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El nuevo CGPJ advirtió a Igualdad a principios de año de que los fallos en las pulseras antimaltratadores persisten
El Observatorio contra la Violencia de Género envió dos oficios en enero y febrero con incidencias reportadas por los jueces con graves deficiencias en el dispositivo de protección de las mujeres.
Más información: La ministra de Igualdad ignora cuántas causas de violencia de género se archivaron por el fallo de pulseras y señala a la Fiscalía
El Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial advirtió a principios de año a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género de las deficiencias en el funcionamiento de las pulseras telemáticas que controlan si los agresores o presuntos agresores cumplen las órdenes de alejarse de las mujeres en riesgo.
La presidenta del Observatorio, Esther Erice, envió a esa Delegación, que depende del Ministerio de Igualdad, dos oficios el 8 de enero y el 21 de febrero trasladándole las "incidencias" reportadas por órganos judiciales que, alarmados por los fallos de los dispositivos, informaron al CGPJ.
Este problema, que la ministra de Igualdad, Ana Redondo, minimiza, ha estado en la agenda del Observatorio nada más constituirse el nuevo Consejo General del Poder Judicial, informan fuentes de la institución.
La ministra de igualdad, Ana Redondo, niega fallos en las pulseras anti maltrato
El anterior CGPJ, con María Ángeles Carmona al frente del Observatorio, también se dirigió a la Delegación del Gobierno en el mismo sentido, lo que indica que los problemas con estos dispositivos son recurrentes.
Los oficios de Erice de principios de año se refieren a quejas de órganos judiciales de Andalucía, aunque el CGPJ ha recibido comunicaciones de Juzgados de otras comunidades autónomas, como Galicia.
La región andaluza es, con diferencia, el territorio en el que más se utilizan estos mecanismos telemáticos de seguimiento del cumplimiento de las prohibiciones de aproximación a las mujeres amenazadas. Del total de 4.595 dispositivos activos a 31 de diciembre de 2024, 1.658 de ellos estaban en funcionamiento en Andalucía.
Los jueces de violencia de género reportaron incidencias de gravedad como la manipulación del brazalete por el investigado o por el penado sin que el dispositivo de la mujer lo detectase.
Otras incidencias se refieren a la facilidad para la retirada de la pulsera por parte del infractor, los fallos del sistema para determinar el posicionamiento del domicilio de la víctima y errores en la geolocalización de los usuarios, tanto de la mujer como del investigado o condenado, de modo que no es posible determinar su ubicación real.
Fuentes del CGPJ explicaron que estos problemas son independientes de los que se produjeron a principios de 2024 tras el cambio de la empresa adjudicataria de este servicio.
"Potencial desprotección"
Igualdad ha admitido que la migración de los datos desde los sistemas de la anterior prestataria (Telefónica) a la actual (Vodafone) generó que en algunos procedimientos judiciales no se dispusiera de la información necesaria para determinar si se había producido un quebrantamiento de pena o de la medida cautelar de alejamiento.
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha asegurado que fueron casos "puntuales, mínimos", que no ha cuantificado.
La Memoria de la Fiscalía referida a 2024, sin embargo, habla de "una gran cantidad de sobreseimientos provisionales o fallos absolutorios" en procesos por quebrantamientos de condena y se refiere a que las incidencias en la migración de los datos supuso una "potencial desprotección de las víctimas".
No obstante, ninguna mujer con dispositivo ha sido asesinada en 2022, 2023, 2024 ni en lo que llevamos de 2025.
La Fiscalía General matizó el pasado jueves las conclusiones que podían extraerse de su propia Memoria asegurando que "la mayoría" de los procedimientos en los que no se habían podido aportar datos para determinar un eventual quebrantamiento del agresor "se resolvieron posteriormente".
Según esta aclaración, los sobreseimientos provisionales se reabrieron una vez recuperados los datos", aunque, al igual que en el caso del Ministerio de Igualdad, no se han facilitado cifras concretas.
La Fiscalía también precisó que el problema de pérdida de información relacionado con la migración obligada por el cambio de proveedor "quedó resuelto a finales de 2024".
Mujeres que piden la retirada
Pero las incidencias con los brazaletes telemáticos no han desaparecido.
Además de las deficiencias comunicadas por los jueces al CGPJ, la Memoria de la Fiscalía referida a 2024, conocida a principios de este mes de septiembre, se refiere a "los problemas derivados de la dificultad de guardar la distancia de 500 metros en localidades pequeñas"
También alude a "la deficiente cobertura de zonas rurales aisladas, el tiempo que emplean en trasladarse los técnicos de Cometa [el centro de control de las pulseras] a esas áreas, así como el trabajo que les supone el análisis y cribado de las incidencias que reporta Cometa (alertas involuntarias o entradas en zonas de exclusión móvil)".
La Memoria pone de manifiesto lo "gravoso" que es para las mujeres la comunicación de "incidencias reiteradas".
Ello se traduce en "inseguridad y trastorno en su vida diaria, llegando a comparecer en sede judicial para solicitar la retirada de los dispositivos".
Esta misma observación, y casi con las mismas palabras (añadiendo el término "ansiedad"), ya se ponía de manifiesto en la anterior Memoria anual de la Fiscalía, referida a 2023.
"No están desprotegidas"
Fuentes del CGPJ, que prepara para este lunes un comunicado, comparten ese diagnóstico pero aseguran que "sería erróneo trasladar que las víctimas están desprotegidas, porque no es así".
Afirman que, pese a las incidencias en el funcionamiento de las pulseras, éste no es el único sistema de protección de las víctimas, ya que cuando se impone una pena o una medida cautelar de alejamiento se articulan vigilancias policiales y mecanismos de contacto con las mujeres para garantizar su seguridad.
Del mismo modo, los datos que proporciona Cometa no son los únicos que pueden servir como prueba en un procedimiento por quebrantamiento de condena o medida cautelar por parte del agresor.
