Fracasa la operación para someter a Julio Iglesias a un proceso público en España como agresor sexual

La número dos de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, Marta Durántez, la fiscal que consiguió la condena de Luis Rubiales por dar un beso no consentido a la jugadora Jenni Hermoso, ha archivado la denuncia que el 5 de enero presentaron contra Julio Iglesias dos extrabajadoras, la dominicana M. A. F. y la venezolana S. A., bajo la dirección de Women's Link Worldwide.

Se trata de una ONG que se define como "feminista, antirracista, anticapacitista y anticolonial" y centra su objetivo "desmantelar barreras estructurales para traer justicia y derechos a las niñas, las mujeres y las personas de género diverso".

Durante estos 18 días, el rostro de Iglesias en tertulias de televisión y radio, en las que se ha recordado su fama de mujeriego, su fortuna millonaria o su adscripción política, ha sido una constante.

También en la portada de los periódicos, de forma casi diaria. No sólo en los españoles, sino —consecuencia de ser, quizá, el español vivo más internacional— en las de medio mundo.

Las denunciantes prestaron su testimonio, sin revelar sus identidades y con el rostro oculto, a los medios eldiario.es, español, y al latinoamericano Univisión.

Además de la supuesta agresión sexual, ambas mujeres acusaban al intérprete de Soy Un Truhán, Soy Un Señor de haberlas sometido a un férreo control de sus vidas privadas en las mansiones del cantante en Bahamas y República Dominicana, entre enero y octubre de 2021. Hace casi cinco años.

La noticia, como era de esperar, también causó un enorme revuelo en Latinoamérica, uno de los lugares donde es más célebre Julio Iglesias.

En lugar de acudir directamente a los Juzgados Centrales de Instrucción, Women's Link articuló una estrategia para que fuera la Fiscalía de la Audiencia Nacional la que asumiera como propia la denuncia de las extrabajadoras de Iglesias, cuyo contenido fue difundido el 13 de enero por los dos mencionados medios. Iglesias no ha podido acceder a la denuncia en ningún momento.

La estrategia no ha dado los resultados esperados. La denuncia era un forum shopping (foro de conveniencia) de libro. Women's Link eligió la jurisdicción española buscando un marco normativo más favorable a las denunciantes, pero sin haber puesto previamente los hechos en conocimiento de los jueces de los lugares donde presuntamente se cometieron: las residencias de Julio Iglesias en la República Dominicana y Bahamas.

"Los hechos deben ser perseguidos por los Estados directamente competentes, por ser donde ocurrieron los hechos y donde se encuentran las pruebas", recuerda Durántez en el decreto por el que archiva las diligencias preprocesales incoadas.

Lo ha dicho hasta la saciedad el Tribunal Supremo (y la propia Audiencia Nacional): no corresponde a España investigar hechos cometidos fuera de sus fronteras cuando otro Estado tiene competencia clara y efectiva para ello, sin que haya motivo para no iniciar las correspondientes acciones penales en el lugar donde habrían sucedido los hechos.

La Fiscalía española, dirigida por una jurista progresista experta en violencia contra las mujeres, Teresa Peramato, ha tomado declaración a las denunciantes por videoconferencia el miércoles y jueves pasado. Obtuvo un dato relevante: nunca viajaron con Iglesias a su residencia en España. No hay manera, por tanto, de aplicar el principio penal de territorialidad.

Tampoco ha prosperado la peculiar interpretación del principio de extraterritorialidad construido por la ONG que asesora a las denunciantes. Al margen de lo forzado de la tipificación del delito de trata de seres humanos, la Fiscalía no ha encontrado ningún punto de conexión personal o territorial con España, imprescindible para que pueda entrar en juego, de forma subsidiaria, la jurisdicción española.

La ley no autoriza a los tribunales españoles a erigirse en juzgadores universales sin elementos de conexión territorial o personal con España.

En este caso, ni las denunciantes son españolas ni residen en España ni los hechos ocurrieron aquí ni los jueces de los lugares donde se habrían producido se han negado a investigar.

La ley española no contempla una competencia automática de los tribunales nacionales por el solo hecho de que el denunciado sea español.

Además, el delito de trata denunciado (del que colgarían, por conexidad, los presuntos abusos y agresiones sexuales) exige "siempre" que "la persona a la que se impute la comisión del hecho delictivo se encuentre en España", lo que tampoco sucede con Julio Iglesias.

Al negar la jurisdicción española (como defendió el abogado de Iglesias, José Antonio Choclán), la Fiscalía no entra en el fondo de la denuncia: dirige a S. A. y M. A. F. a la Justicia de los lugares donde, según ellas, se produjeron los hechos.

La decisión de la fiscal Durántez no impide que las denunciantes acudan ahora directamente a los órganos judiciales. Pero es improbable que los Juzgados Centrales de Instrucción vean la jurisdicción española que el Ministerio Público niega.