La Milicia Nacional Bolivariana de Venezuela marcha en apoyo al presidente Nicolás Maduro.

La Milicia Nacional Bolivariana de Venezuela marcha en apoyo al presidente Nicolás Maduro. Leonardo Fernández Viloria Reuters

América

Maduro oculta una purga de militares y funcionarios en Venezuela mientras trata de evitar la guerra con EEUU

El chavismo aplica una doble retórica, llama a la preparación bélica a los militares y civiles del país al tiempo que envía mensajes de paz a la Casa Blanca.

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La paz desasosegada que se vive en Venezuela llegó a su punto más tenso hasta ahora con el anuncio del presidente chavista Nicolás Maduro de un posible "estado de conmoción exterior" para "responder a las amenazas" de las fuerzas navales de Estados Unidos en el Caribe que han hundido cuatro embarcaciones de supuestos narcotraficantes, con al menos 17 muertos como resultado.

Pero mientras el chavismo presenta una faz aguerrida de cara a los venezolanos, lleva a cabo una purga interna, apresando a militares y funcionarios, a la vez que se reportan varios intentos de acercamiento con el gobierno de Donald Trump.

Hasta ahora, las fuerzas estadounidenses en el mar Caribe acumulan ocho buques de guerra, aviones de combate F-35 y un submarino nuclear.

Un estado de excepción como el mencionado por Maduro permitiría restringir temporalmente "las garantías consagradas" en la Constitución venezolana "salvo las referidas a los derechos a la vida, prohibición de incomunicación o tortura, el derecho al debido proceso, el derecho a la información y los demás derechos humanos intangibles".

Sin embargo, numerosísimas personas, tanto de la oposición política como miembros de las fuerzas armadas y otros cuerpos aliados del chavismo ya han sufrido violaciones de estos derechos al ser sometidos a actos de “torturas y tratos crueles e inhumanos”, así como violencia sexual, contra personas detenidas, incluyendo a niños, y "persecución política".

Hechos detallados en un informe reciente de la Comisión de Determinación de los Hechos para Venezuela, establecida por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

La vinculación del gobierno de Maduro con el Cártel de los Soles y la banda criminal conocida como el Tren de Aragua, incluidos en la lista del Departamento de Estado de EEUU de organizaciones terroristas, ha definido la estrategia actual de las fuerzas estadounidenses frente a las acusaciones de Vladimir Padrino López de un intento de "cambio de régimen", como explica en un vídeo de redes sociales, en vez de las operaciones contra el narcotráfico definidas por las autoridades del país norteamericano.

Presión sobre las fuerzas armadas

Este sábado, varias caravanas de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas (FANB) atravesaron la capital venezolana.

Su misión declarada fue educar a varias comunidades en el "manejo de armas" frente a lo que el régimen de Maduro califica como la "amenaza" de Estados Unidos, como puede observarse en varios videos publicados en redes en los que aparecen civiles haciendo ejercicios con fusiles de asalto AK-103.

"Sacaron a pasear los armamentos y los vehículos, había muchísimos motorizados y varias tanquetas, pero se accidentó una de ellas porque están en una situación demasiado precaria", afirma un testigo que presenció el paso de uno de los convoyes.

También el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se burló de las imágenes presentadas de estas maniobras. "¡Una amenaza muy seria!", ironizó en su cuenta de la red social Truth Social.

La demostración más importante del "Plan Independencia 200" ha sido el desarrollo de maniobras combinadas en La Orchila, una pequeña isla caribeña con un campamento militar donde se han desplegado 2.500 efectivos, 12 naves de la Armada, 22 aeronaves, vehículos anfibios y 20 botes de madera de pescadores asociados a las milicias.

En dos vídeos grabados este 20 de septiembre cerca de unos ejercicios militares, Padrino López negó los reportes de la deserción del general de la aviación Pedro Rafael Suárez Caballero después de que varios medios de comunicación citaran a fuentes extraoficiales que decían que Suárez se había fugado escapado por vía marítima y había sido entregado a agentes estadounidenses en Trinidad y Tobago, alrededor de la fecha de los ejercicios en La Orchila.

