Globo sonda.
Jueces y juristas, escandalizados tras el globo sonda de Sánchez y Bolaños sobre un indulto a García Ortiz antes de elecciones
Enrique Gimbernat, referencia en Derecho Penal, lamenta la posible medida de gracia al ex fiscal general: "Hay que pagar los favores que han hecho".
"El derecho de gracia puede convertirse en una herramienta del Gobierno para proteger a los suyos", dicen en la Asociación Profesional de la Magistratura.
Más información: El TS condena a García Ortiz por revelar datos tributarios de la pareja de Ayuso por 5 votos a 2 y le inhabilita como fiscal general
"Erosiona la imparcialidad", "se concede por afinidad política, para proteger a los suyos", "es un mensaje profundamente perjudicial para la igualdad ante la ley", "busca enmendar la plana al Supremo"...
Jueces y juristas están escandalizados tras el globo sonda lanzado por Pedro Sánchez sobre la eventual concesión del indulto al ex fiscal general del Estado antes de las elecciones, una posibilidad que secundó después el ministro de Justicia, Félix Bolaños.
Álvaro García Ortiz fue condenado hace casi un año, en noviembre de 2025 por el Tribunal Supremo a dos años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos.
La Sala Segunda concluyó que él o "alguien de su entorno inmediato y con su conocimiento" había filtrado el correo electrónico en el que la defensa de Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, reconocía un fraude fiscal.
Este viernes, en eldiario.es, Sánchez declaró que no descarta —"no lo descarto"; ésas fueron sus palabras— indultar a García Ortiz antes de las próximas elecciones generales, que se celebrarán el próximo 29 de noviembre.
Félix Bolaños insistió en la misma idea en una entrevista posterior en RAC1.
"No lo descartamos. Tenemos que estudiar el expediente, que ya está en la mesa del Ministerio de Justicia y a partir de ahí, bueno, ya veremos si procede tomar una decisión en estos días o procede dejarlo para más adelante", deslizó el titular de Justicia.
EL ESPAÑOL ha contactado con varias asociaciones judiciales y de juristas para recabar su opinión.
"El indulto debe ser excepcional y estar justificado. El derecho de gracia no es un capricho, es una decisión responsable e institucional. No puede convertirse en una herramienta del Gobierno para proteger a los suyos a conveniencia después de cuestionar la actuación del Tribunal Supremo", reprocha Alejandro González Mariscal de Gante.
El magistrado atiende a este periódico como portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la mayoritaria en la carrera judicial.
"El respeto del presidente por la separación de poderes parece terminar donde empiezan los problemas judiciales de su entorno. Los jueces no están para acomodar sus decisiones a las necesidades del Gobierno, ni las sentencias pueden tratarse como contratiempos políticos que después se resuelven en el Consejo de Ministros", declara a EL ESPAÑOL.
"García Ortiz fue condenado por revelar datos reservados. Que continúe ejerciendo en la Fiscalía del Supremo [su cargo actual, tras ser condenado] ya plantea un serio problema de credibilidad institucional. Abrir además la puerta a su indulto transmite un mensaje profundamente perjudicial para la igualdad ante la ley", añade.
"Ni indultos por afinidad política, ni amnistías a medida, ni la expectativa de que el Constitucional acabe solucionando lo que incomoda al Gobierno... Las instituciones están al servicio de los ciudadanos, no de la protección de quienes gobiernan", reprocha González Mariscal de Gante.
![Juana Rivas. EP](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/9601316.jpg?p=w:320\/h:240&h=HoeuTuZr"])
Marién Ortega, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), subraya que "el indulto es una potestad del Poder Ejecutivo, que éste ejerce según la ley que lo regula, que es de 1870".
"Su concesión o no corresponde al Gobierno", indica Ortega. "Corresponde al Poder Legislativo, y a la sociedad en general, valorar y, en su caso, decidir si una ley que ha estado vigente en el siglo XIX, XX y XXI debe ser objeto de modificación", sugiere la AJFV.
Por su parte, Roberto García Ceniceros, presidente de Foro Judicial Independiente (FJI), admite que se le hace "difícil hablar de una hipótesis", aunque admite que "es una posibilidad [que el Gobierno tiene encima de la mesa] y nos parece perturbadora".
El magistrado reconoce que, aunque los contempla la Constitución, su asociación tiene una "posición de bastantes reservas hacia los indultos".
"Nos preocupa", cuenta el magistrado, "el uso que se haga del mismo". "Bajo una facultad de gracia se puede esconder el hecho de que el Ejecutivo se entromete en decisiones judiciales, dejando sin efecto una sentencia y en este caso sería así", advierte.
De producirse antes del 29-N, García Ceniceros tacha de "precipitado" un eventual indulto a García Ortiz. "Da la impresión de que no hay ninguna fundamentación, la situación personal del penado no ha cambiado, no se da una situación de inutilidad de la pena, no es una cuestión humanitaria...", enumera.
