Fachada del Hospital Regional de Málaga.
Una paciente reclama 1,5 millones al SAS por una cirugía de epilepsia en el Hospital Regional de Málaga
El Consejo Consultivo de Andalucía avala la decisión de la Junta de no indemnizar, al entender que no hubo mala praxis.
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El Consejo Consultivo de Andalucía ha emitido un dictamen en el que respalda la decisión del Servicio Andaluz de Salud de desestimar una reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por una paciente intervenida quirúrgicamente en el Hospital Regional de Málaga.
La demanda económica ascendía a 1,5 millones de euros y se basaba en las secuelas neurológicas y funcionales que la afectada atribuye a una intervención de alta complejidad realizada para tratar una epilepsia refractaria.
Sin embargo, el órgano consultivo concluye, en un dictamen del pasado 9 de abril, que no existe nexo causal acreditado entre la asistencia sanitaria prestada y los daños alegados, ni indicios de mala praxis médica.
El caso se remonta a una paciente de 67 años con una epilepsia de larga evolución, con crisis cada vez más frecuentes y complejas. En concreto, según se precisa, presenta episodios de esta enfermedad desde los 14 años.
Esto motivó que su caso fuese presentado en el comité de epilepsia en julio de 2017.
Tras ser evaluada por el comité de epilepsia del hospital, se determinó la indicación de una amigdalohipocampectomía selectiva.
Decisión de los especialistas
La decisión de intervenir fue consensuada entre especialistas y respaldada por estudios preoperatorios completos. Además, la paciente firmó varios documentos de consentimiento informado entre 2019 y 2021, en los que se detallaban los riesgos inherentes a este tipo de cirugía, incluyendo hemorragias intracraneales, hematomas o edema cerebral.
Se destaca que la paciente recibió el tratamiento adecuado tras la intervención quirúrgica. "Pasó a Reanimación tras ser intervenida y la evolución durante las primeras horas, el día 31 de mayo fue muy favorable", se precisa.
No obstante, en la TAC craneal de control realizada el día 1 "ya se detectó un extenso hematoma en el lecho quirúrgico", ante lo que se optó por "una actitud conservadora ante el buen estado general de la enferma, permaneciendo estable el día 2".
El día 3, "ante una tendencia al sueño mayor que antes, se adelantó la TAC de control prevista para el día 4, observándose la aparición de un hematoma y edema mayor que el previo, con desplazamiento de la línea media, lo que determinó optar por una reintervención urgente, con el fin de evacuarlo".
La evolución posterior fue favorable y se resolvió por completo el hematoma. No obstante, esto no evitó la aparición y persistencia de secuelas.
La afectada solicitaba una indemnización de 1,5 millones de euros al considerar que existió un déficit asistencial durante el proceso quirúrgico y postoperatorio.
Para sustentar su demanda, aportó un informe emitido por la Asociación de Daño Cerebral de Málaga acreditando las deficiencias cognitivas y funcionales. Sin embargo, se trata de un documento que a ojos del Consultivo, “nada prueba sobre que la causa de las mismas sea la asistencia sanitaria que se dispensó a la paciente”.
Entre las secuelas alegadas se incluyen alteraciones cognitivas, visuales, visoespaciales, de memoria, coordinación y limitaciones funcionales significativas, además de daños morales.
El dictamen recuerda además que la sanidad pública tiene una obligación de medios y no de resultados, lo que implica que no puede exigirse responsabilidad automática cuando una intervención compleja no obtiene el resultado esperado o presenta complicaciones conocidas.
El informe incide en que el hematoma intracraneal y el edema cerebral son complicaciones que pueden derivarse de este tipo de intervenciones neuroquirúrgicas, especialmente en cirugías de epilepsia refractaria, donde la afectación de estructuras cerebrales profundas entraña riesgos significativos incluso cuando la técnica es correcta.
