La directora de la Guardia Civil, Mercedes González, llega de nuevo el pasado día 17 a la Audiencia Nacional. Efe
La acusación popular pide al juez que aparte cautelarmente a la directora de la Guardia Civil y al DAO de mandar en la UCO
Vuelve a solicitar que se cite como investigado al anterior responsable de la Benemérita Leonardo Marcos.
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Las acusaciones populares personadas en el 'caso Leire', unificadas en el Partido Popular, han pedido al juez Santiago Pedraz que aparte cautelarmente a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y al director general operativo, general Manuel Llamas, del mando de la Unidad Central Operativa y, en concreto, del Departamento de Delincuencia Económica y Anticorrupción, el departamento que dirige el teniente coronel Antonio Balas.
Agentes del DIECAN actúan como Policía Judicial en estas diligencias, en las que se investiga una trama presuntamente montada por el exdirigente del PSOE Santos Cerdán y la exmilitante Leire Díez para tratar de desestabilizar a los jueces, fiscales y unidades policiales a cargo de los procesos que afectan a ese partido y al entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
González y Llamas tienen la condición de investigados por presuntos delitos de prevaricación administrativa y de obstrucción a la Justicia.
Existen indicios de que intentaron condicionar a los agentes de la UCO que investigan delitos de corrupción que afectan a PSOE instrumentalizando el régimen disciplinario interno de la Guardia Civil.
González y Llamas abrieron en muy poco tiempo tres informaciones reservadas a miembros de la UCO pese a la falta de fundamento de esas iniciativas, según los indicios recabados, y lo habrían hecho con el fin de presionarles e intimidarles, para que supieran que sus carreras profesionales estaban en juego.
En concreto, las acusaciones populares solicitan al instructor, Santiago Pedraz, que prohíba cautelarmente a González y Llamas "ejercer cualquier facultad de mando, dirección, supervisión" sobre la DIECAN y sus agentes y atribuya esas facultades "a un mando ajeno a la cadena de los investigados".
También solicitan que "la prohibición de incoar, tramitar o resolver informaciones reservadas, expedientes o procedimientos disciplinarios de cualquier clase que afecten a los mandos y agentes de la UCO mientras dure el procedimiento".
Y "la prohibición de acceso a la documentación, sistemas y expedientes relativos a la investigación en curso, así como la de comunicarse, directamente o a través de terceros, con los agentes y testigos que han declarado en la causa".
"No es sólo el correcto funcionamiento de la Administración, sino, de manera nuclear, la indemnidad de la actividad de auxilio a la Administración de Justicia que la UCO desarrolla, bajo la dirección de los distintos órganos judiciales, en procedimientos penales de la máxima sensibilidad", señalan en un escrito dirigido al instructor.
Remarcan que, pese a su condición de investigados, tanto la directora general como el DAO continúan en sus cargos. "Esta situación resulta objetivamente incompatible con la naturaleza de los hechos investigados, pues los dos máximos responsables del Cuerpo mantienen intacta su capacidad de mando directo sobre los propios agentes de la UCO cuya labor investigadora se habría tratado de neutralizar, y sobre quienes conservan facultades de dirección, destino, evaluación, régimen disciplinario y asignación de medios", argumentan.
Presunta implicación de Marcos
En otro escrito, las acusaciones populares insisten en que el predecesor de González, Leonardo Marcos, debe declarar en condición de investigado.
Pedraz ya rechazó una anterior petición en este sentido. El pasado 2 de julio, el instructor señaló que la conducta atribuida a Marcos -pedir a los agentes que "se pusieran de perfil" en la investigación al hermano de Pedro Sánchez- "per se [por sí sola] no integra ningún tipo penal".
Las acusaciones populares consideran que ahora hay nuevos motivos para citar a Marcos, derivados de la declaración que prestó el general Llamas.
Recuerdan que algunas actuaciones predisciplinarias contra la UCO se iniciaron bajo dirección orgánica de Marcos, "lo que impide sostener que este permaneciera ajeno a una actuación que Llamas califica de ordinaria y conocida en la cadena de mando".
"Consta en las actuaciones, a través de la declaración del [general Rafael] Yuste, exresponsable de la UCO, que Marcos intervino para cuestionar los informes de la UCO relativos a la causa de David Sánchez, llegando a exigir que determinados análisis estuvieran 'limpios' en el plazo de una semana", señalan.
Para las acusaciones populares, "tal injerencia excede la mera supervisión jerárquica" y podría encajarse en los delitos de prevaricación y obstrucción a la Justicia.
"Los hechos investigados responden a una actuación coordinada de la cúpula de la Guardia Civil, en la que el director general ostentaba la máxima responsabilidad institucional", sostienen.
"La correlación temporal entre los contactos de la directora general con la trama", dicen en referencia a las reuniones de González y Leire Díez, "la apertura de informaciones reservadas y las instrucciones transmitidas a la UCO no puede analizarse excluyendo precisamente a quien, durante el período junio de 2023 a septiembre de 2024, encabezaba dicha estructura", indican.
Petición de declaraciones
Las acusaciones también han pedido a Pedraz que cite a declarar a Leire Díez, Vicente Fernández y Juan Manuel Serrano, que ya tienen la condición de investigados en este procedimiento.
A ellos quieren sumar otros dos: José Luis Pérez Pastor, ex vicesecretario de Correos, y Patricia Álvarez, exsubdirectora de Desarrollo Organizativo y de Personas de Correos. Ambos han aparecido en el procedimiento en relación con el fichaje, presuntamente irregular, de Leire Díez como directiva de Correos.
Las acusaciones populares también han propuesto la declaración como testigo del fiscal jefe de Badajoz, José Luis Alonso, en relación con el archivo de una denuncia interpuesta contra Leire Díez.