Como recuerda este magistrado, Pedro Sánchez ya manifestó que no estaba de acuerdo con la condena al ya ex fiscal general del Estado. "Hay un interés en enmendar la plana al Supremo", valora el presidente de Foro en conversación con EL ESPAÑOL.
"Erosiona la imparcialidad"
Este periódico también se ha puesto en contacto con Hay Derecho, fundación sin ánimo de lucro dedicada a la defensa del Estado de derecho.
"El indulto es una medida de gracia excepcional, para situaciones puntuales de humanidad o asimiladas, pero no puede convertirse en un instrumento político para favorecer la impunidad de cargos públicos afines", subraya en conversación con EL ESPAÑOL Safira Cantos, su directora general.
"Debe ejercerse con especial cuidado cuando estamos ante responsabilidades penales derivadas de actos cometidos en el ejercicio de la función pública", añade la jurista.
"Un indulto al ex fiscal general del Estado erosionaría claramente la imparcialidad que debe regir esta medida de gracia, dado que además [García Ortiz] había recibido el respaldo expreso del Gobierno en relación con las conductas que han sido objeto de condena por el Tribunal Supremo y por las que ahora se plantearía el indulto", finaliza Cantos.
![Juana Rivas, este miércoles en los juzgados de Granada.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/5048153.jpg?p=w:320\/h:240&h=qGIySaWt"])
Por su parte, Edmundo Rodríguez, portavoz de Jueces y Juezas para la Democracia (JJpD), asociación considerada afín a los postulados izquierdistas, señala: "Ahora es el momento de resolver el recurso planteado por la Fiscalía [contra la condena de García Ortiz] y el amparo solicitado [al Constitucional] por Álvaro García, que, si prosperan, harían innecesario ese indulto".
"Pagar favores"
EL ESPAÑOL también ha querido contar con la valoración al respecto de insignes juristas.
Enrique Gimbernat, catedrático de Derecho Penal, explica que el Gobierno debe motivar un indulto cuando tanto la Fiscalía como el tribunal sentenciador se oponen a él.
No sucede así en este caso, ante un eventual indulto a García Ortiz, que el Ministerio Público probablemente apoyaría. "En ese caso, se sobreentiende, tácitamente, que el Gobierno se remite, para justificar la medida de gracia, al informe favorable del fiscal", expresa Gimbernat.
"Legal es legal", indica el jurista. "Pero, naturalmente, me parecería muy mal que, a escasas semanas de las elecciones, se publicase un real decreto tan polémico", subraya.
Preguntado por el apoyo público del Gobierno a García Ortiz, funcionario público condenado por actos derivados de su cargo y quien podría acabar siendo beneficiado por un indulto, Gimbernat declara: "Me parecería mal por eso mismo, sin duda alguna".
![El jurista Enrique Gimbernat, este viernes en su casa de Madrid durante la entrevista con EL ESPAÑOL.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11318594.jpg?p=w:320\/h:240&h=oEFckgIV"])
Y se explica: "Desgraciadamente, desde hace muchos años —y, sobre todo, con este Gobierno del PSOE, que ya nombró fiscal general a una ministra de Justicia, Dolores Delgado—, [los fiscales generales] son personas totalmente dependientes proclives al Ejecutivo y al Partido Socialista".
Para muestra, dos botones: "Mira los casos de David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez, y de Begoña Gómez, su esposa. La Fiscalía pidió la absolución en ambos". Igual que en el juicio a García Ortiz.
"Hay que pagarles los favores que han hecho...", concluye, acerca de un eventual indulto al único fiscal general del Estado condenado en toda la historia de España.
"Arbitrario"
Por su parte, Agustín Ruiz Robledo, catedrático de Derecho Constitucional, recuerda que, aunque se hayan adelantado las elecciones generales, el Ejecutivo "conserva intacta la facultad de conceder indultos". También, la de presentar decretos, como ya ha sucedido con los llamados decretos Maricarmen, de vivienda.
"El Tribunal Supremo tiene establecido que el Gobierno no tenga esta potestad cuando está en funciones, después de las elecciones, pero antes sí", señala el jurista.
"Una vez que hay un informe desfavorable al indulto, como sucede en este caso con el tribunal sentenciador, es posible que las partes lo recurran por la vía contencioso-administrativa", advierte Ruiz Robledo.
¿Quién era acusación particular en el caso García Ortiz? González Amador, novio de Ayuso. "Ahora bien, que se anulase dicho decreto en un año o año y medio a Sánchez no le afecta, le dará igual", hipotetiza Agustín Ruiz Robledo.
"Jurídicamente, un indulto es factible a día de hoy. El Gobierno ya sabe que, de concederlo, la acusación particular lo podría recurrir, con el resultado, muy probable, de que la Sala Tercera lo considere arbitrario", zanja el catedrático. "Pero claro, eso ya sería dentro de año y medio...", admite.
