Juicio al fiscal general: la pregunta clave del presidente del tribunal y el testimonio de los periodistas

Quedan tres sesiones antes del visto para sentencia, durante las que será relevante el testimonio de seis periodistas y la comparecencia de los investigadores de la UCO que analizaron el borrado de las cuentas de correo y del móvil del fiscal general.

Y será trascendental, por supuesto, la declaración de García Ortiz. El tribunal le escuchará el último, después de que se practiquen todas las demás pruebas.

Así que quedan varios hitos de los que depende el resultado de este juicio sin precedentes, en el que se acusa a un fiscal general de un delito cometido desde su cargo.

Pero algunas cosas han quedado claras ya en la primera mitad de la vista oral. Una de ellas, que la 'conexión Moncloa' está fuera de este juicio.

La Sala no va a ocuparse de cómo llegó (con formato de carta) a Pilar Sánchez Acera, colaboradora de Óscar López, en aquel momento jefe del gabinete del presidente del Gobierno, el texto del correo de 2 de febrero de 2024.

Es el documento en el que el abogado de González Amador, Carlos Neira, ofrecía al fiscal un acuerdo de conformidad para zanjar la denuncia interpuesta contra el empresario por un presunto fraude tributario de 350.000 euros.

"Es voluntad firme de esta parte alcanzar un acuerdo de conformidad penal, reconociendo íntegramente los hechos (ciertamente, se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública)", escribió Neira.

Es el correo de cuya revelación se acusa al fiscal general.

El presidente de la Sala Penal, Andrés Martínez Arrieta, interrumpió el pasado miércoles el interrogatorio de la acusación particular a Juan Lobato, exsecretario general de los socialistas madrileños, para subrayar que la Sala de Apelación "ya retiró esa parte del objeto del proceso".

Esa parte son las supuestas "indicaciones recibidas [por el fiscal general] de Presidencia del Gobierno", en expresión del instructor, Ángel Hurtado. Algo que "no ha sido acreditado", estableció la Sala de Apelación el pasado julio.

Quién propuso el acuerdo

También ha quedado claro que el embrollo que ha acabado con el fiscal general acusado de revelación de secretos arrancó a las 20:22 del 13 de marzo de 2024, cuando el jefe de prensa de la Fiscalía Superior de Madrid, Íñigo Corral, recibe una llamada de un periodista que "me advierte de que Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Díaz Ayuso, está filtrando a la prensa un correo del fiscal del caso donde afirma que se ha ofrecido un pacto de conformidad a González Amador".

Corral avisó a su jefa, Almudena Lastra, "que me dice que eso es falso". La fiscal superior de Madrid, a su vez, previno al fiscal general.

En ese correo, fechado el 12 de marzo de 2024, el fiscal Julián Salto envía a Neira la denuncia que ha interpuesto contra González Amador y le indica que la existencia de más personas denunciadas "no será obstáculo para poder llegar a un acuerdo si usted y su cliente lo estiman posible".

El correo de 12 de marzo apareció publicado a las 21:29 horas del día siguiente en El Mundo, con el título La Fiscalía ofrece a la pareja de Ayuso un pacto para que admita dos delitos fiscales.

Esa noticia desencadenó una frenética actividad en la Fiscalía General en la noche del 13 de marzo para hacer acopio de los correos intercambiados entre Neira y Salto con el fin de desmentir que la propuesta de pacto hubiera partido del Ministerio Público.

Quién propuso alcanzar un acuerdo de conformidad puede parecer irrelevante solo si se prescinde del contexto. Desde el 12 de marzo de 2024, cuando eldiario.es empieza a publicar la denuncia contra González Amador y el expediente tramitado contra él por la Agencia Tributaria, desde la Puerta del Sol se inicia una campaña para poner de manifiesto que González Amador "está sufriendo una inspección salvaje" y "los poderes del Estado están filtrando datos de un particular para intentar destruir a Ayuso". "Todo muy turbio".

En ese escenario, que se afirmase -falsamente- que desde la Fiscalía se había hecho una oferta a la pareja de la presidenta madrileña para que asumiera una condena como defraudador hizo saltar las alertas en Fortuny, donde se entendió que el entorno de Ayuso estaba tratando de implicar al Ministerio Público en una maniobra política.

Antes de que, a las 10:20 horas del 14 de marzo se hiciera pública una nota de prensa de la Fiscalía aclarando que la oferta de pacto había partido del abogado de González Amador a través del correo de 2 de febrero, la literalidad de este documento ("ciertamente, se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública") fue difundida por primera vez por la Cadena Ser a las 23:25 horas del 13 de marzo.

Pruebas

El fiscal general tuvo acceso a ese correo una hora y media antes, a las 21:59 horas. No hay una prueba de cargo directa de que la filtración a la Cadena Ser fuera realizada por García Ortiz. Pero la jurisprudencia está plagada de condenas basadas un conjunto de indicios probados y plurales, siempre que converjan en la misma dirección y permitan hacer una inferencia lógica y racional, sin explicación alternativa plausible.

