Las 5 claves del histórico juicio al fiscal general: el presidente del tribunal pide a las partes que "eviten la polarización"

Fiscal general desde hace tres años y tres meses, son solo 13 horas -las que transcurrieron entre las 21:29 horas del 13 de marzo de 2024 y las 10:22 horas del día siguiente- las que motivaron la apertura de un proceso penal que le ha colocado en una situación sin precedentes en la etapa constitucional: la cabeza de la institución que vela por la legalidad, acusada de un delito cometido en el ejercicio de su cargo por el que le piden entre seis y cuatro años de prisión.

Según las acusaciones particular y populares, entre las que destaca el Colegio de la Abogacía de Madrid, García Ortiz filtró a determinados medios datos tributarios de carácter confidencial relacionados con el empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Y lo hizo "para construir un relato institucional" que permitiera atacar políticamente a Isabel Díaz Ayuso. A partir de esa filtración, su novio pasó a ser llamado 'defraudador confeso' por los miembros del Gobierno y los dirigentes del PSOE.

"De haber mantenido González Amador una relación sentimental con cualquier otra persona o no haber mantenido ninguna, jamás se habrían producido esas delictivas conductas", afirma el escrito de acusación de Gabriel Rodríguez Ramos, abogado del empresario.

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Para la defensa, por el contrario, es el "aparato institucional de la Comunidad de Madrid", y en concreto el jefe de gabinete de la presidenta, Miguel Ángel Rodríguez, el que pone en marcha una "operación perfectamente orquestada" para "construir un relato alternativo" que neutralizase el daño a Ayuso por la comprometida situación penal de González Amador.

El empresario está encausado por un fraude a la Hacienda Pública de 350.951 euros, que habría cometido en parte cuando ya era pareja de Ayuso.

Según la Abogacía del Estado, que defiende a García Ortiz, ese "relato alternativo" consistió en "presentar a González Amador como la víctima de una operación política" del Gobierno y de la Fiscalia.

Reunión en el Supremo

Estas connotaciones hacen que el juicio trascienda a García Ortiz e incluso a su cargo: su condena o su absolución serán, seguro, utilizadas políticamente por unos y por otros.

Consciente de las singulares repercusiones del caso, el presidente de la Sala Penal del Tribunal Supremo, Andrés Martínez Arrieta, se reunió el pasado viernes con las partes.

Acompañado de la magistrada ponente, Susana Polo, el encuentro -frecuente en otros órganos judiciales ante juicios complejos, pero insólito en el Tribunal Supremo- se convocó para solventar cuestiones de intendencia: la distribución de los limitados asientos en estrados, el tiempo de las intervenciones, la duración prevista de las cuestiones previas.

Álvaro García Ortiz entrando al Supremo en el primer día de juicio. Susana Vera Reuters

Pero Martínez Arrieta buscaba algo más. Quería pedir a las partes que hicieran un esfuerzo por evitar la confrontación y los juicios de valor ajenos a lo jurídico.

En sus palabras, que el juicio no se viera "contaminado" por la "polarización" que se vive extramuros del Palacio de Justicia.

Estas son las principales claves de la vista:

1) Así será el juicio

El juicio se celebrará durante las próximas dos semanas en seis sesiones de lunes a miércoles, mañana y tarde.

Tendrá lugar en la sala asignada en el Tribunal Supremo a la jurisdicción penal. En ella se han celebrado otros juicios relevantes como el del caso Naseiro, relacionado con la financiación irregular del PP; el de la 'mesa nacional' de Herri Batasuna o, en fechas recientes, el del exdiputado de Podemos Alberto Rodríguez.

El tribunal descartó utilizar el imponente salón de plenos del TS, donde tuvo lugar el juicio del 'procés', y también desechó la posibilidad de retransmitirlo en directo. Aquel caso era muy diferente al actual: la Sala Penal temía un 'juicio de ruptura' y tenía el máximo interés en que todo el mundo presenciara, sin filtros, cómo actuaba.

La vista comenzará por las cuestiones previas cuya exposición han anunciado en la reunión del viernes la defensa y el Ministerio Fiscal.

