Bukele encarcela a una abogada de derechos humanos que denunció corrupción y abusos del régimen en El Salvador

La detención se produjo en su domicilio de San Salvador, según ha confirmado la organización Cristosal, donde López dirige el programa anticorrupción.

La Fiscalía la acusa de “colaborar en el robo de fondos públicos” durante su paso por el gobierno del expresidente izquierdista Salvador Sánchez Cerén.

Sin embargo, tanto su entorno como organizaciones internacionales consideran los cargos como una persecución política.

“Las autoridades se niegan a revelar su paradero y a permitir el acceso de su defensa legal. Esto constituye una violación flagrante del debido proceso y de los estándares internacionales de protección judicial”, denunció Cristosal en un comunicado, segú recoge Los Angeles Times.

Bukele cobró 6 millones a EEUU a cambio de los 238 deportados venezolanos que enfrentan a Trump con el poder judicial

López ha sido una figura incómoda para el gobierno de Bukele desde que este llegó al poder en 2019. Ha denunciado abiertamente el estado de excepción decretado por el presidente hace tres años, que ha suspendido garantías constitucionales y llevado a prisión a unas 85.000 personas, muchas de ellas -según Cristosal- sin pruebas ni procesos adecuados.

Su voz ha sido clave en denunciar el uso de software espía contra defensores de derechos humanos y periodistas, así como la corrupción en la adjudicación de contratos públicos durante la pandemia de COVID-19.

Trump externaliza las prisiones: deporta a 200 pandilleros venezolanos a la megacárcel de El Salvador ignorando a un juez

También se opuso firmemente a la maniobra institucional que permitió a Bukele presentarse a la reelección, pese a la prohibición constitucional.

La detención de López ha generado una ola de condenas tanto a nivel nacional como internacional. El congresista demócrata Gregory Meeks escribió en la red X que estaba “preocupado por el arresto de la activista anticorrupción Ruth López y lo que implica para la deriva autoritaria de El Salvador”.

Una coalición de organizaciones internacionales, entre ellas Amnistía Internacional y Human Rights Watch, ha exigido su liberación inmediata.

En un comunicado conjunto afirmaron estar “profundamente preocupadas por el creciente ambiente de miedo que amenaza las libertades en el país”.

Por su parte, el gobierno de Bukele ha intensificado sus medidas contra la sociedad civil. Recientemente, propuso una ley para imponer un impuesto del 30% a las donaciones dirigidas a ONG como Cristosal.

También ha ordenado la detención de 16 empresarios del transporte público acusados de sabotaje, después de que no acataran un decreto presidencial que exigía gratuidad en el servicio.

Bukele, aliado cercano del presidente Trump, ha estrechado la cooperación con Washington en materia migratoria. A principios de este año, su gobierno aceptó centenares de deportados desde EEUU, muchos de ellos acusados de pertenecer a pandillas venezolanas, que fueron enviados a una megacárcel construida por su administración.

La BBC incluyó a Ruth López el año pasado en su lista de las 100 mujeres más influyentes del mundo, destacando su labor en favor de la transparencia y la rendición de cuentas.

Su figura representaba una de las pocas voces independientes con visibilidad internacional dentro de un país donde el miedo a represalias ha silenciado a muchos opositores.

Hasta ahora, la oficina presidencial no ha hecho comentarios sobre el arresto. Pero el mensaje parece claro: en el El Salvador de Bukele, criticar al poder puede llevarte a la cárcel.