Fotografía del exjefe policial Óscar Sánchez, junto a un listado de contenedores hallado en su móvil.

Fotografía del exjefe policial Óscar Sánchez, junto a un listado de contenedores hallado en su móvil. EL ESPAÑOL

Tribunales NARCOTRÁFICO

El juez ratifica la prisión para el exjefe de la UDEF y señala que la fortuna que hizo con el narco es "imposible de cuantificar"

La Sala de Apelación de la Audiencia Nacional rechaza las alegaciones del policía y narcotraficante, quien señalaba que no había tenido acceso a los elementos esenciales de la causa para defenderse.

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Una fortuna "imposible de cuantificar" que le permitiría huir al extranjero, un elevado riesgo de ocultación de la justicia y su integración al máximo nivel en una organización delictiva de tráfico de cocaína en el ámbito internacional. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha desestimado el recurso de apelación presentado por el ex jefe de la UDEF en Madrid, Óscar Sánchez Gil, contra su prisión provisional, y ha ratificado su permanencia en la cárcel por el “evidente” riesgo de fuga que existe en su caso.

Según la resolución, conocida por EL ESPAÑOL, el exjefe policial que trabajó durante al menos cinco años para una organización internacional que metía toneladas de cocaína en España, había recurrido la decisión del Juzgado Central de Instrucción nº1, del pasado 12 de abril, que confirmaba su ingreso en prisión. En su escrito, argumentaba que no había tenido acceso a los elementos esenciales de la causa, al igual que el investigado Ignacio Torán, excarcelado por la Sala por no haber tenido acceso a esos elementos esenciales.

La Sala aclara que el recurso de Sánchez Gil se refiere al auto de 12 de abril en el que se ratificó su prisión provisional, y no al inicial en el que ordenó su ingreso en la cárcel. Recuerda que el auto ahora recurrido se notificó cuando ya se había acordado el levantamiento del secreto casi total de las actuaciones, para que este investigado pudiera tener acceso a la causa y formular alegaciones.

“Garantizado así el acceso a la mayor parte de las actuaciones, en modo alguno puede considerarse que no se le permitió el acceso a los elementos necesarios para el pronunciamiento sobre la situación personal del investigado y para recurrir la adopción de la prisión provisional. Por tanto, no cabe hacer comparación alguna entre los motivos que determinaron la puesta en libertad de otro de los investigados y los que concurrieron para este, ni, por tanto, puede considerarse infringido el derecho a la igualdad en la aplicación de la ley”, indica el auto.

El Tribunal recuerda la doctrina del Tribunal Constitucional sobre el acceso a los elementos esenciales de la causa y apunta que, en el caso actual, el auto de prisión señala los indicios de la participación del investigado en hechos que presentan caracteres delictivos por los cuantiosos pagos recibidos por el funcionario policial a cambio de los servicios prestados a su organización dedicada al tráfico de cocaína a gran escala.

Ello queda confirmado, continúa, por “el hallazgo de cantidades extraordinariamente altas de dinero en efectivo, que constituyen prueba de la actividad delictiva y de los pagos recibidos, como las cantidades halladas en el registro de su domicilio escondidas en dobles fondos en techos, paredes, compartimentos ocultos ad hoc en la estructura del edificio (cajas fuertes, jardín exterior, etc.), que fueron objeto de precinto judicial al tratarse de un volumen imposible de cuantificar con exactitud con los medios disponibles en aquel momento, cifrándose seguidamente las cantidades halladas en la segunda residencia en 448.110 euros en efectivo y en los muebles utilizados por él en la Jefatura Superior de Policía de Madrid en 896.400 euros en efectivo”.

Igualmente, el auto de reforma dictado por el juzgado de instrucción, apunta la Sala, detalla los indicios delictivos que constan en la causa contra el investigado, por lo que no cabe alegar indefensión por su parte.

Investigación

El caso del exjefe de la UDEF en Madrid está alcanzando tal dimensión que para los investigadores de la Policía Nacional ha dejado de ser una operación más contra el narcotráfico. La cifra del botín detectado por la UDYCO Central y por Asuntos Internos puede llegar a confirmarle como el policía corrupto que más dinero ha amasado en la historia de España.

Según el análisis de la documentación del sumario de la causa judicial, al que ha podido acceder EL ESPAÑOL, al mando policial le han localizado hasta el momento al menos 43 millones de euros repartidos entre su casa, su cuenta corriente, paraísos fiscales y criptomonedas. Esta cifra se circunscribe a él y a su entorno más próximo.

Las cifras resultan astronómicas tanto para los agentes que están investigando, como para la Fiscalía Antidroga, como para el juez de la Audiencia Nacional. Por eso a Sánchez Gil, al que apodaban El Anodino, le sitúan en la cúpula del entramado, como "uno de los capos", al más alto nivel.

Múltiples diligencias han arrojado luz sobre la cantidad de dinero que Óscar Sánchez Gil obtuvo por facilitar la entrada de centenares de contenedores cargados de toneladas de cocaína en España y de proporcionar seguridad a sus socios, cuyo jefe no era otro que el mayor capo español vivo, Alejandro Salgado Vega, El Tigre, que lo dirigía todo desde Dubái. Uno de ellos es un oficio de la Unidad de Asuntos Internos del pasado 31 de enero. En él daban cuenta de un vídeo y una fotografía hallados en los dispositivos de uno de los socios del mando policial.

En el vídeo, aportado a la investigación, se pueden ver todos los productos financieros que Sánchez Gil mantenía ocultos en una entidad con domicilio fiscal en Irlanda. En ella se albergarían "más de 20 millones de dólares en distintas monedas (fiat y virtuales)".

A eso habría que sumar los 18,5 millones de euros que el narcopolicía ocultaba en las paredes de su casa. También el otro millón que sus compañeros descubrieron que tenía en un armario de su despacho en la Jefatura Superior de Policía Nacional en Madrid cuando le detuvieron el pasado otoño.

Óscar Sánchez Gil está siendo investigado por delitos de tráfico de drogas en cantidad de notoria importancia cometido por funcionario público, organización criminal, blanqueo de capitales y cohecho.