Reunión del Consejo Fiscal, en una imagen de archivo./
La Asociación de Fiscales pide a García Ortiz que se abstenga de elegir a un nuevo fiscal de Sala que puede actuar en su causa
Plantea que la propuesta de nombramiento del nuevo encargado de los delitos contra la Administración pública, entre los que se incluye la revelación de secretos, salga del orden del día del Consejo Fiscal.
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La Asociación de Fiscales, de representación mayoritaria en la carrera fiscal, ha pedido este lunes al fiscal general, Álvaro García Ortiz, que se abstenga de proponer al nuevo fiscal de Sala encargado de delitos contra la Administración Pública ante la posibilidad de que pueda intervenir, de forma directa o indirecta, en la causa que afecta al fiscal general por una supuesta revelación de secretos de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.
El Consejo Fiscal tiene previsto pronunciarse mañana sobre ese nombramiento, entre otros. A la plaza de fiscal de Sala coordinador de delitos contra la Administración Pública concurren seis candidatos: los fiscales del Supremo Álvaro Redondo y Rafael Escobar; el fiscal de Tribunal de Cuentas Carlos Castresana; la fiscal anticorrupción Concepción Sabadell y la fiscal de Madrid Virna Alonso.
En una carta dirigida a García Ortiz, la Asociación de Fiscales (AF) señala que constituye causa de abstención "tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera influir la de aquél".
Sostiene que ese interés concurre "cuando la actuación administrativa para la que se predica la abstención puede producir consecuencias en la esfera jurídica del funcionario actuante o le puede reportar cualquier clase de beneficio o ventaja personal o tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera influir la de aquél".
Para la AF, García Ortiz "tiene un interés personal" en el nombramiento de ese fiscal de Sala dado que, por el contenido de la función que éste tendrá, le corresponderá "la coordinación de la actuación del Ministerio Fiscal" en la causa que tramita el Supremo contra García Ortiz y "puede adoptar decisiones interpretativas, entre otros, del delito de revelación de secretos".
A su juicio, es indiferente que la que se esté ocupando de ese procedimiento sea la teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde. "Como cualquier fiscal, estará sometida a las directrices establecidas por el nuevo fiscal de Sala en esta materia", puesto que "ejerce las funciones del fiscal general del Estado -por delegación del mismo- en esa materia, directrices que, además, podrán ser aprobadas o autorizadas por el propio fiscal general, pese a estar investigado por el Tribunal Supremo".
"Nos encontramos ante un problema de apariencia de parcialidad", afirma la asociación mayoritaria. "No es admisible que un fiscal general del Estado pueda proponer el nombramiento del fiscal que podría estar encargado de intervenir en un procedimiento que le afecta personalmente o, en todo caso, que podría fijar los criterios de actuación en un asunto por el que está siendo investigado el propio fiscal general".
"Le pedimos que no comprometa más la imagen de nuestra institución, no la someta nuevamente a escarnio, poniendo en entredicho su imparcialidad y neutralidad", concluye la carta.
A su parecer, la abstención de García Ortiz en este nombramiento es "inevitable", por lo que se debería sacar este punto del orden del día del Consejo Fiscal de mañana, para "la mayor credibilidad de nuestra institución".
“Desde la necesaria neutralidad que deben mantener las instituciones no parece en modo alguno adecuado que el fiscal general, investigado, haga la propuesta de nombramiento de esta plaza. No resulta ni ético ni estético”, ha manifestado la presidenta de la AF, Cristina Dexeus.
