El fiscal general pide al TS su absolución y denuncia una "operación orquestada" por Ayuso y Miguel Ángel Rodríguez

"El Excmo. sr. fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, no ha participado en conducta delictiva alguna, por lo que carece de cualquier grado de participación punible en los hechos investigados", afirma.

Por el contrario, con su actuación quiso "evitar el perjuicio para la imagen y el prestigio de la Fiscalía y de los miembros del Ministerio Fiscal, cuya honradez y profesionalidad se habían comprometido por una campaña de desinformación".

De esa "campaña" responsabiliza al Gobierno de Ayuso y, en particular, al jefe de gabinete de la presidenta madrileña, Miguel Ángel Rodríguez.

Así, afirma que el "núcleo esencial" de la información relevante fue desvelado desde "el aparato institucional de la Comunidad de Madrid", y recalca que al contenido clave de la supuesta filtración tuvieron acceso unas 600 personas.

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Sobre Rodríguez afirma que, utilizando los medios propios de su función institucional, diseñó y ejecutó una estrategia consistente en construir y difundir un relato alternativo.".

Esa estrategia consistió en instalar en medios de comunicación afines la tesis de que los problemas de Alberto González Amador con la Hacienda Pública se debían a una "persecución política" contra Ayuso, de la que eran partícipes la Agencia Tributaria y la Fiscalía.

Por este motivo, propone las testificales de González Amador y Miguel Ángel Rodríguez.

"Rompió la confidencialidad"

El escrito de defensa combate el relato de las acusaciones y señala que fue el abogado de González Amador, Carlos Neira, el que "rompió unilateralmente cualquier supuesta confidencialidad del correo electrónico de 2 de febrero de 2024".

En este documento, de cuya filtración a la Cadena Ser se acusa a García Ortiz, Neira admitía que "ciertamente" su cliente había cometido dos delitos contra la Hacienda Pública.

El escrito de la Abogacía del Estado, que defiende al fiscal general, indica que Neira envió ese correo, en el que planteaba llegar a un acuerdo de conformidad, a la cuenta genérica de la Fiscalía de Delitos Económicos, a la que tienen acceso 16 personas: 12 fiscales y 4 funcionarios.

Además, Neira reenvió a un abogado del Estado, que no estaba encargado del asunto, el correo que previamente había enviado a la Fiscalía de Delitos Económicos.

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Relata que desde el 6 de marzo de 2024 distintos periodistas preguntaron en la Fiscalía sobre una denuncia por delitos tributarios presentada por la Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid contra González Amador.

"Dada la relevancia pública de la persona a la que se referían las llamadas telefónicas y la potencial repercusión mediática de la información de la que, al parecer, disponía algún medio de comunicación", señala, García Ortiz pidió información a la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, como permite el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

Dado el volumen de la documentación, ésta acabó alojada en una carpeta a la que tenían acceso unos 600 fiscales y trabajadores de la Fiscalía Provincial y de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid, "incluida la fiscal superior, Almudena Lastra".

La denuncia contra González Amador fue publicada por eldiario.es el 12 de marzo de 2024. Ello motivó que el empresario contactara con su abogado, que trató de tranquilizarlo.

Neira mandó a González Amador un mensaje de WhatsApp en el que decía "he recibido correo del fiscal [con la denuncia]. Parece que todo sigue en pie. Le voy a llamar al fiscal para ir concretando", en referencia al acuerdo de conformidad propuesto por el propio Neira.

Con el mensaje se acompañaba una imagen fotográfica del correo electrónico que esa misma mañana había recibido Neira del fiscal Julián Salto, redactor de la denuncia. Salto le adjuntaba la denuncia y le respondía a la propuesta de alcanzar una sentencia de conformidad: "Aunque se ha denunciado también a otras personas, no será obstáculo para poder llegar a un acuerdo si usted y su cliente lo estiman posible".