La defensa desplegó la pasada semana una estrategia destinada a neutralizar que la filtración pudiera provenir de García Ortiz, tanto si la acusación es que él reveló el correo de 2 de febrero a la Cadena Ser como si fue "una actuación coordinada e impulsada personalmente por él", según dijo la Sala de Apelación, es decir, aunque la filtración material fuera de otro miembro de la Fiscalía.

En esa estrategia juega un papel determinante el testimonio de los periodistas que van a declarar mañana (de la Cadena Ser y de El País) y el de los que lo hicieron la pasada semana, de La Sexta y eldiario.es.

Si los periodistas tenían antes de las 21:59 horas del 13 de marzo el correo de 2 de febrero, se terminan todos los problemas del fiscal general. Y para ello bastaría introducir una duda razonable.

Los informadores que declararon la pasada semana se acogieron al derecho constitucional al secreto profesional para no revelar sus fuentes. Harán lo mismo los que deben comparecer mañana. Pero el ordenamiento jurídico no otorga a los periodistas un régimen privilegiado y distinto al del resto de testigos, cuya credibilidad objetiva depende de que exista una mínima corroboración de lo que afirman.

La web de La Sexta difundió a las 22:10 horas del 13 de marzo una noticia que, desmintiendo a El Mundo, aclaraba que fue la pareja de Ayuso la que ofreció a la Fiscalía un pacto para "admitir dos delitos fiscales y uno de falsedad documental".

Está acreditado que esa información se manejó en un chat de periodistas de La Sexta a las 21:54 horas, es decir, antes de que el correo del 2 de febrero estuviera en poder de García Ortiz.

Pero la propia defensa admite que ni en el chat ni en la posterior información difundida en la web a las 22:10 horas se citaba la existencia del correo. Tampoco se reprodujo su literalidad.

Más aún, La Sexta incluyó en la oferta de pacto de Neira el delito de falsedad documental que el correo del abogado ni siquiera mencionaba.

Por ello, el interrogatorio del periodista de esa cadena Alfonso Pérez Medina fue insistente en torno a la cuestión de si accedió realmente o no al correo de 2 de febrero antes de las 21:59 horas del 13 de marzo.

La única pregunta

La falta de una respuesta clara y concluyente llevó al presidente de la Sala a formular la única pregunta que ha hecho hasta ahora a lo largo del juicio:

- ¿Ustedes tenían noticia del contenido del correo o la literalidad el correo?

- Vamos a ver, creo que entrar en si teníamos el correo de forma íntegra, si era un pantallazo, si me lo dictaron puede afectar al derecho al secreto profesional.

- Quiero decir si era literal o era comunicado oralmente o por una fuente, insistió Martínez Arrieta

- Evidentemente, en la noticia que damos a las 06:44 está literal, teníamos el contenido literal del correo que manda Neira, respondió el periodista, remitiéndose a una hora muy posterior al momento controvertido.

La pregunta del presidente del tribunal es clave. Si la revelación de secretos estuviese en la difusión de la literalidad del 'email' de Neira (el famoso "ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública"), el hecho de que antes de las 21:59 horas del 13 de marzo varios informadores conocieran de forma genérica que se había planteado una propuesta de conformidad podría considerarse insuficiente como prueba de descargo.

El periodista de eldiario.es José Precedo aseguró que recibió impreso un pantallazo del correo de Neira el 6 de marzo, es decir, siete días antes de que lo conociera García Ortiz. Y enfatizó que el fiscal general "no me ha dado un papel en la vida".

Pero las acusaciones pusieron de manifiesto que eldiario.es no publicó la literalidad del correo de 2 de febrero hasta las 01:25 horas del 14 de marzo, y lo hizo en una información que citaba a la Cadena Ser.

El informador explicó que a esa hora fue "cuando tengo comprobado" que la propuesta de pacto sale de Neira y no de Salto.

Y subrayó, como prueba de que tenía el correo de 2 de febrero desde hacía varios días, el hecho de que la exclusiva de la denuncia contra González Amador publicada el 12 de marzo se titulaba La pareja de Ayuso defraudó 350.951 euros a Hacienda con una trama de facturas falsas y empresas pantalla.

"Si solo hubiéramos tenido la denuncia no nos hubiéramos atrevido a titular así. Lo hicimos porque teníamos el correo" de Neira, aseguró en una manifestación novedosa, que no hizo en la fase de instrucción.

La acusación popular que ejerce el Colegio de la Abogacía de Madrid puso en duda el testimonio del informador: el correo de 2 de febrero no podía servir, dijo, para apuntalar un titular que afirmaba la existencia de facturas falsas y empresas pantalla, ya que Neira solo asumió los delitos fiscales y no se refirió en absoluto al delito de falsedad.