El exministro de Hacienda Cristóbal Montoro.
El exjefe de gabinete de Montoro pide la nulidad de la totalidad de las diligencias sobre Equipo Económico
Es un "proceso insólito en la historia judicial española de las últimas cuatro décadas" y que "ha vulnerado de forma sistemática e indiscriminada los más elementales derechos fundamentales", afirma en un recurso.
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La defensa de Felipe Martínez Rico, que fue jefe de gabinete de Cristóbal Montoro en el Ministerio de Hacienda y luego subsecretario, ha pedido a la Audiencia Provincial de Tarragona que declare la nulidad de la totalidad de la investigación llevada a cabo por el juez Rubén Rus en relación con la consultora Equipo Económico.
"Nos encontramos ante un proceso insólito en la historia judicial española de las últimas cuatro décadas y que, desde su origen, ha vulnerado de forma sistemática e indiscriminada los más elementales derechos fundamentales y garantías procesales que amparan a todo investigado", señala el recurso de apelación interpuesto ayer, lunes.
Rus, titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona, dio el pasado 19 de junio la condición de investigados al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro y a otros ocho altos cargos de ese departamento -entre ellos Martínez Rico- en la época de Gobierno de Mariano Rajoy.
Les atribuye presuntos delitos de cohecho, fraude contra la administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios, corrupción en los negocios y falsedad en relación con presuntos pagos que empresas del sector gasista habrían hecho a Equipo Económico, consultora fundada por Montoro, a cambio de reformas legislativas que les beneficiaron.
El recurso sostiene que el instructor ha vulnerado los derechos a un proceso con todas las garantías, a la tutela judicial efectiva sin indefensión, a la defensa y a un juez imparcial predeterminado por la Ley al llevar a cabo un "verdadero procedimiento inquisitorial" y con un "sesgo de voluntarismo judicial ajeno a cualquier entendimiento del proceso penal como un sistema de garantías".
La defensa, que ejerce el letrado Alfonso Trallero, censura que se haya mantenido el procedimiento secreto durante siete años "sin causa legal que lo amparase, acordado y prorrogado mediante autos estereotipados carentes del mínimo rigor jurídico y privando a los investigados del ejercicio de sus derechos fundamentales".
El secreto fue decretado por el instructor en la misma resolución de 2018 en la que acordó incoar diligencias, ya desde entonces sin motivar por qué era competente un Juzgado de Tarragona cuando del propio informe de los Mossos que dio origen al proceso "se evidencia la competencia objetiva de la Audiencia Nacional o, cuando menos, la territorial de los Juzgados de Madrid".
La defensa destaca que el secreto fue prorrogado mes tras mes "sin que conste la más mínima dación de cuenta por los Mossos de la investigación ni, por ende, ponderación por el Juzgado de si procedía o no la prórroga del secreto, que por tanto acuerda con un simple corta y pega de la resolución del mes anterior".
La "inercia" del instructor ha sido tal que en diciembre de 2018 constan dos autos de prórroga del secreto, "copia literal de los dictados en septiembre, octubre y noviembre de ese año".
Otros autos se basaron en la existencia de intervenciones telefónicas pese a que esa medida ya había sido revocada por la Audiencia Provincial tras un recurso del teniente fiscal anticorrupción.
Asimismo, el auto de prórroga de octubre de 2019 aparece sin foliar ni firmar por el juez de instrucción.
Desde el auto de prórroga de secreto de enero de 2024, el fundamento alegado fue que se estaba a la espera del informe de la UCO sobre las cuentas bancarias de los investigados, extremo que la defensa considera insuficiente "para seguir prolongando la instrucción a espaldas de los investigados".
Y cuando ese informe finalmente llegó al Juzgado, el 19 de febrero de 2025, el instructor aún mantuvo el secreto del proceso cuatro meses más, "todo ello pese a las conclusiones de dicho informe -que no encontraron indicios delictivos- y limitándose el Juzgado a argüir que había que esperar a nuevas peticiones de diligencias".
![El exministro Montoro en el Congreso.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2025\/07\/20\/actualidad\/1003743855652_257429556_320x180.jpg"])
"Es evidente que se ha producido una gravísima indefensión material, tanto a esta parte como al resto de investigados, que acaban de descubrir que la maquinaria judicial y policial lleva funcionando siete años a sus espaldas, sin haber sido informados del procedimiento y sin haberles permitido aportar prueba ni explicación alguna sobre los hechos investigados, lo que habría permitido, en muchos aspectos, llegar a las mismas conclusiones exculpatorias que ha alcanzado la fuerza investigadora, pero de una forma mucho más rápida", afirma el recurso.
La defensa sostiene que desde la misma incoación de las diligencias lo procedente habría sido que el Juzgado de Tarragona se inhibiera a favor de la Audiencia Nacional o, en su defecto, a los Juzgados de Madrid, donde está la sede de Equipo Económico, del Ministerio de Hacienda y de las Cortes.
