El fiscal general se opone "tajantemente" a que el TS pida sus declaraciones de la renta, como quiere la pareja de Ayuso

La acusación particular que ejerce el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que atribuye al fiscal general haber filtrado a la prensa precisamente sus datos tributarios, quiere acceder a las declaraciones de IRPF de García Ortiz "a los efectos de ajustar la petición de cuota de la pena de multa", según el escrito de acusación presentado el pasado 19 de junio.

El escrito de defensa elaborado por la Abogacía del Estado, que representa al fiscal general, cree que lo pedido por González Amador es "absolutamente innecesario, dado que "consta públicamente su sueldo oficial" (unos 135.000 euros anuales).

"La incorporación a la causa de datos adicionales –y especialmente de un documento tan sensible como sus declaraciones tributarias– supone una intromisión no justificada en la intimidad de mi representado y carece de toda utilidad para el proceso", dice la Abogacía del Estado.

Cerdán y López, propuestos como testigos

La defensa también se ha opuesto a que declare en el juicio como testigo el exsecretario de Organización del PSOE y exdiputado Santos Cerdán, actualmente en prisión por su implicación en una presunta trama de corrupción.

La declaración de Cerdán ha sido solicitada por la acusación popular que ejerce la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), aunque su escrito no justifica la relevancia de esa testifical para los hechos imputados al fiscal general.

Lo mismo sucede con la declaración testifical del ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, propuesta por la acusación popular Manos Limpias. "No es pertinente para el esclarecimiento de los hechos enjuiciados", considera la defensa.

El 13 de marzo de 2024, cuando se produjo la filtración a la prensa de un correo electrónico de la defensa de González Amador que admitía que éste había cometido fraude fiscal, López era director del gabinete del presidente del Gobierno.

Una subordinada suya, Pilar Sánchez Acera, envió por Whatsapp ese correo el 14 de marzo de 2024 al entonces secretario general del PSOE de Madrid, Juan Lobato. Sánchez Acera declaró como testigo ante el instructor del Supremo el pasado 12 de marzo.

El instructor ha sostenido que García Ortiz filtró a la prensa el correo incriminatorio para González Amador "a raíz de indicaciones recibidas de Presidencia del Gobierno".

Pero la Sala de Apelación, que confirmó la decisión de continuar el proceso contra el fiscal general para que sea juzgado, le reprochó que "esa afirmación fáctica no ha sido acreditada con suficiencia, por lo que su inclusión en el relato fáctico era prescindible".

Metadatos de la nota de prensa

La Abogacía del Estado ha impugnado igualmente otras pruebas anticipadas cuya práctica ha interesado González Amador.

Es el caso de la elaboración de una prueba pericial sobre los metadatos del archivo relacionado con la nota de prensa difundida por la Fiscalía de Madrid el 14 de marzo de 2024.

Ese comunicado tenía como fin salir al paso de noticias falsas publicadas en algunos medios de comunicación en el sentido de que la Fiscalía había ofrecido un pacto de conformidad a la pareja de Ayuso para que admitiera haber cometido fraude fiscal. La realidad es que el acuerdo fue planteado al fiscal por el abogado de González Amador.

El escrito de defensa explica que esa diligencia fue "expresamente denegada" por el magistrado instructor, Ángel Hurtado.

No prosperó el recurso de reforma de la acusación particular, que después ya no recurrió en apelación la denegación de la prueba pericial.

"Habiendo quedado firme y consentida dicha denegación, al no interponerse recurso de apelación, resulta improcedente reiterar ahora la práctica de la misma como prueba anticipada", sostiene la defensa.

También se opone a que se permita el acceso de un perito de la acusación particular a los soportes digitales remitidos por las empresas Google y WhatsApp, que intentaron acceder a los mensajes de correo y de Whatsapp del fiscal general a petición del instructor.

Esa diligencia "resulta innecesaria, habida cuenta de que la propia Unidad Central Operativa (UCO) concluyó en su informe de 30 de abril de 2025 que no es posible obtener información adicional relevante de dichos soportes digitales", argumenta la Abogacía del Estado.

La representación del fiscal general se opone, asimismo, a que las partes puedan acceder a la documentación incautada en la entrada y registro del despacho de Pilar Rodríguez, fiscal jefa provincial de Madrid.

"Esta defensa se opone a esta petición por estimarla impertinente e innecesaria como consecuencia del sobreseimiento libre que respecto de Pilar Rodríguez se acordó en la fase de instrucción".