"Aquí no hay deserción, aquí hay vida y espíritu combativo", exclamó.

En los mismos vídeos, Padrino López afirmó que el general de brigada Bitner Javier Villegas Ramos se encontraba en la misma ubicación, aunque este no apareció frente a la cámara.

Esta referencia responde al supuesto contacto de Villegas, que ha fungido en varias ocasiones como piloto personal de Maduro, con la inteligencia estadounidense en un viaje a República Dominicana.

El primer indicio público de esta información fue responsabilidad del exsubsecretario del Tesoro de Estados Unidos, Marshall S. Billingslea, que publicó dos fotos de Villegas en la red social X, una de las cuales lo implica en la susodicha reunión.

Billingslea, que en su anterior rol ejecutaba tareas para atacar las fuentes de ingresos de organizaciones terroristas, había publicado anteriormente la foto de una estructura que supuestamente sería un búnker construido para resguardar a las cúpulas chavistas de un posible ataque militar, detallando además en las instalaciones, suministros y profundidad del edificio.

En medio de estos choques públicos, se profundiza la crisis de deserciones y detenciones dentro de las fuerzas armadas venezolanas.

Un informe de la organización Familiares de Presos Políticos Militares en Venezuela revela la escala de lo que define como "una represión sistemática cada vez más violenta" contra militares institucionales, con 170 de ellos presos según cifras de la ONG Foro Penal, que cuenta 827 presos políticos en total.

Estas prácticas incluyen su retención en "sótanos y celdas infrahumanas en diferentes centros de reclusión", torturas, con signos visibles cuando se presentan ante los jueces, y confesiones forzadas de "supuestos magnicidios y conspiraciones que involucren a dirigentes políticos de la oposición, periodistas, defensores de derechos humanos y otros militares inconformes" con el apoyo de "oficiales de inteligencia venezolanos entrenados en Cuba para controlar a los militares que manifestasen algún descontento".

También señala la detención arbitraria de varios familiares de los soldados.

El informe describe una "red de control y tortura" que integra todo el aparato judicial y de inteligencia que funciona desde al menos 2017 para "detener arbitrariamente y torturar a militares y civiles con impunidad".

Incluso las solicitudes de baja pueden ser "el pase a los sótanos del infierno de la DGCIM (Dirección General de Contrainteligencia Militar) por traición a la patria o instigación a la rebelión".

Este es uno de los posibles motivos por los que los cuerpos militares han registrado numerosísimas deserciones a lo largo de los últimos años.

El ejemplo más reciente fue la notificación pública de la Aviación venezolana de 80 sargentos citados al Consejo de Investigación por "permanencia no autorizada y sin justificación" fuera de sus cuarteles.

Este consejo disciplinario no ha notificado niveles tan altos de deserción como en 2023, con más de 3.000 bajas, o en 2018 y 2019, cuando se registraron más de 4.000 y casi 6.000 respectivamente, con varios fugados por tierra a países vecinos.

Aun así, siguen amontonándose informes oficiales que relatan cientos de bajas cada tantos meses.

Los militares han sido destinatarios frecuentes de varios mensajes de María Corina Machado, que ha apelado al sentido patriótico de las fuerzas armadas contra lo que ha descrito como la "entrega del país a fuerzas foráneas como Cuba, Rusia, Irán y China" por parte del "poder autocrático" del chavismo, así como a "organizaciones terroristas" como las FARC y el ELN, de Colombia, y las islámicas Hezbolá y Hamás.

Mientras las caravanas militares se desplazaban por varios estados, Machado, que permanece en la clandestinidad, publicó un video en el que llamó a los venezolanos a movilizarse y a "llenar las calles" el próximo 19 de octubre.

La ofrenda de paz de maduro

En pleno aumento de tensiones internas y con el gobierno norteamericano, el ministro de Defensa, Padrino López, declaró que las FANB se habían desplegado en 5.336 circuitos comunales de todo el país para "ampliar la defensa de la patria" y fortalecer las “unidades comunales de milicias”, refiriéndose a los cuerpos paramilitares de voluntarios civiles que reciben armamento del ejército y un entrenamiento irregular.

