El Supremo ordena investigar los bienes de Ábalos y Koldo García previo a embargarles por valor de 60.000 euros

Ábalos y García fueron emplazados el pasado 11 de diciembre por el magistrado instructor, Leopoldo Puente, para que prestasen fianza por ese importe. En esa fecha se abrió el juicio oral contra ellos por presuntos delitos de corrupción por los que serán juzgados a partir del próximo 7 de abril.

En aquel momento, el instructor les hizo un expreso apercibimiento de que, de no prestar la fianza requerida en el plazo de cinco días hábiles, "les serán embargados bienes en cantidad suficiente para asegurar dicha suma" de 60.000 euros.

Sin embargo, ninguno de los dos acusados ha prestado la fianza.

Por ello, la letrada de la Administración de Justicia encargada de las causas especiales en la Sala Penal ha dictado una diligencia en la que indica que "visto que ha transcurrido en exceso el plazo concedido para prestar fianza en cuantía suficiente para cubrir las responsabilidades pecuniarias que pudieran imponérseles, sin que hayan consignado cantidad alguna, realícese averiguación patrimonial a través del Punto Neutro Judicial y con su resultado se acordará".

La imposición de la fianza es imperativa de acuerdo con la ley y es consecuencia de la acusación de malversación de fondos públicos a la que, entre otros cargos, se enfrentan Ábalos y García por la contratación irregular de una expareja del primero, Jesica Rodríguez.

Rodríguez fue fichada en Ineco (dependiente del Ministerio de Transportes) y Tragsatec (empresa pública de la SEPI) sin haber ido a trabajar ni un solo día, según reconoció ella misma cuando declaró ante el instructor del Tribunal Supremo.

La mujer cobró 34.477,86 euros de Ineco y 9.500,54 euros de Tragsatec, importes que el exministro y su antiguo asesor deberán reintegrar en el caso de ser condenados.

De acuerdo con la ley, la fianza para asegurar esa posible responsabilidad civil "no podrá bajar de la tercera parte más de todo el importe probable", lo que da como resultado esa cifra de 60.000 euros.

No es la única consecuencia económica que tendría un eventual fallo condenatorio. La Fiscalía también solicita en su escrito de acusación que se proceda al decomiso de las ganancias provenientes del delito de cohecho que habrían cometido ambos acusados por importe de, al menos, 430.298,4 euros.

Sería la cantidad que el exministro y García cobraron ilícitamente a cambio de adjudicaciones de contratos de mascarillas por Adif y Puertos del Estado, según las acusaciones.

Si fuesen condenados, tendrían que pagar, además, penas de multa.