El eurodiputado y líder de Se Acabó La Fiesta (SALF), Luis 'Alvise' Pérez, a su llegada para declarar en el Supremo. Europa Press
El empresario Romillo, 'CriptoSpain', ratifica en el Supremo que dio 100.000 € a Alvise para financiar SALF
Alvise declara al juez que cobró esa cantidad por una charla, que su destino no era la campaña electoral de Se Acabó la Fiesta y que ha gastado ya la mitad en gastos personales y profesionales.
Más información: La Audiencia Nacional rechaza mandar a prisión al 'cripto-mecenas' de Alvise, investigado por una estafa de 260 millones
El empresario Álvaro Romillo, conocido como CriptoSpain, ha ratificado esta mañana ante el juez del Tribunal Supremo Julián Sánchez Melgar que entregó 100.000 euros en metálico a Alvise Pérez y que, según se indica en los mensajes que se intercambiaron por los teléfonos móviles, el dinero estaba destinado a financiar la campaña electoral de Se Acabó la Fiesta (SALF) al Parlamento Europeo.
Romillo ha manifestado a los medios tras su declaración judicial que, en contra de lo afirmado por Alvise, no se ha desdicho de la confesión que realizó primero en la Fiscalía y después en la Audiencia Nacional.
"Me ratifico al 100% de lo que dije en la Audiencia Nacional", ha manifestado CriptoSpain a los periodistas.
Ha añadido que Alvise "quiso poner un testaferro, una empresa llamada Somos Libres, para que se le hiciera un pago por transferencia y no se le hizo".
Según el empresario, el administrador de esa sociedad "se dedica a temas de ocio nocturno y prostitución".
"Está muy bien que Alvise emplee testaferros dedicados a la prostitución para financiar su partido", ha ironizado.
"Y quiero decirle a Alvise que deje de mandar a terceros para intentar que cambie mi declaración. No lo voy a hacer", ha añadido en una comparecencia alterada por los gritos de protesta de dos afectados por la presunta estafa de Madeira Invest Club.
Romillo, que tendrá que volver al Tribunal Supremo a entregar su teléfono móvil para que se haga un análisis pericial ordenado por el juez, ha explicado que entregó el dinero a Alvise para que éste, desde su cargo de eurodiputado, ayudara a su negocio de obras de arte digitales en formato NFT (non fungible token).
Una charla de media hora
Alvise ha declarado con anterioridad ante Sánchez Melgar y, aunque ha admitido que recibió 100.000 euros de Romillo en un maletín, fue por una "actividad privada", una "charla en el hipódromo de Madrid". Pero ha negado que exista financiación ilegal porque, según él, no ha gastado ese dinero en su campaña en las pasadas elecciones europeas.
Alvise ha declarado menos de una hora y ha respondido a las preguntas del juez instructor Julián Sánchez Melgar y de su defensa.
Según fuentes jurídicas, el eurodiputado ha reconocido ante el magistrado que recibió 100.000 euros por una "charla sobre libertad financiera de unos 30 minutos" y que se lo dieron dos trabajadores de CrytoSpain en sus instalaciones en Madrid.
Lo hicieron, ha explicado, en un maletín negro, en billetes de 50 y 100 euros, en diez fajos de diez mil euros.
Tras ello, llevó el dinero a su casa y ha gastado aproximadamente la mitad en gastos personales y profesionales, sin dar más detalles, y ha dicho que la otra mitad sigue a su disposición.
Ahora bien, ha defendido que no existió financiación ilegal porque no ha gastado nada de ese dinero en su campaña electoral en las pasadas europeas, que le costó poco más de 30.000 euros.
Por eso, ha destacado que los 100.000 euros no constan en las cuentas de Se Acabó la Fiesta (SALF), que antes era una agrupación y ahora es partido político desde hace unos quince días.
El alto tribunal abrió causa penal contra Alvise al apreciar indicios de presuntos delitos de financiación ilegal de partidos, estafa, apropiación indebida, blanqueo de capitales y falsedad documental en la exposición razonada por la Audiencia Nacional por haber recibido, presuntamente, 100.000 euros en metálico para su campaña electoral con el partido Se Acabó la Fiesta.
El Supremo considera que su actuación encajaría en el delito de financiación ilegal de partidos, toda vez que "es de aplicación a los hechos el artículo 149 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, en cuanto refieren una conducta sobre elusión de los deberes de contabilidad y control de ingresos de los partidos políticos".
Romillo, investigado también en la Audiencia Nacional por una presunta estafa piramidal a través de la plataforma de inversiones Madeira Invest, fue quien denunció al eurodiputado, a quien dijo haber entregado el 27 de mayo de 2024, antes de las elecciones europeas, 100.000 euros para su formación.
En su exposición razonada, el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama considera que la conducta de Romillo podría tratarse de una “actividad activa de donación o de aportaciones ilegales”.
Se trata de la tercera vez que Alvise comparece en el Supremo donde tiene otras dos causas abiertas: una por presuntos delitos de falsedad e injurias por difundir una PCR falsa del exministro y presidente de la Generalitat catalana, Salvador Illa en 2021; y otra por difundir los mensajes que dirigió en Telegram contra la fiscal de delitos de odio de Valencia, Susana Gisbert.
