Decenas de personas durante una concentración de jueces y fiscales frente al Tribunal Supremo el pasado 28 de junio. E.P
Justicia solo quitará el sueldo a uno de los 4.600 jueces que, según las asociaciones, hicieron huelga: el único en comunicarlo
La ausencia de una regulación expresa y la falta de una comunicación al Ministerio por parte de los jueces y fiscales que secundaron el paro impide aplicar los descuentos en las nóminas que corresponden a los huelguistas.
Más información: El CGPJ rechaza poner servicios mínimos en la huelga de jueces al no tener "soporte normativo" e indica que los fijen ellos
Las cinco asociaciones de jueces y fiscales convocantes de la huelga llevada a cabo los días 1, 2 y 3 de julio pasados aseguraron que la medida tuvo un "enorme éxito" al ser secundada por el 75% de las carreras judicial y fiscal.
El cálculo lo hicieron a partir de las comunicaciones que, "de forma voluntaria y confidencial", los jueces y fiscales que se sumaron a la iniciativa dirigieron a los comités de huelga (uno para la carrera fiscal y otro para la judicial).
Así lo indicaron los portavoces de las mayoritarias Asociación Profesional de la Magistratura y Asociación de Fiscales, de la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, que lideraron la protesta contra la reforma del sistema de acceso a la Judicatura y la Fiscalía que promueve el ministro Félix Bolaños.
De acuerdo con esa estimación, el paro habría sido seguido por 4.694 de los 6.259 miembros de la carrera judicial. Pero solo uno de ellos lo comunicó a la Gerencia Territorial correspondiente, según fuentes del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.
De este modo, el Ministerio, que está cerrando las nóminas de julio, solo podrá descontar a ese juez la parte del salario correspondiente a las jornadas de huelga. El resto de sus compañeros no sufrirá el detrimento salarial que corresponde a cualquier trabajador que secunda un paro.
Hubo otro juez que también notificó a la Gerencia que estaba en huelga, pero añadió que cumplió los servicios mínimos que auto-fijaron los comités de huelga. Por lo tanto, no tendrá descuento en su nómina.
En el caso de los fiscales, de un total de 3.185 miembros de la carrera, únicamente 28 notificaron a la Fiscalía General que hicieron huelga. Los demás fiscales que estuvieron esos días sin trabajar percibirán sus nóminas íntegras.
Esa anómala situación es posible porque los huelguistas no comunicaron al organismo pagador que estaban ejerciendo la huelga. En el caso de los jueces, tampoco informaron al Consejo General del Poder Judicial.
En un acuerdo adoptado el 26 de junio, el órgano de gobierno de los jueces se lavó las manos señalando que el ejercicio del derecho de huelga de jueces y magistrados "carece, en el momento actual, de soporte normativo". Y, por ello, "no procede tener por anunciada la convocatoria de huelga ni, al carecer el Consejo General del Poder Judicial de competencia para ello, fijar servicios mínimos".
El CGPJ ha comunicado al Ministerio que no tiene ningún dato sobre los jueces que hicieron huelga.
"Es preciso clarificar esta situación", señalan fuentes del Ministerio. "No puede ser que a cualquier trabajador que se pone en huelga se le quite la parte del salario que corresponda y que los jueces y fiscales que no han trabajado cobren el sueldo íntegro".
El derecho a la huelga en las carreras judicial y fiscal es un asunto controvertido, pero la realidad es que se ha impuesto por la vía de los hechos sin que haya una norma que regule también las obligaciones correspondientes. La no detracción salarial ni la cotización a la Seguridad Social los días de paro se ha producido en las protestas anteriores a la del pasado julio (años 2009, 2012, 2013, 2018 y 2019).
![El ministro Félix Bolaños, el pasado 28 de junio en un acto en Madrid./](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2025\/07\/06\/actualidad\/1003743836352_257072206_320x180.jpg"])
En esta ocasión, las asociaciones convocantes y movimientos de no asociados reclaman la retirada de dos proyectos legislativos del Ministerio de Justicia en los que ven riesgo de "injerencia política".
A su juicio, la reforma que tramita el Congreso de los Diputados "va a rebajar la excelencia de conocimientos en el acceso a las carreras judicial y fiscal, eliminando contenido esencial para nuestra formación, a la vez que introduce pruebas más subjetivas y susceptibles de filtración".
"Pretende meter la política dentro del órgano que debe velar por la ética de los jueces" y "crea un centro de preparación de opositores dependiente directamente del Gobierno, esto es, el poder ejecutivo interviniendo en la selección de los miembros del poder judicial, con el consiguiente riesgo de selección ideológica de los futuros jueces y fiscales del país", afirman.
Las asociaciones se oponen también a la integración en la carrera judicial de un millar de jueces y fiscales sustitutos mediante la realización de un "simple dictamen práctico y, consecuentemente, yendo en contra de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, perjudicando a las promociones más jóvenes y a los miles de opositores que se están sacrificando para alcanzar su sueño de ser juez o fiscal".
Para el Ministerio, por el contrario, el proyecto de Ley Orgánica para la ampliación y fortalecimiento de las Carreras Judicial y Fiscal tiene como principales objetivos blindar por ley las becas para acceder a las carreras, modernizar las pruebas de acceso y estabilizar a juezas y fiscales sustitutas para cumplir con los requerimientos de la Comisión Europea.
El Ministerio señala que se van a convocar casi 1500 plazas de jueces y fiscales en los próximos tres años y se va a realizar una "regularización extraordinaria" de 1.004 jueces y fiscales sustitutos, el 80% de los cuales son mujeres.
