Pacto antiinmigración de republicanos y demócratas para cerrar fronteras y no nacionalizar 'dreamers'

El republicano Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes, lo declaró "muerto a su llegada". "Este proyecto de ley es aún peor de lo que esperábamos y no se acercará a poner fin a a catástrofe fronteriza que el presidente ha creado", señaló en un comunicado publicado en X, antes conocida como Twitter. De hecho, un grupo de senadores del ala dura de los republicanos denuncia junto con Johnson que, de ser aprobada, la ley "incentivaría más inmigración ilegal", ya que "amplía las autorizaciones de trabajo para los extranjeros ilegales, mientras que no incluye reformas críticas de asilo".

Los demócratas más progresistas tampoco parecen apoyar el acuerdo. Para muchos, este acuerdo no aborda la necesidad de establecer una vía hacia la ciudadanía para los alrededor de 11 millones de personas no autorizadas que han vivido durante muchos años en Estados Unidos, incluyendo a los migrantes que fueron traídos al país cuando eran niños, conocidos como dreamers. Además, senadores de izquierdas como Alexandria Ocasio-Cortez han manifestado que el acuerdo negociado por la Casa Blanca constituiría una de las leyes fronterizas y de inmigración más duras de la historia del país.

De aprobarse, esta ley, que ha sido una de las principales prioridades del presidente Biden, se convertiría en la primera medida significativa adoptada por el Congreso en materia de inmigración en décadas. "Llévenlo a mi mesa para que pueda firmarlo y convertirlo en ley inmediatamente", señaló Biden después de que se diera a conocer el proyecto.

Qué incluye el acuerdo

La principal partida de este proyecto de ley, de 20.230 millones de dólares para seguridad fronteriza, iría a parar a reforzar la aplicación de la ley en la frontera de EEUU con México y a combatir el narcotráfico. Asimismo, otorgaría al Gobierno poderes de emergencia para denegar la entrada a los inmigrantes que crucen la frontera o expulsar rápidamente a los que ya hayan entrado a Estados Unidos. 

La senadora independiente Kyrsten Sinema explicó a los medios que la legislación tiene como objetivo asegurar la frontera sur de EEUU, incluso planteando la posibilidad de que el Departamento de Seguridad Nacional "cierre" temporalmente la frontera para la mayoría de los migrantes. Estos poderes entrarían en vigor siempre que la Patrulla Fronteriza detectara una media de al menos 4.000 personas cruzando la frontera sur fuera de los puertos de entrada cada día durante una sola semana. El gobierno estaría obligado a utilizar esas herramientas si los cruces superan los 5.000 al día por semana. 

Además, el proyecto de ley incluye un total de 91.430 millones de dólares destinados a la ayuda exterior de Estados Unidos. 60.060 millones se destinarán a apoyar a Ucrania en su guerra con Rusia, 14.100 millones de dólares en ayuda a la seguridad de Israel, 2.440 millones de dólares para el Mando Central de Estados Unidos y el conflicto en el Mar Rojo, y 4.830 millones de dólares para apoyar a los socios estadounidenses en el Indo-Pacífico que se enfrentan a la agresión de China, como Taiwán o Filipinas, según cifras de la senadora Patty Murray, que preside la Comisión de Asignaciones del Senado.

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Otros 10.000 millones de dólares se destinarían a ayuda humanitaria para civiles en zonas de conflicto como Ucrania, Gaza y Cisjordania, aunque el proyecto de ley incluye una disposición que prohíbe que sus fondos se destinen a la agencia de la ONU para los palestinos, UNRWA. El gobierno de Biden y otros países han suspendido la financiación de esta agencia por las acusaciones de que parte de su personal estuvo implicado en los atentados de Hamás del 7 de octubre en el sur de Israel.