Más generales que toda la OTAN junta, paramilitares y guerrillas dispersas: las fuerzas venezolanas contra EEUU

Así como, días antes, ha dicho repetidamente que los ataques estadounidenses contra presuntos barcos con drogas en el Caribe y el Pacífico podrían convertirse en acciones terrestres en el país sudamericano.

Tras el anuncio de Trump, así como por su creciente presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro —con acciones como la del envío del USS Gerald Ford al Caribe—, cabe preguntarse con qué fuerzas cuenta actualmente Venezuela para defenderse ante un posible ataque de Estados Unidos.

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El modelo militar venezolano está esclerotizado: hipertrofiado de generales, atravesado por guerrillas y grupos paramilitares, donde Nicolás Maduro usa los galones como un sistema de control político que, al mismo tiempo, vuelve ineficaz la cadena de mando —como se vio reflejado en el caos del enfrentamiento en Apure en el 2021—.

Su estructura dista mucho de una ideal y eficaz dirección con forma de pirámide ramificada.

Ejército esclerotizado

Los aproximadamente 150.000 efectivos del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional del país son solo una fracción del más de un millón que componen las fuerzas armadas estadounidenses.

Sin embargo, Venezuela, con "2.000 generales", ahora cuenta con el doble de altos mandos que el ejército estadounidense y con "más que toda la OTAN combinada", según informó el jefe del Comando Sur, el almirante Craig Faller.

Esto implica ratios de un general por decenas de soldados, frente a ejércitos profesionales donde suele haber un general por más de un millar de efectivos. De esta forma, las órdenes tardan en descender y se diluyen en una maraña de intereses personales, negocios y alianzas regionales.​

En términos proporcionales, supone una anomalía y se aleja por completo de la lógica piramidal que rige en fuerzas armadas profesionales.​

Analistas coinciden en que estos ascensos masivos no responden a necesidades operativas, sino a un sistema de premios políticos: más galones implican mejores sueldos, acceso a negocios estatales y control de economías ilegales como el contrabando y el narcotráfico. Maduro compra lealtades repartiendo cargos y zonas de influencia armada.​

Aunque Maduro, en el poder desde 2013, ha gozado de lealtad militar al colocar a oficiales en roles gubernamentales, los soldados rasos apenas ganan 100 dólares al mes en moneda local, aproximadamente una quinta parte de lo que, según los estudios, necesita una familia promedio para satisfacer sus necesidades básicas.

Asimismo, la formación militar de los soldados es escasa. Como botón de muestra está el incidente ocurrido en el enfrentamiento de Apure en 2021, donde la mala manipulación de una granada, que explotó dentro de un mortero, mató al cabo segundo de las Fuerzas Armadas Venezolanas que la sostenía, dejó diez heridos, así como, horas más tarde, hizo fallecer a un primer teniente en el hospital.

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Sobre el papel, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) mantiene una organización convencional de fuerza terrestre, aérea, naval y Guardia Nacional, complementada por una extensa Milicia que el gobierno dice contar por millones de inscritos y reservistas.

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Pero debajo de esa fachada, esa estructura esclerotizada explica por qué, cuando estalla un conflicto real, el Estado responde con despliegues desordenados, solapamientos entre fuerzas y, a menudo, violencia indiscriminada contra la población civil.​

Guerrilla como respuesta

Venezuela planea montar una resistencia de estilo guerrillero o sembrar el caos en caso de un ataque aéreo o terrestre de Estados Unidos, según ha informado Reuters.

La respuesta ha sido mencionada públicamente, aunque sin detalles, por funcionarios de alto rango, quienes la califican de "resistencia prolongada", e involucraría pequeñas unidades militares en más de 280 lugares llevando a cabo actos de sabotaje y otras tácticas de guerrilla.

En estados fronterizos como Apure, Zulia o Táchira existe una presencia consolidada del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y de disidencias de las FARC, documentada por informes de Naciones Unidas, ONG y gobiernos vecinos.

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Durante años, distintos reportes han señalado una relación ambigua: parte de la Fuerza Armada y del gobierno habría tolerado e incluso coordinado con el ELN en control de rutas, minería ilegal y represión social, al tiempo que presenta a otros grupos como "enemigos" para justificar operaciones.​

Sin embargo, el gobierno venezolano ha negado constantemente dichos vínculos y dice que Estados Unidos está buscando un cambio de régimen para tomar el control de las vastas reservas de petróleo de Venezuela.

Esa convivencia convierte las zonas de frontera en un mosaico de poderes donde las órdenes ya no se trazan solo desde el Ministerio de Defensa, sino desde mesas oscuras donde se reparten territorios, peajes y lealtades.​

Paramilitares y colectivos

Si la frontera está marcada por guerrillas, las ciudades lo están por colectivos y grupos paramilitares que funcionan como brazo de choque interno del chavismo. Informes sobre derechos humanos describen un entramado en el que participan unidades como las FAES y bandas asociadas al crimen organizado, usadas para controlar protestas, amedrentar opositores y custodiar economías ilegales.​

Estos actores suelen operar con protección política y, en muchos casos, en coordinación tácita con mandos militares locales, que reciben beneficios a cambio de "mirar hacia otro lado".

Los colectivos son grupos de civiles armados que se definen como defensores de la revolución bolivariana y del PSUV, pero que organismos internacionales describen como grupos paramilitares pro‑gobierno.

Las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional nacieron como unidad élite antidelito, pero informes de la ONU las describen como escuadrones de la muerte responsables de miles de ejecuciones extrajudiciales en barrios pobres bajo la excusa de combatir la delincuencia.​

Estas operaciones, conocidas como "liberación del pueblo" u otros nombres, han implicado irrupciones masivas en barriadas, detenciones arbitrarias y asesinatos presentados como “resistencia a la autoridad”, un patrón típico de fuerza parapolicial al servicio del régimen.

El resultado es un ecosistema de violencia tercerizada: Maduro no depende solo de la FANB, sino de una constelación de grupos armados a los que asigna zonas, misiones y, de nuevo, generales como garantes de que el negocio y el orden no se le salgan de control.​