La consejera vasca de Justicia del PSOE ha dado semilibertad a 46 presos de ETA: entre ellos, los asesinos de Buesa y Lacalle

En este período, el departamento que dirige San José ha concedido el tercer grado a 34 presos de ETA, lo que les permite salir de prisión durante el día, de lunes a viernes.

Uno de los casos más recientes es el de Asier Arzalluz, uno de los asesinos del columnista del diario El Mundo José Luis López de Lacalle: obtuvo el tercer grado el pasado mes de febrero.

También se han beneficiado de la misma medida los dos terroristas que asesinaron en 2000 al dirigente socialista vasco Fernando Buesa: Luis Mariñelarena recibió el tercer grado en septiembre de 2024 y, tres meses después, Diego Ugarte López de Arcaute.

Sin embargo, desde 2025, el Gobierno vasco ha optado por otra fórmula más ventajosa para los presos de ETA: la aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario.

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Tiene el mismo efecto (el preso puede salir de prisión durante el día, de lunes a viernes) de forma inmediata. Pero se trata de un procedimiento administrativo en el que el juez sólo puede revisar la decisión con posterioridad.

El departamento que dirige la socialista María Jesús San José ha aplicado esta fórmula 12 veces desde 2025. La última beneficiaria es la exdirigente de ETA Soledad Iparraguirre, alias Anboto, que a partir de este lunes podrá salir durante el día de la prisión de Martutene (San Sebastián), en la que cumple condena.

Todo ello, a pesar de que sólo ha cumplido en España 6 de los 717 años de cárcel a los que ha sido condenada, por su participación en 14 asesinatos.

El Gobierno vasco aplicó la misma fórmula el pasado mes de febrero a Mikel Garikoitz Aspiazu Rubina, alias Txeroki, autor del intento de asesinato de la concejala socialista Esther Cabezudo, entre otros atentados.

Como Anboto, sólo había cumplido una mínima parte de los cerca de 400 años de cárcel a los que había sido condenado por distintos crímenes, desde que fue detenido en Francia en 2008.

La máxima responsable de estos beneficios penitenciarios otorgados a algunos de los más sanguinarios miembros de la banda terrorista es María Jesús San José (Sestao, Vizcaya, 1966), que el 24 de junio de 2024 asumió el cargo de consejera de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno Vasco.

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"No me canso de pedir a los presos que reconozcan el daño causado y que colaboren con la Justicia", afirmó en noviembre de 2024 en declaraciones a Radio Euskadi, preguntada por los beneficios penitenciarios que su departamento ha otorgado a terroristas de ETA.

Y el pasado mes de septiembre, con motivo del aniversario del asesinato de cuatro refugiados vascos, cometido en 1985 por mercenarios del GAL en el Hotel Monbar de Bayona, San José pidió perdón a las familias de las víctimas por "cuatro décadas de ausencia institucional y silencio social".

Que en el pasado dirigentes socialistas justificaran los crímenes del GAL, señaló, "sólo sirvió para causar aún más dolor, para erosionar la credibilidad de nuestra democracia y ensuciar las siglas de un partido político que hunde sus raíces en la defensa de los Derechos Humanos y de los valores democráticos".

Ya en una anterior etapa, entre noviembre de 2016 y septiembre de 2020, María Jesús San José ocupó el cargo de consejera de Trabajo y Justicia del Ejecutivo vasco, de acuerdo con los pactos suscritos entre el PNV y el PSE. Es diputada en el Parlamento vasco desde 2020.

Licenciada en Derecho por la Universidad de Deusto, comenzó a trabajar como asesora jurídica interina del Ejecutivo autonómico en 1994.

En 2010, durante el Gobierno de Patxi López, fue nombrada directora de la Secretaría de Gobierno y Relaciones del Departamento de Justicia y Administración Pública, que entonces dirigía Idoia Mendia.

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Desde que asumió las competencias en materia penitenciaria, el Gobierno vasco ha concedido 114 terceros grados a presos etarras, según los datos del Observatorio Penitenciario de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT).

Esta cifra incluye 20 terceros grados que han sido reiterados, después de los revocara la Audiencia Nacional.

La siguiente tabla, con datos de la AVT —confirmados, a su vez, por la hemeroteca y por publicaciones de Etxerat, el colectivo de presos de ETA— muestra el listado de terroristas beneficiados con un tercer grado desde junio de 2024, cuando María Jesús San José se convirtió en consejera de Justicia.

En abril de 2025, el Ejecutivo autonómico progresó de grado a Íñigo Vallejo Franco, condenado por tratar de cometer una serie de atentados con motivo de la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, que se celebró los días 21 y 22 de junio de 2002 en Sevilla.

El atentado quedó frustrado por la detención de su compañero de comando y la huida de Vallejo al país galo.

Ataques a periodistas

El pasado mes de enero, el Gobierno vasco otorgó el tercer grado a Asier García Justo, condenado por la colocación de la bomba con la que ETA intentó matar a los informadores Aurora Intxausti y Juan Palomo en 2000 en Donostia.

Las víctimas estaban casadas y tenían un hijo de sólo 18 meses cuando sucedió el ataque. A raíz del atentado, Intxausti y Palomo tuvieron que abandonar el País Vasco y necesitaron protección policial cuando lo visitaban.

También en febrero, la Consejería que dirige San José aplicó el tercer grado a Asier Arzalluz, uno de los asesinos del columnista de El Mundo José Luis López de Lacalle.

Como publicó EL ESPAÑOL, fue condenado por este crimen a finales de noviembre de 2024. La sentencia que le impone 30 años de cárcel subraya lo "abyecto" del atentado, que no sólo pretendía segar una vida, sino cercenar la libertad de opinión en el Euskadi de principios de siglo.

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En las páginas de El Mundo, López de Lacalle opinaba en contra de la actividad violenta de ETA, por lo que fue seleccionado como objetivo por la banda terrorista.

La sentencia también relata que Arzalluz, cuando fue juzgado, hace poco más de un año, no se arrepentía de este crimen.

Pero tras aquel fallo, sí ha redactado una carta sobre su historial delictivo, que menciona a López de Lacalle, lo que ha allanado el camino hacia su tercer grado.

Las asociaciones de víctimas tachan estas cartas de "fraudulentas" y las tildan de "paripé". A su juicio, no constituyen un arrepentimiento sincero ni una verdadera petición de perdón.

Muchas de ellas, además, incluyen referencias genéricas a "la violencia" o el "conflicto vasco", tal y como ha reprochado más de una vez la Justicia.

Arzalluz también trató de asesinar a la periodista Marisa Guerrero en enero de 2002, mediante el envío de un paquete-bomba a su domicilio.