Tras las demostraciones, Maduro expresó su confianza en que "miles" o hasta "millones de campesinos y campesinas" estarán preparados para tomar las armas y defender la República Bolivariana de Venezuela si fuera agredida por el imperio norteamericano", comparando las posibles consecuencias con "uno, dos o tres Vietnam".

Sin embargo, estas declaraciones llegan después de que se publicó una carta fechada el 6 de septiembre y consultada por EL ESPAÑOL.

En ella, Maduro se dirige a "su Excelencia Donald J. Trump" para invitarlo a "preservar la paz con diálogo y entendimiento", rechazando las "fake news" y "señalamientos falsos" que vinculan su gobierno con el narcotráfico de la región y argumentando que la mayoría de la producción de drogas sale de Colombia y que en Venezuela se ha "destruido toda la droga incautada".

Al preguntarle al respecto un periodista, Trump se negó a dar declaraciones sobre la carta; "Ya veremos qué pasa", dijo.

Este documento llama al reinicio de las comunicaciones mediáticas con el enviado especial estadounidense Richard Grenell, cuyo papel ha sido clave en la continuidad de las operaciones de la petrolera Chevron en territorio venezolano y la liberación de seis prisioneros a cambio de que Venezuela colaborara con la recepción de migrantes deportados de EEUU, señalados por Trump como miembros del Tren de Aragua.

De hecho, Trump exigió en una de sus últimas publicaciones en la red social Truth Social que Venezuela "acepte inmediatamente a todos los presos y [pacientes] de hospitales psiquiátricos" que "el liderazgo venezolano forzó a entrar en los Estados Unidos"; de no cumplir, advirtió, "el precio a pagar sería incalculable".

Así, el chavismo continúa mostrando una doble retórica: llama a la preparación bélica a los militares y civiles del país mientras envía mensajes de paz a su homólogo en EEUU.

A inicios de septiembre, Maduro evitó acusar directamente a Trump del despliegue de los barcos de la Armada estadounidenses, acusando más bien a Marco Rubio, secretario de Estado de su gabinete, de querer "manchar [las manos de Trump] de sangre venezolana".

Rubio ha mantenido durante años una postura agresiva contra el régimen chavista, incluso contradiciendo públicamente a Grenell al pronunciarse públicamente sobre las operaciones de Chevron.

Funcionarios chavistas presos

No solo los militares son víctimas de estas purgas. Los fiscales Pedro Amaya y Freddy Franco fueron imputados a inicios de septiembre por extorsión, privación ilegítima de libertad y otros cargos relacionados con una red criminal de otros 11 fiscales que supuestamente se beneficiaban económicamente de sus posiciones.

Según el fiscal general de la República, Tarek William Saab, se suman 570 exfuncionarios procesados ante la justicia, sin contar el abandono de figuras como Gladys Requena, exinspectora general de tribunales, de sus puestos bajo circunstancias señaladas como irregulares por ciertos sectores del propio chavismo.

Varios políticos han sido apresados también, especialmente en las iniciativas contra el narcotráfico presentadas por Maduro para limpiar su imagen y negar su relación con los cárteles.

El último caso es el del diputado chavista Julio César Torres Molina, acusado a finales de agosto de narcotráfico, igual que la alcaldesa del municipio Guajira en el estado Zulia, Indira Fernández, apresada en abril junto a varios alcaldes del Partido Socialista Unido de Venezuela, que domina las instituciones públicas, así como a dos de partidos opositores.

En marzo y el pasado diciembre también fueron detenidos respectivamente y por el mismo motivo Jorge Nava, Alberto Sobalvarro y otros siete alcaldes socialistas en municipios del estado Maracaibo en años anteriores, con una frontera con Colombia donde circulan numerosos cargamentos de droga.

Se trata de una nueva ola de detenciones de aliados que tiene un precedente considerable desde hace años.

Y promete agravarse tras la publicación del informe mencionado por la Comisión de Determinación de los Hechos para Venezuela.

Si se continúa el patrón por el cual cada publicación de este cuerpo lleva al arresto de militares y políticos bajo cargos referidos a las denuncias de este cuerpo, se puede esperar una nueva ola de arrestos que expíen a las altas cúpulas del régimen venezolano.