. A comienzos de año, el actual secretario de Defensa, Pete Hegseth, ya intentó recortar programas asociados al SAPR, aunque tuvo que dar marcha atrás ante la presión mediática.
Hegseth, ex presentador de Fox News y cercano colaborador de Trump, ha sido acusado de agredir sexualmente a una mujer en 2017, hecho que resolvió con el pago de 50.000 dólares en un acuerdo extrajudicial.
"Él representa justo el tipo de militar que ha marginado sistemáticamente a las víctimas", señala Kirk-Cuomo en declaraciones recogidas por The Intercept. Para los defensores de derechos humanos, la presencia de figuras como Hegseth en la cúpula militar demuestra que la prioridad del Gobierno no es proteger a las tropas, sino blindar a sus aliados ideológicos.
La oficina del Pentágono encargada de coordinar la revisión de normativas está dirigida por el empresario Stephen Feinberg, también cercano al entorno de Musk y Trump. Según la información filtrada, cada división del Departamento de Defensa debe evaluar antes del 18 de abril qué regulaciones deben mantenerse, modificarse o eliminarse.
Josh Connolly, vicepresidente de Protect Our Defenders, denuncia que "esta es una forma encubierta de barrer el problema bajo la alfombra". Advierte además que sin el SAPR, el Ejército perdería su única fuente interna de datos sobre violencia sexual, con lo cual cualquier intento de rendición de cuentas quedaría neutralizado: "El mensaje para las víctimas es claro: no importáis", sentencia.
A pesar del secretismo oficial, el Congreso aún podría frenar esta maniobra. Desde la oposición, algunas voces como la de la senadora Kirsten Gillibrand han comenzado a preparar acciones legislativas para proteger el marco legal que sustenta al SAPR. Sin embargo, en un clima político cada vez más polarizado, los márgenes de maniobra son inciertos.
Mientras tanto, decenas de miles de personas dentro del Ejército -mujeres y hombres, heterosexuales y LGBTQ+ -continúan denunciando agresiones sin que se actúe de forma eficaz.
El propio Pentágono estimó en 2023 que más de 29.000 militares fueron víctimas de violencia sexual, aunque estudios independientes elevan esa cifra a más de 73.000 casos anuales.
El 18 de abril se conocerá qué regulaciones sobreviven al escrutinio del "Departamento de Eficiencia" de Trump. El SAPR, símbolo de una lucha institucional incompleta pero necesaria, se juega algo más que su futuro: se juega el derecho de las víctimas a ser escuchadas, protegidas y reconocidas.
