El Pleno del Consejo General del Poder Judicial, en una imagen de archivo./ Europa Press
El CGPJ rechaza poner servicios mínimos en la huelga de jueces al no tener "soporte normativo" e indica que los fijen ellos
Un acuerdo adoptado por el pleno por mayoría señala que, "dada la realidad de paros anteriores", el nuevo paro previsto para el 1, 2 y 3 de julio "no debería afectar a decisiones inaplazables".
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El Consejo General del Poder Judicial se lava las manos respecto a la convocatoria de una huelga de jueces realizada por tres asociaciones judiciales y prevista para los días 1,2 y 3 de julio.
En un acuerdo adoptado hoy por el pleno del CGPJ -que reitera los ya adoptados con motivo de paros anteriores celebrados en 2009, 2012 y 2013- el órgano de gobierno de los jueces indica que "el ejercicio del derecho de huelga de jueces y magistrados carece, en el momento actual, de soporte normativo".
Por ello, "no procede tener por anunciada la convocatoria de huelga ni, al carecer el Consejo General del Poder Judicial de competencia para ello, fijar servicios mínimos".
Esta parte del acuerdo ha sido adoptada por unanimidad de los 21 miembros del CGPJ.
Pero con los votos de la presidenta, Isabel Perelló, y de los vocales propuestos por el PP, el Consejo ha añadido otro punto en el que señala que, "tomando en consideración la realidad de paros anteriores (años 2009, 2012, 2013, 2018 y 2019) así como la duración de tres días [de la actual convocatoria], declarar que, en ningún caso este nuevo paro, de producirse, debería afectar al reparto de asuntos, a los servicios de guardia, a las decisiones urgentes de instrucción, a los procedimientos para la tutela de derechos fundamentales, a los procesos o incidentes en que intervengan personas vulnerables, a las medidas cautelarísimas, y, en general, a cualquier otra decisión judicial inaplazable o cuya demora resulte inconciliable con los derechos fundamentales o con la dignidad de un poder del Estado como es el Poder Judicial".
Este punto fue votado en contra por todos los vocales propuestos por PSOE y Sumar menos Carlos Hugo Preciado. Este consejero hizo huelga en 2018 y se le descontó de su nómina.
Fuentes del CGPJ señalaron que el acuerdo adoptado hoy es similar a los emitidos en huelgas anteriores e indicaron que "lo único que significa es que el Consejo no puede meterse en esta cuestión, al no estar prevista en la ley".
La mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente, que convocan la huelga junto a la Asociación de Fiscales y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, pidieron al CGPJ que fijara servicios mínimos.
El Ministerio de Justicia dirigió un oficio al CGPJ en el que cuestiona el derecho a la huelga de los jueces.
Las asociaciones, que también han convocado una concentración junto al Tribunal Supremo a las 12:30 horas de este sábado, piden la retirada de dos reformas impulsadas por el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.
La primera de ellas modifica el sistema de acceso a las carreras judicial y fiscal.
Las asociaciones sostienen que esa iniciativa, que ya tramita el Parlamento "injustificadamente" por vía de urgencia, "no responde a demanda social alguna". El Consejo General del Poder Judicial también la rechaza.
Se trata de una reforma legal "que va a rebajar la excelencia de conocimientos en el acceso a las carreras judicial y fiscal, eliminando contenido esencial para nuestra formación e introduciendo pruebas más subjetivas y susceptibles de filtración", afirman las asociaciones.
Además, se quiere cambiar la composición de la Comisión de Ética Judicial para introducir a cuatro catedráticos nombrados por las fuerzas políticas del Parlamento y se pretende crear un centro de preparación de opositores "dependiente directamente del Gobierno y, por ello, con riesgo de selección ideológica de los futuros jueces y fiscales de este país".
Consideran que, "poniendo falsamente a Europa como excusa, se quiere modificar la base de ambas carreras, convirtiendo en jueces y fiscales a mil trescientos jueces y fiscales sustitutos, sin pruebas que midan su aptitud para ello y, consecuentemente, en contra de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, con grave perjuicio de las promociones más jóvenes y de los miles de opositores que se están sacrificando para alcanzar su sueño de ser juez o fiscal".
La segunda iniciativa cuya retirada reclaman es la que cambia el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
Las asociaciones afirman que se busca aumentar las competencias de un fiscal general del Estado que seguirá siendo nombrado por Gobierno "sin ningún tipo de filtro previo".
Ello, "sumado a la eliminación de garantías de autonomía de los fiscales, incrementará aún más si cabe, en contra de las exigencias europeas, el riesgo de injerencias políticas en las causas de corrupción".
Jueces y fiscales se quejan, además, del "continuo ataque al Poder Judicial y descrédito de la Fiscalía, con declaraciones políticas que deslegitiman las resoluciones judiciales que molestan, que tratan al Ministerio Fiscal como un apéndice el Gobierno y que, por todo ello, minan la confianza de los ciudadanos en su Justicia".
