La violencia política mata a una persona al día en Colombia: el atentado contra Miguel Uribe sólo es la punta del iceberg

La tragedia volvió a golpear a la familia Turbay más de tres décadas después cuando, el pasado sábado, un menor de edad abrió fuego contra el senador Miguel Uribe Turbay, precandidato presidencial del Centro Democrático, el partido del expresidente Álvaro Uribe, que había improvisado un mitin de campaña a las afueras de Bogotá.

En el barrio de Fontibón sonaron tres disparos huecos. El tirador le alojó dos balas en la cabeza. La tercera impactó en su muslo izquierdo. Uribe Turbay se desplomó en el acto. Cuatro días después, el senador sigue hospitalizado en la Fundación Santa Fe de Bogotá. “En estado crítico”. Su esposa, María Claudia Tarazona, dice que Miguel “necesita un milagro” para salvar la vida.

“La última vez que atentaron contra un candidato presidencial fue hace treinta años”, recuerda en conversación con este periódico el analista Sergio Guzmán, director del Colombia Risk Analysis, que rescata el caso de Álvaro Gómez Hurtado, el aspirante conservador a la presidencia asesinado por las FARC en noviembre de 1995. Su familia, en cambio, siempre sospechó que el Estado estuvo detrás del magnicidio.

Uribe Turbay es, insiste Guzmán, víctima del primer atentado contra la vida de un candidato presidencial en tres décadas. Lo sucedido en la tarde del sábado revivió los momentos más oscuros de la historia reciente de Colombia. Colocó al país cerca del abismo de las décadas de los ochenta y los noventa. “El fenómeno de la violencia política nunca se ha ido”, reconoce el director del Colombia Risk Analysis. “Pero este suceso supone un escalamiento significativo”.

Los datos son demoledores. Desde enero del año pasado se han producido, como mínimo, treinta casos de violencia política y dos casos de violencia electoral, según el recuento del Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política Centro de Investigación y Educación Popular. Esos casos de violencia política comprenden asesinatos, lesiones físicas, raptos y torturas.

Eso no es todo. Más de 800 líderes sociales y políticos, vinculados a procesos electorales a nivel local, fueron asesinados entre 2021 y 2023, de acuerdo con los datos de la Misión de Observación Electoral de Colombia (MOE), que advierte cada año de los elevados índices de violencia más allá de Bogotá y los grandes núcleos urbanos. Territorios periféricos a menudo olvidados.

Miguel Uribe, precandidato presidencial de Colombia, en "estado crítico" tras ser tiroteado por un menor de edad

“Este atentado nos sacude. No solo porque casi matan a un senador y precandidato presidencial, sino porque nos demuestra que la violencia política sigue viva, alimentada por el odio y el rencor institucionalizado”, denuncia Freddy Pinzón, consejero de Paz, Reconciliación y Convivencia de la localidad de Santa Marta, en diálogo con EL ESPAÑOL. “Las balas no solo intentaron callar a Miguel Uribe, buscaron silenciar una forma de pensar”.

Pinzón considera que, en Colombia, “nada es casual cuando se hace política”. “A Miguel Uribe Turbay no lo hirieron por azar, lo atravesaron las balas del odio y del resentimiento institucionalizado que se cultiva desde el Estado. Fue un acto de violencia política, una advertencia brutal contra quien se atreve a pensar distinto”, sostiene.

El Ministerio de Defensa de Colombia maneja tres hipótesis sobre el atentado. Que Uribe Turbay fuera el objetivo, que Uribe Turbay recibiera los impactos de bala “por su condición de político y todo lo que representa su partido” o que los disparos contra Uribe Turbay buscaran “desestabilizar al Gobierno nacional atacando a algunos miembros que piensen diferente”.

Es la versión que ofreció ayer el titular de Defensa, Pedro Sánchez, que ofreció una recompensa de 3 millones de pesos (368.000 euros) a quien comparta información significativa con las autoridades.

El Gobierno de Gustavo Petro no descarta en ningún caso la implicación del crimen organizado, de la guerrilla o de los cárteles del narcotráfico. La Fiscalía también investiga lo sucedido. El Ministerio Público ha revisado más de 1.000 imágenes del atentado y ha llevado a cabo más de una veintena de entrevistas con testigos. La fiscal general, Luz Adriana Camargo, atribuye la responsabilidad del atentado a una red criminal.