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, sentado en estrados en el interior del Supremo. Efe

Este último estará representado, como hasta ahora, por la teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, y estará reforzado por el fiscal superior de Extremadura, Francisco Javier Montero. Éste ya intervino en la etapa inicial del proceso, cuando todavía no estaba encausado el fiscal general y la instrucción se desarrollaba en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

La Fiscalía planteará que la Sala Penal modificó el objeto del procedimiento. El TSJM lo centró en una nota de prensa sobre González Amador difundida por la Fiscalía el 14 de marzo de 2024, mientras que el Supremo no vio indicios delictivos en la nota y el proceso 'mutó' a la previa difusión de un correo electrónico en el que la defensa del empresario admitía que éste defraudó.

Sostendrá, asimismo, la nulidad de los registros -también sin precedentes- acordados por el instructor del Supremo, Ángel Hurtado, en los despachos del fiscal general y de la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez.

Están convocados 38 testigos, entre ellos ocho fiscales, 12 periodistas, González Amador y Miguel Ángel Rodríguez.

2) Único acusado

Tras la exoneración de Pilar Rodríguez por la Sala de Apelación y del teniente fiscal de la Secretaría Técnica del fiscal general, Diego Villafañe, por el propio instructor, García Ortiz ha quedado como acusado único.

Pero no se sentará en el banquillo, tal como permite la ley en el caso de los juristas. García Ortiz ha pedido estar en estrados junto a sus defensores, la exabogada general del Estado Consuelo Castro e Ignacio Ocio. Fuentes de la Fiscalía señalan que vestirá la toga de fiscal general.

Tendrá enfrente a la acusación particular de González Amador y las acusaciones populares del Colegio de la Abogacía de Madrid, Manos Limpias, Foro Libertad y Alternativa (con las acusaciones acumuladas de Hazte Oír y Vox) y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales.

El acusador particular pide cuatro años de prisión, la pena más alta correspondiente al delito que regula el artículo 417.2 del Código Penal.

Este precepto castiga a la autoridad o funcionario público que revele secretos de un particular de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deban ser divulgados.

La acusación particular pide también una multa de 108.000 euros, la suspensión de empleo durante tres años (posterior al cumplimiento de la pena privativa de libertad) y la pena accesoria de inhabilitación especial para el cargo de fiscal general del Estado.

Con el apoyo férreo del Gobierno, incluido el del propio presidente Sánchez, García Ortiz ha soportado el vía crucis de la instrucción sin dimitir y llega a la vista como fiscal general, pese a las peticiones de amplios sectores de la carrera fiscal de que renunciara al cargo.

3) Los hechos

La acusación se centra, de modo principal, en la difusión en la Cadena Ser del contenido de un correo electrónico que Carlos Neira, defensor de González Amador en el expediente abierto contra él en la Agencia Tributaria, envió el 2 de febrero de 2024 a la Fiscalía de Delitos Económicos.

En ese correo Neira proponía un acuerdo de conformidad y afirmaba que "ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública".

Esa frase incriminatoria para González Amador, escrita en su nombre por su propio abogado, fue difundida por primera vez en el programa informativo de la Ser a las 23:25 horas del 13 de marzo de 2024.

La información aclaraba que la propuesta de alcanzar un acuerdo de conformidad (con una rebaja de la pena de cárcel a cambio de asumir los hechos y pagar la multa) provino del defensor del empresario.

Desmentía, así, una noticia publicada por El Mundo a las 21:29 horas del 13 de marzo titulada La Fiscalía ofrece a la pareja de Ayuso un pacto para que admita dos delitos fiscales.

Ese titular era "radicalmente falso" y ese medio difundió una "información tergiversada", señala el escrito de defensa del fiscal general.

Es esa falsedad la que llevó a García Ortiz a pedir a Pilar Rodríguez, a las 21:34 horas del 13 de marzo, que recabara del fiscal del caso, Julián Salto, todos los correos que se intercambió con Neira desde el 2 de febrero anterior.

