El empresario Álvaro Romillo, en una imagen reciente.
El juez reitera el procesamiento por estafa del financiador de Alvise y desoye a la Fiscalía, que también le imputa fraude fiscal
La fiscal solicitó al instructor que revocase el procesamiento de Álvaro Romillo y practicase diligencias encaminadas a atribuirle también un delito fiscal.
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El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha confirmado el procesamiento de Álvaro Romillo, conocido como CryptoSpain y actualmente en prisión provisional.
Este empresario fue quien entregó 100.000 euros en efectivo al agitador Alvise Pérez durante su campaña a las últimas elecciones europeas, celebradas en junio de 2024.
Luis Pérez (nombre real de Alvise) obtuvo tres escaños en el Parlamento Europeo con la candidatura que encabezaba, denominada Se Acabó La Fiesta (SALF).
Calama ya propuso, el pasado diciembre, que Romillo fuese juzgado por estafa agravada, así como por pertenencia a organización criminal. Junto a él, procesó a otras nueve personas, entre las que se encuentran miembros de su familia, como su padre, su tío o su pareja.
A todos ellos les impuso una fianza solidaria de 250 millones de euros, como supuestos autores de una estafa por valor de 185 millones de euros y con 3.062 inversores perjudicados.
No obstante, la Fiscalía recurrió ese procesamiento, ya que también atribuye a Romillo un posible fraude a Hacienda. La fiscal del caso solicitó al juez que revocase su anterior auto de procesamiento y practicase más diligencias para averiguar si los investigados también cometieron delitos fiscales.
No obstante, en una resolución fechada el pasado 7 de enero, Calama confirma el procesamiento únicamente por estafa agravada y pertenencia a organización criminal.
El juez desoye así la petición de la fiscal del caso, aunque abre la puerta a que el Ministerio Público, una vez se efectúen varias diligencias que aún faltan por practicar, como la recepción de un informe policial, atribuya también un fraude fiscal a los investigados.
El juez indica que el auto de procesamiento "no cierra la instrucción". Lo hace el llamado auto de conclusión del sumario, que es el que cierra esta fase de investigación.
"Por tanto, el auto [de procesamiento] recurrido y la pretensión del Ministerio Fiscal no son incompatibles", señala Calama.
La petición de la Fiscalía también dividió a las víctimas de la supuesta estafa.
El letrado Víctor Soriano, representante de una parte de los denunciantes, se opuso a la petición de la fiscal del caso. Y pidió al juez que no anulase el procesamiento de Romillo, tal y como ha sucedido. ¿Por qué? El letrado considera que los supuestos delitos fiscales no son conexos a la supuesta estafa piramidal.
Por tanto, a su juicio, no deben ser investigados en esta causa judicial —en todo caso, en otra— ni encomendados a la Audiencia Nacional.
Por otro lado, otra parte de las supuestas víctimas sí apoyaron la solicitud de la Fiscalía. El despacho Zaballos Abogados, que representa a denunciantes diferentes, pidió, en sintonía con la fisca, que el juez practicase diligencias para cuantificar el supuesto delito fiscal.
