El fiscal critica que se acuse a Begoña Gómez "más allá de lo ético y lo estético" por su "mera relación conyugal" con Sánchez

Así se ha pronunciado el Ministerio Público en un escrito fechado este mismo lunes. En él, no obstante, admite que ésa es su postura "más allá de consideraciones éticas o estéticas" y de la "conveniencia o inconveniencia de ciertas actuaciones", que no concreta.

De esta forma, el fiscal se opone a la tesis del juez instructor de esta causa, Juan Carlos Peinado, quien, en una resolución reciente, sostuvo que, "sin su vínculo con el presidente del Gobierno", Begoña Gómez "difícilmente" habría podido cometer las  conductas por las que ahora se la investiga.

Fragmento del escrito de Fiscalía.

Peinado atribuye a la esposa de Sánchez un total de cinco delitos: malversación de caudales públicos —que se tramita, por un lado, en una pieza separada—, tráfico de influencias, corrupción en los negocios privados, apropiación indebida e intrusismo profesional —que se investigan, conjuntamente, en la llamada pieza principal—.

Este lunes, el juez citó a las partes en su Juzgado para comunicarles que, de producirse un juicio por los últimos cuatro delitos del listado, se celebrará ante un jurado popular. Es decir, ante nueve ciudadanos elegidos por sorteo e inexpertos en Derecho.

En dicho acto, el abogado de Begoña Gómez, el exministro Antonio Camacho, ha solicitado el archivo de este procedimiento, al igual que la Fiscalía.

El pasado 27 de septiembre, Peinado hizo lo propio con la otra pieza de la causa: citó a las partes en su Juzgado para comunicarles que la rama del caso relativa a la supuesta malversación también se juzgaría ante un jurado, llegado el caso.

En aquel acto, tanto la Fiscalía como Camacho solicitaron, igualmente, el sobreseimiento de la causa. El abogado defensor y el Ministerio Público consideran no existe ningún indicio de que Begoña Gómez cometiese un delito de malversación.

Este lunes, ambos han hecho lo mismo con respecto a los cuatro ilícitos restantes, los de la pieza principal (tráfico de influencias, corrupción en los negocios privados, apropiación indebida e intrusismo profesional).

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Por su parte, las acusaciones populares del caso Begoña, lideradas por Hazte Oír, han pedido al juez Peinado que cite a declarar, como testigo, a Pedro Sánchez, acerca de la supuesta apropiación, por parte de su esposa, de un software desarrollado por varias empresas en favor de la cátedra universitaria que Gómez co-dirigió hasta 2024.

La asistente en Moncloa

Este lunes, también ha solicitado el archivo de la causa el abogado de Cristina Álvarez, la asistente de Begoña Gómez en Moncloa.

El letrado José María de Pablo considera que las acusaciones populares no han sido capaces de describir ningún comportamiento que suponga ni tráfico de influencias ni corrupción en los negocios privados. Éstos son los dos únicos ilícitos que el magistrado atribuye a Álvarez en la pieza principal del caso Begoña.

El primero de ellos exige que la influencia para obtener un beneficio se ejerza sobre un funcionario, lo que De Pablo considera, en este caso, inexistente.

El letrado de Álvarez también ha puesto en cuestión que esta pieza, la principal del caso, deba tramitarse por el procedimiento de jurado.

Considera De Pablo que el tráfico de influencias, el único delito de todos los cuatro cuyo enjuiciamiento está previsto ante un jurado, no tiene una "conexión funcional" con los otros tres (corrupción en los negocios privados, apropiación indebida e intrusismo profesional).

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El pasado día 27, el abogado de la asesora de Begoña Gómez también solicitó el archivo de la pieza del caso en la que se investiga supuesta malversación.

El juez atribuye este delito tanto a la esposa de Sánchez como a su asistente debido a que esta última, pagada con dinero público, realizó gestiones en favor de los negocios privados de Begoña Gómez.

Cristina Álvarez, asesora de Begoña Gómez en Moncloa. Efe

Por ejemplo, gestionó las finanzas de la mencionada cátedra. A su vez, este mismo lunes, Peinado ha solicitado a la empresa Amazon que le remita información sobre los dominios y predominios de una página web registrada a su nombre por Begoña Gómez.

El juez quiere conocer la fecha desde la que el servidor presta servicio, el nombre completo del cliente y los usuarios autorizados, debido a que la esposa de Pedro Sánchez ofreció, de forma gratuita, en dicha página los servicios de una herramienta digital con las mismas características que el citado software.

Por todo ello, Peinado ha ofrecido a la Universidad Complutense que se persone como perjudicada en esta pieza de la causa, debido a la supuesta apropiación indebida de este sistema informático, que Gómez niega.

Así las cosas, la Fiscalía aboga por archivar la causa para ambas investigadas en relación a todos los delitos.

En el mencionado escrito, el Ministerio Público descarta "influencia" o "prevalimiento" en la actuación de Begoña Gómez sobre su asistente. "Menos aún resulta posible atribuir y construir un delito de tráfico de influencias respecto de Cristina Álvarez", insiste el fiscal.

"Respecto al resto de delitos, lo mismo. Salvo que queramos forzar los tipos penales, acudir a hipótesis fabulosas y ausentes de correlación con lo actuado y con presunciones en contra de los investigados", finaliza.