Correos a Rodríguez

El mensaje de Neira y la captura del correo electrónico del fiscal Salto fueron enviados de inmediato por González Amador a Miguel Ángel Rodríguez.

"Con estos reenvíos", sostiene el escrito de defensa, "se rompió de nuevo la hipotética confidencialidad de las conversaciones entre abogado y fiscal para alcanzar una conformidad".

"Con esta información, y con el propósito de neutralizar urgentemente el presumible impacto político negativo de la noticia publicada por eldiario.es sobre la presidenta de la Comunidad de Madrid, su jefe del gabinete, utilizando los medios propios de su función institucional, diseñó y ejecutó una estrategia consistente en construir y difundir un relato alternativo, según el cual los problemas de Alberto González Amador con la Hacienda Pública se debían a una persecución política contra la presidenta, de la que eran partícipes la AEAT y la Fiscalía", sostiene la defensa.

Para ello, Rodríguez envió a "un número no determinado" de periodistas mensajes a través de WhatsApp "en los que se afirmaba que la investigación de la AEAT y del Ministerio Público era motivada 'por una trama corrupta de Hacienda y Fiscalía', que el fiscal del caso había ofrecido un pacto a González Amador pero que lo tuvo que retirar porque le habían prohibido negociar con él".

Rodríguez también puso en contacto al novio de Ayuso con el periódico El Mundo, que a las 21:29 horas del día 13 de marzo de 2024 publicó una noticia "tergiversada" con el siguiente titular: "La Fiscalía ofrece a la pareja de Ayuso un pacto para que admita dos delitos fiscales mientras judicializa el caso".

"Esta información revelaba públicamente la existencia de correos electrónicos de los que ni siquiera tenía conocimiento el fiscal general", sostiene la defensa del Estado, e incluía "elementos radicalmente falsos".

Así, El Mundo afirmaba que la Fiscalía había remitido por correo electrónico una propuesta de acuerdo a González Amador -lo que era incierto- y se ofrecían datos sobre el contenido de esa supuesta propuesta del fiscal que, en realidad, correspondían a la propuesta enviada el 2 de febrero por el letrado de González Amador.

"Hasta la publicación de esta información el fiscal general desconocía la existencia de correos electrónicos entre el fiscal encargado del caso y el abogado de Alberto González Amador", afirma.

Según la defensa, al menos dos periodistas, de La Sexta y la Cadena Ser, tuvieron acceso "con anterioridad al fiscal general" al contenido del correo electrónico en el que el abogado de la pareja de Ayuso admitía el fraude fiscal.

Fue la Cadena Ser la que primero difundió la literalidad de ese correo, a las 23:20 horas del 13 de marzo.

Pero "no fue sino hasta las 23:44 horas" cuando García Ortiz recibió el correo electrónico de Salto a Neira difundido por El Mundo. "Por tanto, hasta ese momento [23:44 horas] el fiscal general no pudo contrastar la intervención real del fiscal encargado del caso".

Borrado del móvil

El escrito de defensa explica que García Ortiz suprimió, "como hacía con regularidad en el desempeño de su función y de manera segura", los datos personales de su dispositivo móvil.

Lo hizo "de conformidad" con varias normas, entre las que cita el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo y la Instrucción 2/2019, de 20 de diciembre, de la Fiscalía General del Estado, sobre la protección de datos en el ámbito del Ministerio Público.

Respecto a la eliminación de la cuenta personal en la que recibió la información sobre González Amador, afirma que "no se produjo con anterioridad al inicio de la instrucción, sino como consecuencia de la filtración a la prensa del informe de la UCO de fecha 21 de noviembre de 2024".

En ese informe figuraba la dirección completa de dicha cuenta, en la que "se estaban recibiendo mensajes de todo tipo, incómodos y en ocasiones hostiles".

Ello motivó que el fiscal general informara al comisario jefe de la Brigada de Seguridad Informática.