El fiscal general del Estado, en el Tribunal Supremo, órgano que le condenó.
Jueces y juristas escandalizados tras el globo sonda de Sánchez y Bolaños sobre un indulto a García Ortiz antes de elecciones
Un portavoz de la APM: "El derecho de gracia puede convertirse en una herramienta del Gobierno para proteger a los suyos".
Más información: El TS condena a García Ortiz por revelar datos tributarios de la pareja de Ayuso por 5 votos a 2 y le inhabilita como fiscal general
"Erosiona la imparcialidad", "se concede por afinidad política", "es un mensaje profundamente perjudicial para la igualdad ante la ley"...
Jueces y juristas están escandalizados tras el globo sonda lanzado por Pedro Sánchez sobre la concesión del indulto al ex fiscal general del Estado antes de las elecciones, una posibilidad que ha confirmado el ministro de Justicia, Félix Bolaños.
Álvaro García Ortiz fue condenado hace casi un año, en noviembre de 2025 por el Tribunal Supremo a dos años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos.
La Sala Segunda concluyó que él o "alguien de su entorno inmediato y con su conocimiento" había filtrado a la empresa el correo electrónico en el que la defensa de Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, reconocía un fraude fiscal.
Este viernes, en eldiario.es, Sánchez declaró que no descarta —"no lo descarto"; ésas fueron sus palabras— indultar a García Ortiz antes de las próximas elecciones generales, que se celebrarán el próximo 29 de noviembre.
Félix Bolaños, ha insistido en la misma idea en una entrevista posterior en RAC1.
"No lo descartamos. Tenemos que estudiar el expediente, que ya está en la mesa del Ministerio de Justicia y a partir de ahí, bueno, ya veremos si procede tomar una decisión en estos días o procede dejarlo para más adelante", ha deslizado el titular de Justicia.
EL ESPAÑOL ha contado con varias asociaciones judiciales y de juristas para recabar su opinión.
"El indulto debe ser excepcional y estar justificado. El derecho de gracia no es un capricho, es una decisión responsable e institucional. No puede convertirse en una herramienta del Gobierno para proteger a los suyos a conveniencia después de cuestionar la actuación del Tribunal Supremo", reprocha Alejandro González Mariscal de Gante.
Atiende a este periódico como portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la mayoritaria en la carrera judicial.
"El respeto del Presidente por la separación de poderes parece terminar donde empiezan los problemas judiciales de su entorno. Los jueces no están para acomodar sus decisiones a las necesidades del Gobierno, ni las sentencias pueden tratarse como contratiempos políticos que después se resuelven en el Consejo de Ministros", declara a EL ESPAÑOL.
"García Ortiz fue condenado por revelar datos reservados. Que continúe ejerciendo en la Fiscalía del Supremo ya plantea un serio problema de credibilidad institucional. Abrir además la puerta a su indulto transmite un mensaje profundamente perjudicial para la igualdad ante la ley", añade.
"Ni indultos por afinidad política, ni amnistías a medida, ni la expectativa de que el Constitucional acabe solucionando lo que incomoda al Gobierno. Las instituciones están al servicio de los ciudadanos, no de la protección de quienes gobiernan", finaliza González Mariscal de Gante.
Marién Ortega, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), subraya que "el indulto es una potestad del Poder Ejecutivo, que éste ejerce según la ley que lo regula, que es de 1870".
"Su concesión o no corresponde al Gobierno", indica Ortega. "Corresponde al Poder Legislativo, y a la sociedad en general, valorar y, en su caso, decidir si una ley que ha estado vigente en el siglo XIX, XX y XXI debe ser objeto de modificación", sugiere la AJFV.
Este periódico también se ha puesto en contacto con Hay Derecho, fundación sin ánimo de lucro dedicada a la defensa del Estado de derecho.
"El indulto es una medida de gracia excepcional, para situaciones puntuales de humanidad o asimiladas, pero no puede convertirse en un instrumento político para favorecer la impunidad de cargos públicos afines", subraya en conversación con EL ESPAÑOL Safira Cantos, su directora general.
"Debe ejercerse con especial cuidado cuando estamos ante responsabilidades penales derivadas de actos cometidos en el ejercicio de la función pública", añade la jurista.
"Un indulto al ex fiscal general del Estado erosionaría claramente la imparcialidad que debe regir esta medida de gracia, dado que además [García Ortiz] había recibido el respaldo expreso del Gobierno en relación con las conductas que han sido objeto de condena por el Tribunal Supremo y por las que ahora se plantearía el indulto", finaliza Cantos.
Por su parte, Edmundo Rodríguez, portavoz de Jueces y Juezas para la Democracia (JJpD), asociación considerada afín a los postulados izquierdistas, señala: "Ahora es el momento de resolver el recurso planteado por la Fiscalía [contra la condena de García Ortiz] y el amparo solicitado [al Constitucional] por Álvaro García, que, si prosperan, harían innecesario ese indulto".
