El futuro del histórico restaurante Antonio Martín, convertido desde hace décadas en icono gastronómico de Málaga, sigue pendiendo de un hilo y sujeto a la incertidumbre sobre la decisión de la Dirección General de Costas de que buena parte de la construcción tiene que ser demolida. 

En este escenario de duda, la Junta de Andalucía mueve de nuevo ficha con el objetivo, al menos, de levantar al menos temporalmente las sombras que se ciernen sobre el negocio hostelero. Con este propósito, la Consejería de Sostenibilidad ha trasladado al titular del restaurante, la empresa Exceho, su decisión de otorgar un año más de explotación, evitando de este modo que quede en una especie de limbo jurídico.

Este paso adelante, a juicio de las fuentes consultadas, permitiría retomar el análisis de la cuestión dentro de un año, momento en que se estudiará el estado del trámite concesional reclamado por el grupo hostelero y que sólo puede acometerse si previamente se firma el acta de reversión del espacio sobre el que se localiza el edificio.

Sobre este particular, las fuentes consultadas subrayan que difícilmente se puede completar dada la posición mantenida por Costas, que pasa por la demolición de Antonio Martín. Una tesis que choca frontalmente con la Administración regional, que insiste en defender su mantenimiento.

"Costas tiene que entender que es el espacio ocupado desde 1953 y que, como ha dicho el Ayuntamiento, es un inmueble que muestra la identidad de Málaga", explican las fuentes para subrayar la importancia de este negocio.

Más a más, en la Junta inciden en que no se valora la exigencia de demolición alguna "hasta que no quede claro que dicha demolición no crea daños irreparables a intereses legítimos y a la identidad del municipio".

Canon de unos 250.000 euros

Conforme a los detalles conocidos por EL ESPAÑOL de Málaga, desde Costas se va a imponer a Antonio Martín el pago de un canon anual, así como de una garantía, que puede alcanzar e incluso superar los 250.000 euros.

Frente a la posición de las administraciones autonómica y local, que abogan por la supervivencia del histórico negocio hostelero, Costas parece firme en su idea de que la piqueta entre de lleno en el edificio, localizado en la unión de los paseos marítimos Pablo Ruiz Picasso y Ciudad de Melilla.

Muestra de ello es que a finales del año pasado, el organismo estatal emitió un informe favorable a la pretensión de la Junta de otorgar una nueva concesión a los actuales explotadores del negocio, aunque con condiciones ciertamente llamativas. La principal es que, con el Reglamento de Costas en la mano, la superficie máxima que podrá ser autorizada será de 300 metros cuadrados, frente a los alrededor de 1.500 otrora permitidos.

El conflicto que sigue afectando a este restaurante se remonta a finales de 2021, cuando se conoció que Costas emitió una orden de desalojo y derribo del restaurante, buscando dar cumplimiento a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que confirmaba la decisión de la Junta de Andalucía de dar por extinguida la concesión original.

La amenaza, no obstante, sigue sin llevarse a efecto. En estos casi dos años, el Gobierno andaluz ha apelado en varios escritos al "interés público" de este negocio, con 135 años de historia. Lo que hizo la Consejería de Agricultura, Pesca, Ganadería y Desarrollo Sostenible fue emplear la misma razón que fue utilizada por la Dirección General de Costas cuando en la resolución de la extinción de la concesión del 12 de enero de 2017. En aquella ocasión, Costas resolvió el mantenimiento de las obras e instalaciones incluidas en dicho título de concesión porque "se mantiene el interés público de las mismas".