Isabel Díaz Ayuso en la Asamblea de Madrid.

Isabel Díaz Ayuso en la Asamblea de Madrid. Jesús Hellín Europa Press

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Es oficial: el Gobierno de Ayuso cambia las normas de estos alquileres en Madrid y así afectará a los nuevos inquilinos

El Ejecutivo regional ha decidido introducir una nueva medida que afectará a las personas que estén interesadas en alquilar viviendas protegidas.

Más información: Ya es oficial: la nueva ayuda de 4.000 euros de la Comunidad de Madrid para facilitar la conciliación laboral y familiar.

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Las claves

El Gobierno de Ayuso ha reducido a cinco años el requisito de empadronamiento para acceder a viviendas protegidas en alquiler en Madrid.

La nueva medida busca facilitar y flexibilizar el acceso a estos alquileres, afectando especialmente a nuevos inquilinos en la Comunidad de Madrid.

No se exigirá el periodo de empadronamiento a quienes tengan compromisos previos de compra o pertenezcan a cooperativas con aportaciones ya realizadas.

Solo uno de los miembros de la unidad de convivencia deberá acreditar el empadronamiento, agilizando el acceso a la vivienda protegida.

La vivienda es uno de los grandes frentes abiertos que tiene España, pero especialmente regiones como la Comunidad de Madrid. Los precios han ido creciendo en los últimos años y las posibilidades de la gente han ido reduciéndose. Aún así, los nuevos proyectos abiertos, que se cuentan por decenas, han permitido ir ofreciendo nuevas oportunidades.

Unas oportunidades que no siempre han ido acompañadas de precios accesibles para el común de los compradores. Aunque al menos queda el consuelo de que se ha encontrado espacio sobre el que edificar. Para todas aquellas personas que no pueden acceder a la compra de estas nuevas viviendas, los alquileres suponían una vía de escape. Sin embargo, los precios de este mercado también han subido como la espuma.

Ante este panorama tan desolador, solo quedaba aferrarse a las oportunidades impulsadas por instituciones públicas como las viviendas de precios asequibles. Un formato de inmueble cuyo mercado es también muy activo en la Comunidad de Madrid, ya que el Gobierno regional, desde la llegada de Ayuso al poder, ha puesto en marcha numerosos proyectos de esta índole.

Recientemente, el equipo de la presidenta ha anunciado una importante medida para flexibilizar el acceso a alquiler de estas viviendas protegidas. La medida es rebajar a solo cinco años el empadronamiento necesario para solicitar uno de estos inmuebles. Una medida que ha sido anunciada por Jorge Rodrigo, consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras.

Una decisión tomada en comunión con Isabel Díaz Ayuso, quien lleva meses trabajando en un nuevo Reglamento de Vivienda Pública que tiene previsto ver la luz en julio. Esta medida se integrará dentro de este programa que ha ido de la mano del cumplimiento del 95% del primer plan de choque con medidas de impulso para la vivienda.

¿Cómo cambiarán los alquileres en Madrid?

La Comunidad ha cambiado su ley alquileres en lo que respecta a las viviendas protegidas. Ahora, para poder solicitar uno de estos arrendamientos bastará con haber estado empadronado durante 5 años. "Queremos un empadronamiento que baje hasta los 5 años cuando hablemos de viviendas en alquiler y que no se exija para modelos de residencias de estudiantes o viviendas compartidas".

Una medida que desde el Ejecutivo de Ayuso ven clave para afianzar el "arraigo" frente a las políticas que está llevando a cabo el PSOE de Sánchez y sus "regulaciones masivas de más de 500.000 inmigrantes que nada van a aportar a los madrileños".

No obstante, tal y como informa Europa Press, el Gobierno regional introducirá excepciones al requisito general de 10 años de empadronamiento previsto para el acceso a vivienda protegida en régimen de compra o uso propio.

A partir de ahora, no se exigirá este periodo a quienes, antes de la entrada en vigor del reglamento, hayan suscrito contratos de compraventa u opción de compra, títulos de adjudicación o realizado aportaciones económicas a cuenta del precio de la vivienda. Y tampoco se aplicará a miembros de cooperativas que ya hubieran desembolsado cantidades destinadas a la adquisición del suelo o de la propia vivienda.

En los supuestos en los que sí resulte exigible el requisito de empadronamiento, bastará con que lo cumpla uno de los miembros de la unidad de convivencia. Para el Ejecutivo de Ayuso, esta medida se trata de una garantía de "seguridad jurídica", ya que protege a quienes "ya habían adquirido compromisos previos y adapta la normativa a las distintas fórmulas residenciales actuales, garantizando un acceso más ágil y realista a la vivienda protegida".