Así será la gran transformación del Caminito del Rey en Málaga: 12 millones en obras y entradas más caras

La Diputación de Málaga da el primer paso para definir cómo será la próxima etapa del Caminito del Rey, uno de los grandes iconos turísticos de la provincia.

Tras la aprobación el pasado 18 de marzo del estudio de viabilidad económico‑financiera para la nueva concesión del servicio –que incluye el propio sendero, el centro de recepción y los aparcamientos–, el documento pasa a la fase de información pública.

El nuevo escenario parte de una premisa clara: la concesión deberá extenderse diez años para hacer viable una inversión obligatoria de 12,21 millones de euros en infraestructuras vinculadas al Caminito y su entorno.

Entre las actuaciones previstas figuran una depuradora en El Chorro, una nueva red de abastecimiento de agua potable, varios puentes (incluido el del Rey y uno de emergencia), un canal‑túnel para el paso de visitantes, la puesta en valor de la Casa del Hoyo, mejoras de accesos en la zona de la ermita, aparcamientos y paradas de autobús, entre otras intervenciones.

El estudio recuerda que en los últimos diez años buena parte del esfuerzo económico del concesionario se ha ido ejecutando "sin una planificación específica" y coloca ahora todas esas inversiones futuras en un paquete cerrado ligado al contrato.

El caminito del Rey

Aforo máximo de 1.500 personas al día

Tras una década de experiencia y más de 3,28 millones de entradas vendidas entre 2016 y 2025 –el 95% de las puestas a la venta–, la Diputación fija un techo de capacidad de 1.500 visitantes diarios.

El propio estudio admite que, alcanzada esa cifra en enero de 2025, se ha llegado "al máximo de capacidad teniendo en cuenta las infraestructuras del entorno y la voluntad de que siga siendo un producto único no masificado".

El límite no es inamovible, pero cualquier cambio queda sujeto a la iniciativa de la propia Administración provincial, al visto bueno de la Comisión de Seguimiento y a la autorización expresa de la dirección del paraje natural. Con ello, el diseño del futuro contrato asume como eje la preservación del recurso y la experiencia de visita frente a una lógica puramente de volumen.

Subida de precios tras diez años congelados

Otro de los puntos sensibles es la política de precios. Durante los últimos diez años, la entrada general ha tenido un precio de 8,26 euros (sin IVA) y la guiada de 14,88 euros, a los que se suman 1,5 euros en concepto de gastos de gestión, sin actualización alguna por IPC porque el pliego no lo permitía.

La propuesta plantea una actualización inicial del 20%, que los redactores del estudio equiparan a un 2% anual acumulado por la década transcurrida.

A partir de ahí, las tarifas se revisarían cada dos años con un 2,5% anual acumulado, manteniendo intactos los 1,5 euros de gastos de gestión.

El cuadro que incorpora el propio estudio sitúa la entrada general en una horquilla que va de 11,41 a 12,60 euros a lo largo de los diez años, mientras que la guiada oscila entre 19,36 y 21,37 euros, siempre sin incluir IVA ni el suplemento de gestión.

El documento subraya que esos 1,5 euros se vinculan al canal de adquisición (pasarela de pago, plataforma de reservas, etc.), no al recurso en sí, y que el coste de la plataforma digital se cubre precisamente con esa partida.

Más allá del precio, el modelo de producto también cambia. El estudio mantiene las entradas generales, pero apuesta claramente por potenciar las visitas guiadas hasta alcanzar el 70% del total, frente a un 30% de acceso individual.

El argumento no es turístico, sino de seguridad. Según el texto, las visitas guiadas permiten transformar la supervisión esporádica de un visitante autónomo en una vigilancia continua a lo largo del trazado, reducen el tiempo de detección de incidentes y la activación de la respuesta, mejoran la capacidad de evacuación y ayudan a gestionar las acumulaciones en puntos críticos como los puentes colgantes.

Un motor de empleo

El estudio radiografía la estructura laboral necesaria para gestionar el Caminito del Rey. La previsión es mantener al menos 47 puestos directos, con un coste bruto medio anual, incluida la Seguridad Social, de 27.500 euros, lo que sitúa la masa salarial directa en torno a 1,29 millones de euros al año, actualizados por IPC.

A este núcleo se suman las personas que realizan las visitas guiadas, en buena medida autónomos o profesionales de otras empresas del entorno. Solo en esas retribuciones, el gasto anual se aproxima a los 775.600 euros, a razón de unos 75 euros brutos por grupo de 30 personas y con una previsión de 310.223 visitas guiadas al año.

La seguridad física del enclave y de las personas ocupa buena parte del documento. El modelo actual de vigilancia jurada 24 horas al día, 365 días al año se considera sobredimensionado a la luz de la experiencia y de la ampliación de sistemas de televigilancia y sensores.

El estudio propone un esquema con servicio de control de 12 horas diarias solo los días de apertura –305 al año–, complementado por la vigilancia desde el centro de recepción en jornadas sin visitas, lo que reduce el coste a unos 274.536 euros anuales.

En paralelo, se consolidan los servicios digitales como pieza central del dispositivo: 16 líneas móviles, 33 walkie‑talkies, dos estaciones emisoras‑receptoras, 58 cámaras y tres puntos de control, todo ello con un coste de unos 24.550 euros al año en telefonía e internet y 61.200 euros en televigilancia.

Uno de los capítulos más explícitos es el de riesgo geológico. Tras recordar episodios como el desprendimiento de diciembre de 2022, se plantea un programa integral de gestión del riesgo de caída de rocas con un presupuesto de 145.000 euros anuales, sin IVA.

De esa cantidad, 20.000 euros se vinculan a un convenio técnico‑científico con la Universidad de Granada y 125.000 euros a medidas estructurales de estabilización, contención y protección frente a desprendimientos.

Un canon menor

En el plano económico, el estudio plantea un cambio relevante en el reparto de beneficios entre empresa y Administración. El canon mínimo a la Diputación se fija en 100.000 euros anuales y el máximo en 200.000 euros, IVA incluido, lejos de los 350.000 euros que se exigían en la anterior licitación.

El propio documento justifica esta rebaja porque el canon se destinaba a actuaciones en el entorno que ahora se incorporan directamente al plan de inversiones que asumirá el concesionario.

Además, el futuro contrato incluirá como criterio de adjudicación el compromiso de reinversión en el entorno: al menos el 9% de los ingresos brutos por venta de entradas y hasta un máximo del 20%, que es el porcentaje que el estudio asume como oferta probable.

Cuenta de resultados

La tabla de proyecciones que cierra el estudio resume la foto: con una ocupación media del 95% y precios actualizados, los ingresos anuales se moverían entre 7,5 y 8,3 millones de euros a lo largo de la década.

Descontados gastos de personal, guías, radioguías, seguridad, limpieza, vehículos, seguros, servicios digitales, mantenimiento, prevención de desprendimientos, cánones, reinversión y gastos varios, el resultado operacional permanece en positivo en todos los ejercicios.

La rentabilidad anual sobre ese resultado oscila entre el 2,31% y el 8,68%, con una conclusión explícita: “la actividad es viable económicamente” en las condiciones planteadas.

Con el estudio ya aprobado por el Pleno y sometido a información pública, el siguiente escalón será la redacción y aprobación de los pliegos de cláusulas administrativas y técnicas del futuro concurso, en los que se concretarán los criterios de adjudicación, las exigencias de solvencia, el régimen de penalidades y los detalles finos de la explotación.