La finalidad era hacer una nota de prensa aclaratoria de la conducta de la Fiscalia de Madrid, que, a juicio de García Ortiz, había sido puesta en entredicho al darse a entender que habría actuado con motivaciones políticas (que la pareja de Ayuso admitiera los delitos) y no profesionales. La nota fue finalmente difundida el 14 de marzo a las 10:22 horas.

Está acreditado que el fiscal general recibió el último correo entre Salto y Neira a las 23:36 horas del 13 de marzo. Pero el primer correo -"ciertamente, se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública"- llega a su poder a las 21:59 horas.

4) Las pruebas

No hay pruebas directas de que García Ortiz filtrase el correo de 2 de febrero a la Cadena Ser.

Si la Sala le condena, tendrá que basarse en pruebas indiciarias reflejadas en la instrucción de Hurtado, que la Sala de Apelación ha respaldado.

Los escritos de acusación mencionan la secuencia cronológica de los hechos: un correo electrónico que no se filtra durante seis semanas, es revelado justo cuando llega al fiscal general.

Además, a diferencia de lo que ocurría con el expediente tributario, los correos entre Neira y Salto fueron conocidos por un universo reducido de personas.

También mencionan que García Ortiz pidió a la fiscal jefe de Madrid que le reenviase los correos a su dirección particular de Gmail, no a la oficial. Ello "le permite después borrar el registro de operaciones", afirma la acusación particular.

Las acusaciones añaden otros tres datos.

En primer lugar, los mensajes de Whatsapp de Pilar Rodríguez en los que se "imagina" que "se ha dado publicidad por FGE". Esto se refiere al expediente de la Agencia Tributaria y la denuncia contra González Amador, difundido todo ello a partir por eldiario.es desde la mañana del 13 de marzo.

En segundo término, el testimonio de cargo de la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, que ha declarado ante el instructor que reprochó a García Ortiz la filtración de los correos.

Finalmente, el hecho de que el fiscal general borrase su teléfono móvil y cambiara de dispositivo.

Para la defensa, ninguno de esos datos permite atribuir al fiscal general la filtración del correo de 2 de febrero.

La coincidencia cronológica era lógica: tanto desde la Fiscalía General como desde los medios se estaba intentando comprobar si era cierta la noticia de El Mundo.

La Abogacía del Estado argumenta también que el borrado de la cuenta particular de García Ortiz solo se produce cuando, tras la difusión de un informe de la UCO con numerosos datos personales, su seguridad se ve amenazada.

Sobre el borrado del móvil, la defensa sostiene que era una "práctica regular" del fiscal general, dada la trascendencia y sensibilidad de la información que maneja.

El escrito de defensa también indica que fue el propio abogado de González Amador el que rompió la confidencialidad de sus comunicaciones con el fiscal Salto: está acreditado que mandó el correo del 2 de febrero a un abogado del Estado ajeno al asunto. Y remitió a su cliente -y éste a Miguel Ángel Rodríguez- un correo de Salto a Neira difundido por El Mundo. Rodríguez ha admitido haber filtrado información a este medio y a otros, incluido ese correo del fiscal al letrado.

Pero, sobre todo, la defensa se apoya en los periodistas de varios medios que aseguran haber conocido el contenido del correo de 2 de febrero antes de que el documento llegara al fiscal general. Éste es un elemento crucial porque decaería la acusación contra García Ortiz.

5) La Sala

El tribunal que juzga a García Ortiz está presidido por Martínez Arrieta e integrado por Juan Ramón Berdugo, Manuel Marchena, Antonio del Moral, Carmen Lamela, Ana Ferrer y Susana Polo, esta última, designada ponente de la sentencia.

En términos de sensibilidad ideológica, la Sala tendría una mayoría de cuatro magistrados conservadores, mientras que tres (Arrieta, Ferrer y Polo) son considerados progresistas.

Aunque la atribución de etiquetas ideológicas es arriesgada en el Tribunal Supremo, en este caso ya se ha registrado una fractura de ese tenor: la Sala de Apelación convalidó la decisión del instructor de llevar al fiscal general a juicio gracias a los votos de dos magistrados conservadores (Julián Sánchez Melgar y Eduardo de Porres) y con la discrepancia del progresista Andrés Palomo.