La Intervención del Estado dice que los contratos a Barrabés que Begoña Gómez apoyó fueron 'injustos', 'ilegales' y 'arbitrarios'

El extenso informe, fechado el pasado 2 de agosto, ha sido incorporado también a la investigación que lleva a cabo el juez Juan Carlos Peinado sobre las actividades de la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez.

El documento no hace una referencia específica a las dos cartas de apoyo a Barrabés que Gómez firmó en julio de 2020, un año antes de la adjudicación, como co-directora de un máster de transformación social competitiva en la Universidad Complutense de Madrid.

Y precisa que "se desconoce" si Red.es valoró el número de cartas de apoyo presentadas o las características de las entidades de las que provenían.

La carta de Gómez señalaba que "la dirección del Máster es conocedora de la iniciativa de Barrabés y The Valley, promovida por Red.es y FSE [Fondo Social Europeo]. Por medio de la presente, manifestamos nuestro apoyo a dicho programa, que persigue detectar, formar e incorporar al mercado digital a jóvenes desempleados".

"Asimismo", añadía, "mostramos nuestra intención de colaborar activamente en la difusión de sus convocatorias en nuestro ámbito de actuación que pudieran estar interesados".

Gómez fichó como profesor de ese máster a Barrabés, que también la asesoró para la creación de la posterior cátedra extraordinaria en la UCM.

Las empresas de Barrabés fueron adjudicatarias de tres contratos de Red.es -entidad pública empresarial adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, que dirige Óscar López- por importe total de 10.974.317 euros, sin IVA.

El objeto de dos contratos era la “Formación empleo juvenil para la economía digital”, mientras que el tercero consistía en un “Servicio de formación para personas desempleadas”.

"Barrabés y The Valley"

El informe del interventor llama la atención sobre el hecho de que, en los informes de valoración hechos por Red.es, las uniones temporales de empresas con las que concurrieron las sociedades de Barrabés no aparecen por su nombre empresarial (UTE Innova Next SLU y The Valley Digital Business School S.L.) sino por el de “Barrabés y The Valley".

Ese nombre, con la mención personal a Barrabés, es precisamente el que aparecía en las cartas de apoyo de Begoña Gómez.

En las ofertas de las UTES de Barrabés se hacía referencia a acuerdos con empresas e instituciones y, en relación con dichos acuerdos, se aludía a cartas de apoyo adjuntadas en la oferta.

El interventor afirma que "se desconoce si se ha valorado el número de cartas de recomendación o se han tenido en cuenta las características de las entidades que han emitido las cartas".

Respecto a los "acuerdos", señala que "no es posible conocer cuántos puntos se han asignado por los mencionados acuerdos, ya que se asigna una única nota global por el total del apartado", dice el interventor.

Pero en las ofertas de esas UTES "se enfatiza la relevancia de los mismos".

Los “acuerdos” y las cartas de apoyo "no solo han sido valoradas positivamente en la valoración de la oferta de las UTES Innova Next y The Valley sino que, de la redacción de los informes de valoración, se deduce claramente que no ofrecer dichos acuerdos o cartas de apoyo (la terminología no siempre es la misma) se considera algo negativo que el valorador ha considerado conveniente resaltar", señala el informe de la IGAE.

Según el interventor, la valoración de "acuerdos" no concretados "supone una adulteración de la valoración técnica, que ha beneficiado a algunos licitadores, en particular a la UTE Innova Next y The Valley, y ha perjudicado a otros", indica.

Desaparición de metadatos

El informe de la IGAE da cuenta de que en el desarrollo de los trabajos periciales sobre la adjudicación de contratos a las empresas de Barrabés se detectó que determinados documentos remitidos a la Fiscalía Europea "fueron aparentemente modificados en fechas recientes a su entrega".

Esa modificación fue analizada por expertos en ciberdelincuencia de la Guardia Civil. Se concluyó que "si bien los documentos recibidos no son técnicamente los mismos que fueron elaborados por la UTE Innova Next y The Valley y por Red.es (informes de valoración), no se dispone de evidencia de que se hayan producido modificaciones que hayan afectado a su contenido".

Los documentos previos de valoración elaborados por los técnicos de Red.es "carecen de firma y sus metadatos han sido borrados".

De este modo, "no se dispone de evidencia de que fueran realmente elaborados por las personas que figuran en los encabezamientos ni de que su contenido, ni las puntuaciones que figuran en los mismos, respondan a la opinión de los mencionados técnicos que habrían sido quienes examinaron las ofertas, asignando a cada oferta las puntuaciones que consideraron adecuadas, que no coinciden en determinados casos con las que figuran en el informe de valoración que se presentó a la Mesa de Contratación", señala.

