El fiscal general, Álvaro García Ortiz, durante su declaración. EFE
La Fiscalía recurre ante el Constitucional la condena al exfiscal general García Ortiz por "vulnerar sus derechos"
La Fiscalía ha recurrido ante el Tribunal Constitucional (TC) la condena impuesta por el Tribunal Supremo (TS) a Álvaro García Ortiz, ex fiscal general del Estado.
El pasado 20 de noviembre, la Sala Segunda del TS impuso a García Ortiz la pena de dos años de inhabilitación para dicho cargo y una multa de 7.200 euros.
Sin unanimidad, fue condenado por revelación de secretos de Alberto González Amador, el empresario que es pareja de la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y que está al borde del banquillo por un supuesto fraude fiscal.
La actual fiscal general, Teresa Peramato, sucesora de García Ortiz, ya avanzó que el Ministerio Público acudiría al TC. Y así ha sucedido.
En su recurso de amparo, presentado este viernes, la Fiscalía pide anular la sentencia en la que el Tribunal Supremo consideró, por una mayoría de cinco frente a dos magistrados, que García Ortiz incurrió en dicho delito y que filtró a la prensa información reservada sobre González Amador.
En un comunicado, la Fiscalía explica que considera que la sentencia del Supremo vulneró una serie de derechos fundamentales de García Ortiz.
En primer lugar, el recurso menciona una quiebra de la presunción de inocencia. El Ministerio Público señala que el Supremo ignoró testimonios clave de periodistas que negaron que el acusado fuera su fuente.
"La sentencia omite, sin embargo, toda referencia a estos contenidos de descargo o exculpación", reprocha la Fiscalía.
Además, el Ministerio Público critica el uso de pruebas indiciarias "inidóneas" y tilda de ilícita la obtención de ciertos datos, al entender que la investigación fue una injerencia desproporcionada que violó la inviolabilidad del despacho profesional de García Ortiz y el secreto de sus comunicaciones.
Por otro lado, acusa al Supremo de generar indefensión, al dar un "giro argumental sorpresivo" a la causa y también condenar a García Ortiz por la difusión de una nota de prensa, fechada el 14 de marzo de 2024, que daba detalles sobre el procedimiento judicial contra González Amador.
Aquella nota se difundió unas horas después de que, en la noche anterior, varios medios de comunicación informaran de que el abogado del novio de Ayuso había solicitado a la Fiscalía un pacto de conformidad, a través del cual reconocer el fraude fiscal y evitar la cárcel.
Finalmente, la Fiscalía sostiene que se ha vulnerado el principio de legalidad penal, pues se ha aplicado el delito de revelación de secretos de forma "imprevisible".
Según el recurso, la sentencia del Supremo castigó la difusión de datos que ya eran públicos, rompiendo con la jurisprudencia previa en esa materia y poniendo en riesgo "el derecho de los ciudadanos a dar y recibir información veraz".
