Pedro Sánchez conversa con el ministro de Justicia, Félix Bolaños, en la bancada ministerial del Congreso, el pasado 17 de septiembre.
El PSOE incumple su propia propuesta de que los partidos no sean acusación popular: se persona en 4 casos contra el PP
Pese a su postura parlamentaria, el Partido Socialista ejerce desde hace unos meses la acción popular en los casos más rentables mediáticamente.
Más información: El PSOE se persona en la causa de la dana 40 días después de proponer vetar a los partidos ejercer la acusación popular
Señala el refrán que del dicho al hecho hay un trecho. Así ha sucedido con la propuesta del PSOE, registrada formalmente en el Congreso el pasado enero, que planteaba que los partidos políticos no puedan ejercer la acusación popular en casos judiciales.
Desde que se presentó aquella proposición de ley, el mismo Partido Socialista que la firmó se ha personado —sí, como acusación popular— en ciertas causas que afectan al PP. Las más mediáticas, las que otorgan más rédito político.
Tanto la Ley Orgánica del Poder Judicial como la Constitución recogen la participación de la ciudadanía en la Administración de Justicia. Ambas normas amparan la figura de la acusación popular, a través de la cual una entidad, generalmente, se persona en una causa judicial para defender intereses públicos o colectivos.
A diferencia de la acusación particular, la acción popular no la ejercen los damnificados por los hechos investigados. La personación, eso sí, exige el pago de una fianza.
En los últimos nueve meses, el PSOE (o alguna de sus ramas regionales) se ha convertido en acusación popular en las principales causas judiciales que afectan al PP.
Causas contra Ayuso
En Madrid, los socialistas se han sumado al procedimiento en el que están siendo investigados tres ex altos cargos de la Comunidad por la gestión de las residencias de ancianos durante la pandemia de la Covid-19.
Lo hicieron en mayo de 2025, apenas cuatro meses después de haber presentado una proposición parlamentaria que, de haberse convertido en una ley, se lo habría impedido.
Además, también en Madrid, el PSOE ejerce la acusación popular en la causa en la que está investigado por fraude fiscal el empresario Alberto González Amador, novio de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.
El Partido Socialista, incluso, podrá pedir penas de cárcel para él. También, durante toda la instrucción, ha tenido acceso a la documentación de la causa y ha podido solicitar diligencias, al igual que Más Madrid.
La causa sobre la dana
Por otro lado, tan sólo 40 días después de registrar su proposición en el Congreso, la rama valenciana del PSOE se personaba en la causa judicial sobre la dana.
En ella, por ejemplo, está investigada la exconsellera Salomé Pradas, del PP. Y, políticamente, a nivel tanto nacional como regional, el PSOE esgrime recurrentemente este procedimiento para atacar al presidente de la Comunitat, Carlos Mazón.
![Alberrto Núñez Feijóo, este sábado en Asturias junto a los barones regionaleas de su partido.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2025\/01\/11\/espana\/politica\/915668616_252262674_320x180.jpg"])
Además del PSPV, en esta causa también están personados como acusación popular otros partidos. ¿Cuáles? Entre otros, Ciudadanos, Compromís, Podemos y Vox.
Estos dos últimos —especialmente, Vox— son parte habitual en otras tantas causas judiciales de especial interés mediático.
El 'caso Montoro'
Los socialistas también son acusación popular en el llamado caso Montoro. En él, figura como investigado el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, quien fue uno de los hombres fuertes del Gobierno de Mariano Rajoy.
La causa ha estado bajo secreto de sumario desde el 2018. Se levantó a mediados del pasado julio. Y el PSOE ha sido aceptado el 12 de junio como acción popular.
Como publicó EL ESPAÑOL, la defensa de Equipo Económico, el despacho que fundó Montoro, solicitó la unificación de todas las acusaciones populares de la causa.
Ello supondría que compartiesen abogado el PSOE junto a los partidos Vox y Iustitia Europa; los sindicatos Manos Limpias y CGT, Sociedad Humana y la Asociación de Defensa Integral de Víctimas de Delito Especializada.
![El portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López, ha presentado este viernes la proposición de Ley en el Congreso de los Diputados.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2025\/01\/10\/espana\/politica\/915419295_252248440_320x180.jpg"])
Todo ello, pese a las evidentes diferencias ideológicas de estas entidades. De hecho, Manos Limpias ejerce la acusación en la causa en la que está investigada Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez. También, en el procedimiento por el que, previsiblemente, irá a juicio David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.
También está personado como acusación popular en el caso Montoro —en su caso, a título individual— Luis José Sáenz de Tejada Vallejo. Este antiguo juez fue expulsado de la carrera debido a su condena por malos tratos hacia su pareja.