Algunos de dichos documentos en los que no han sido borrados los metadatos "parecen haber sido modificados en fechas posteriores a la emisión de los informes técnicos y a la reunión de la Mesa de contratación en las que se efectuó la valoración de las ofertas", añade el interventor.

En uno de ellos "figura una anotación de la que parece deducirse que la valoradora recibió una instrucción de bajar la puntuación a un licitador, sin que figure el motivo".

Posible fraude de ley

El informe señala que la distribución del peso de los criterios que figuraban en los pliegos de cláusulas administrativas particulares (40% para los criterios no evaluables mediante fórmula y 60% para los criterios evaluables con fórmula) "no responde a la realidad".

El "peso real" de los primeros fue de un 57,14%, mientras que el peso de los criterios evaluables mediante fórmula se redujo al 42,86%.

De acuerdo con la Ley de Contratos del Sector Público, esa distribución obligaba a que la valoración de las ofertas fuera realizada por un comité de expertos compuesto por tres miembros no pertenecientes a Red.es o por un organismo técnico especializado.

"Que se haya atribuido a la mesa de contratación la valoración de las ofertas (...) teniendo los criterios evaluables mediante juicio de valor un peso superior podría constituir un fraude de Ley", afirma el interventor.

"Se ha eludido que la evaluación de los criterios subjetivos fuera realizado por un comité de expertos (...), lo que da mayores garantías de una evaluación ecuánime de las ofertas, más teniendo en cuenta que el informe de valoración lo ha firmado una sola persona y el comportamiento pasivo con que ha actuado la mesa de contratación", sostiene.

"Sin fundamento legal"

Otro aspecto que el informe de la IGAE subraya es que la puntuación de la oferta técnica no fue el resultado directo de la valoración de los técnicos, sino que "sobre dicho resultado se aplica una fórmula matemática".

"La aplicación de fórmulas sobre los criterios de valoración subjetiva no tiene fundamento legal", afirma,

Ello tuvo como efecto "sobrevalorar la puntuación de las ofertas técnicas de forma artificial", aumentando las diferencias de puntuación entre las ofertas respecto de las asignadas por el técnico.

Vulneración de la transparencia

Además, Red.es "no ha motivado la elección de las fórmulas elegidas para puntuar las ofertas económicas y para ponderar las puntuaciones técnicas resultantes de la valoración efectuada por los técnicos".

Esa omisión "supone una vulneración del principio de transparencia" recogido en la Ley de Contratos del Sector Público.

De otro lado, la forma de asignar los puntos "responde a un patrón determinado que se desconoce quién decidió".

Los valoradores "distribuyeron los puntos de acuerdo con los criterios establecidos por quien o quienes tomaran las decisiones", lo que evidencia por sí solo "una gran opacidad" y que el proceso de contratación "no se ajusta al principio de transparencia".

"Arbitrario", "discriminatorio"

Según el perito de la IGAE, la adjudicación a las UTES de Barrabés no respondió al principio de oferta económica más ventajosa.

En estos expedientes esa oferta sería la de mejor calidad-precio, ya que no se incluyeron otros elementos de valoración.

En opinión del interventor y auditor del Estado firmante del informe pericial, los criterios de valoración establecidos en los pliegos de cláusulas administrativas "no se ajustan en su integridad a dicho principio".

Entre otros argumentos, explica que en los pliegos no se incluyó como uno de los elementos a valorar la experiencia profesional de los docentes que iban a impartir los cursos formativos. Sin embargo, la aportación de los currículos de los profesores y responsables de los proyectos sí ha sido objeto de valoración y se ha tenido en cuenta en la puntuación asignada.

De hecho, se valoró en el caso de las empresas de Barrabés, que los adjuntó, y se indicó respecto a otras ofertas que “no se ha incluido un apartado específico de currículos”.

"Valorar elementos que no figuran en los pliegos es arbitrario y excede la capacidad de decisión discrecional del valorador, constituyendo una actuación discriminatoria y contraria al principio de igualdad que adultera la valoración técnica", explica.

"Dicha inclusión beneficia a determinados licitadores a los que se ha incrementado injusta e ilegalmente su puntuación, en particular a las UTES Innova Next y The Valley, y perjudica a otros a los que se les ha reducido injusta e ilegalmente la puntuación".