Camargo es consciente de que el muchacho de 14 años que apretó el gatillo de la Glock de nueve milímetros, adquirida hace cinco años en Arizona, según los registros, es sólo un “ejecutor material”, no el autor intelectual del atentado. Un suizo, según la denominación habitual de la época de Pablo Escobar. Chicos de barrios humildes que los grupos de crimen organizado utilizan como carne de cañón.

Según confirmó Petro, el tirador participó en el programa Jóvenes en paz, puesto en marcha por su Gobierno, donde demostró, en palabras del presidente “una personalidad completamente conflictiva”.

“Estamos realizando una investigación juiciosa, transparente y seria, con todas nuestras capacidades”, garantiza la fiscal general. La investigación cuenta para este fin con cerca de 180 funcionarios entre investigadores de la Fiscalía, agentes de inteligencia y miembros de la Policía Nacional.

Terremoto político

“El atentado va a influir en el ciclo político de las elecciones presidenciales”, anticipa Guzmán sobre el proceso que desembocará en los comicios de mayo de 2026. “Genera un golpe de opinión desfavorable al Gobierno y favorable a la derecha, y a su tesis que el orden público se ha deteriorado con Petro”, añade en este sentido Douglas Hernández, experto en seguridad y defensa. “La derecha dice que todos los grupos delincuenciales y terroristas se han fortalecido con Petro, mientras que la Fuerza Pública se ha debilitado. Este atentado vendría a reforzar esta versión”.

El atentado contra la vida de Uribe Turbay coronó una semana de alto voltaje político, marcada por la decisión del presidente de convocar una consulta popular vía decreto con la intención de resucitar su reforma laboral.

Petro no tardó en condenar el ataque. “No debe haber recurso que se escatime, ni un solo peso, ni un solo tiempo para dedicar a encontrar el culpable intelectual con su nombre propio, en el lugar donde viva, sea en Colombia, sea en el extranjero”, expresó el mandatario colombiano, que pidió investigar en primer lugar a los escoltas del senador.

Ayer, sin embargo, Petro hizo público en redes sociales que “el esquema de protección del senador Uribe fue reducido, extrañamente, el día del atentado, de 7 a 3 personas”. ¿Quién lo redujo? Su mensaje no ofrece respuesta.

El presidente convocó ayer a los partidos políticos para ofrecer garantías de seguridad de cara a las elecciones legislativas y presidenciales del año próximo, pero la derecha colombiana —que representan el Partido Conservador, Cambio Radical y el Centro Democrático de Uribe Turbay— declinaron la oferta ante “la grave y persistente incitación al odio que ha promovido el presidente”.

“Aquí, el presidente Petro no puede mirar a un lado. Se trata de si será el presidente que protegió la diferencia o el que la dejó expuesta a las balas. Esa línea entre el desacuerdo y la indiferencia hoy define su lugar en la historia”, subraya Pinzón.

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Años de plomo

Y es que la violencia política en Colombia es una herida abierta que intentó sellar, sin éxito, el Acuerdo de Paz de 2016. Antes que Uribe Turbay, sin contar con el Bogotazo de hace más de siete décadas, provocado por el magnicidio de Jorge Elíecer Gaitán, una extensa nómina de candidatos presidenciales han sido objeto de atentados.

En la lista de víctimas figuran los nombres de Jaime Pardo Leal (octubre de 1987), Luis Carlos Galán (agosto de 1989), Bernardo Jaramillo Ossa (marzo de 1990), Carlos Pizarro Leongómez (abril de 1990) y el citado Gómez Hurtado.

Con las excepciones de Luis Carlos Galán y de Gómez Hurtado, el resto de candidatos presidenciales eran miembros o exmiembros de la mutilada Unión Patriótica (UP) o de la desmovilizada guerrilla del M-19, en la que militó el propio Petro.

El sucesor de Luis Carlos Galán al frente de la candidatura del Partido Liberal, César Gaviria, sobrevivió a un atentado del cártel de Medellín. No tomó el vuelo de Avianca en Bogotá con destino Cali que estalló poco después de despegar. Murieron más de 100 personas.

El expresidente Uribe, que no guarda parentesco con la víctima a pesar de compartir apellido, lidera la clasificación de los mandatarios que más atentados han sufrido durante su carrera. Mientras que su delfín, Iván Duque, sobrevivió a un atentado contra su vida en junio de 2021. Sobrevolaba en helicóptero la ciudad de Cúcuta, en la frontera con Venezuela, cuando la aeronave recibió varios impactos de bala.

“La violencia política en Colombia ha sido una herramienta de las élites y de grupos armados para mantener o alterar el poder”, resume León Valencia, director de la Fundación Paz & Reconciliación. “No es un fenómeno del pasado”.