Sáenz de Tejada, abogado en la actualidad, fue denunciado por la asociación Hazte Oír, que asegura que éste se compinchó con Leire Díez, la fontanera del PSOE, para tratar de maniobrar en contra de Beatriz Biedma, la magistrada que investigó y mandó a juicio al hermano de Sánchez.
La defensa de Equipo Económico, el despacho de Montoro, pidió al juez Rubén Rus que agrupe a todas las acciones populares. Tirando de ironía, el letrado señaló que "seguro que a todos (...) les anima el noble deseo de colaborar con la administración de justicia penal".
"Y seguro que precisamente, para facilitar esa finalidad compartida, tendrán la generosidad de sacrificar posibles intereses particulares, sabedores de que eso redundará en mayor eficacia y agilidad en la consecución de esos objetivos comunes", añadió.
Los contratos del SAS
El PSOE también se ha personado recientemente en la causa judicial abierta por el supuesto fraccionamiento de contratos en el Servicio Andaluz de Salud (SAS).
En este procedimiento fueron citados a declarar como investigados los tres últimos gerentes del SAS y, como testigos, la actual viceconsejera de Economía.
En una rueda de prensa celebrada el pasado 5 de septiembre, la portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Socialista, Ángeles Férriz, señaló que el presidente andaluz, Juanma Moreno, del PP, "no podía tener peor comienzo de curso".
![El exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, durante un acto celebrado enmayo de 2018.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2025\/07\/19\/actualidad\/1003743855157_257421258_320x180.jpg"])
La figura de la acción popular, ejercida por los partidos políticos, lleva años siendo polémica. Problemática, en algunos casos. En ocasiones, debido a la gran cantidad de entidades que se personan, los jueces o tribunales optan por agruparlas.
Así sucedió, por ejemplo, en el llamado caso Hidrocarburos, en el que está investigado, entre otros, el empresario Víctor de Aldama.
La Audiencia Nacional ordenó unificar las acciones populares. Y al PSOE, parte también de esta causa, le tocó compartir abogado representante con PP, Vox y Iustitia Europa y las asociaciones Hazte Oír y Liberum.
El letrado del Partido Socialista se opuso a enviar al Tribunal Supremo una parte de esta causa, la que afectaba tangencialmente al exministro socialista José Luis Ábalos. Y acusó al resto de acciones populares de haberlo solicitado sin consultarle.
"La unificación sólo puede funcionar sobre la base de la coordinación y el consenso, pero no sobre la base de permitir que uno sólo de los agrupados, favorecido por el aleatorio criterio [de ser el más rápido en personarse], proponga lo que se le antoje hablando en nombre de todos", señaló el letrado del PSOE en un escrito.
La causa contra Alvise
La proposición del PSOE para limitar el ejercicio de la acusación popular tampoco es novedosa. Ya en 2017, el Partido Popular, atenazado por ciertos escándalos de corrupción, planteó evitar que ciertos colectivos o personas, "sin verse afectadas", hicieran un uso "torticero" de la Justicia para "perjudicar a un tercero".
Así lo criticó el entonces portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Rafael Hernando.
El dirigente también criticó "el uso que hacen de los tribunales algunos partidos para ganar lo que no ganan en las urnas". Sin embargo, aquella propuesta, a la vista está, no fructificó.
Y en 2018, la moción de censura encabezada por Pedro Sánchez desalojó a Rajoy de la Moncloa. Como principal argumento, el PSOE esgrimió la primera de las sentencias del caso Gürtel, en algunas de cuyas ramificaciones estuvieron personados los socialistas.
Asimismo, el Supremo, previo pago de una fianza de 15.000 euros, permitió que el PSOE se personara en la causa judicial abierta contra Alvise Pérez.
El agitador, convertido hoy en eurodiputado, recibió 100.000 euros en efectivo de un empresario durante la campaña de las elecciones europeas.
Luis Pérez (nombre real de Alvise), al igual que su financiador, Álvaro Romillo, está investigado por el Supremo por un supuesto delito de financiación ilegal de partidos.
La 'Kitchen'
El PSOE, de hecho, también participará, como acusación popular, en el juicio contra la trama Kitchen, en el que se sentarán en el banquillo, entre otros, el exministro Jorge Fernández Díaz y el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez.
Ambos están acusados de haber participado en la operación parapolicial de espionaje contra Luis Bárcenas, extesorero del PP.
Fernández Díaz y Martínez fueron piezas clave en el Gobierno de Mariano Rajoy. Y el Partido Socialista podrá solicitar —al igual que puede hacerlo la Fiscalía Anticorrupción o el propio Bárcenas, que ejerce la acusación particular— que ambos vayan a prisión. El partido Podemos también ejerce la acción popular en el caso Kitchen.
