Con apenas una semana de diferencia, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha pasado de despachar el tren de la Costa del Sol, por su falta de competitividad y los "enormes" condicionantes económicos y ambientales, sin ni siquiera abrir la puerta al desarrollo de nuevos estudios técnicos y de viabilidad, a presumir de que el Gobierno central va a aportar 650 millones de euros a la construcción de la línea 3 del Metro de Sevilla.

La aportación de la Administración estatal está ya comprometida en el marco del convenio de colaboración firmado con la Junta de Andalucía. El mismo marca las obligaciones de cada una de las instituciones, que afrontarán al 50% el coste total estimado de 1.301 millones de euros.

El esfuerzo económico ya rubricado por el Gobierno viene a sumarse, según confirmaba la Moncloa y el Ministerio de Transportes en sendas notas informativas, a otros hitos acometidos desde junio de 2018 en la provincia de Sevilla. De hecho, en esas comunicaciones se ponía en valor que en estos casi seis años, con Pedro Sánchez al frente del Ejecutivo, han sido licitadas obras por valor de 890 millones de euros, "casi el doble que en el periodo anterior", habiendo ejecutado 825.

Estos parámetros económicos contrastan con los que, según los informes de la Asociación de Promotores y Constructores (ACP) de Málaga sobre licitación de obra pública, pueden imputarse a la Administración central tanto en el territorio sevillano como en el malagueño. De acuerdo con los datos de este ente empresarial, de los 3.457 millones de euros invertidos en Sevilla entre 2017 y 2023, 530 llevan la firma del Gobierno. Valores, en cualquier caso, por encima de los asignados a Málaga, con un global 2.995 millones, 475 de ellos de origen estatal. 

Si bien es cierto que la dimensión económica del trazado hasta Marbella y Estepona excede del presupuesto manejado para la nueva línea de Metro sevillana, no lo es menos que en estos años no ha existido intención alguna por parte del Gobierno de sentar siquiera las bases técnicas que permitan avanzar a medio plazo en la operación. 

Los parámetros económicos hasta ahora conocidos sobre la extensión del ferrocarril por la Costa del Sol son los correspondientes al último estudio informativo sobre esta actuación, que data de finales de 2015, y un trabajo mucho más reciente, presentado en sociedad el pasado mes de enero.

En el primero de ellos, elaborado por Ineco, dibujaba dos recorridos alternativos. Uno de ellos más próximo a la carretera A-7, cuyo coste era de unos 2.000 millones hasta Marbella, cifra que caía a los 1.000 millones mediante la alternativa Mixta, que rebajaba la parte de recorrido soterrado. En cuanto al documento de la empresa ARCS, el valor de ejecución podría oscilar entre los 2.500 y los 2.700 millones de euros.

Escasa financiación del Metro de Málaga

La fotografía del pasado lunes, con el suburbano hispalense como protagonista, evidencia otra realidad: el escaso compromiso presupuestario del Estado con el Metro de Málaga. El esquema económico que mantiene el suburbano malagueño data del año 2005, cuando los datos apuntaban a que el Metro iba a costar del orden de 403 millones de euros (incluyendo el material móvil). La realidad casi 20 años después es que la inversión final sólo en infraestructura alcanzará y superará los 900 millones.

Pese a esta subida exponencial, la participación del Estado se mantiene en los 175 millones pactados en su día. Una suma que se va abonando anualmente a razón de unos 5 millones, con la previsión de que se finalice el pago en 2037. Conforme a estos datos, la parte asumida por el Gobierno apenas representa el 19% del valor final que previsiblemente alcanzará la infraestructura. 

En el caso de Sevilla, el acuerdo de colaboración firmado entre las dos administraciones elevó la aportación estatal a 218 millones de euros, lo que supone el 24,4% del coste final del ferrocarril urbano sevillano. En su caso, como le ocurrió al de Málaga, las numerosas modificaciones en el proyecto, con hasta 46 cambios, disparó el precio de construcción en casi 302 millones, a los que hubo que sumar 162 millones por una reciente sentencia en favor de las empresas constructoras.

El esquema cambia de nuevo radicalmente ahora con la puesta en marcha de la línea 3 sevillana y abre la puerta a que tanto la Junta como el Gobierno central asuman nuevos compromisos con el Metro de Málaga. 

Porque más allá del salto que ahora se acomete para llegar hasta el Civil, completando la red originalmente diseñada en la capital de la Costa del Sol (transformada por los problemas económicos, renunciando a atravesar la Plaza de la Marina y el Paseo del Parque), el paso dado en la capital hispalense obliga a las dos partes a afrontar las futuras ampliaciones, ya sea hacia la zona Este, con la potencial llegada a Rincón de la Victoria, como hacia el Parque Tecnológico de Andalucía. 

La posición actual de la Junta es la de estudiar todos los posibles ramales de expansión, si bien condiciona el paso definitivo a que los estudios de viabilidad que se elaboren confirmen su necesidad.