El presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, y el magistrado Ramón Sáez, el pasado 25 de febrero en un acto de homenaje a Francisco Tomás y Valiente./
El TC se dispone a tumbar la reforma de Ayuso que impide la acción judicial y administrativa de los colectivos LGTBI
El tribunal ha esperado cinco meses a que la Asamblea madrileña aprobara una proposición de ley del PP que corregía las tachas de inconstitucionalidad de la ley madrileña, pero la iniciativa lleva paralizada desde el 18 de octubre.
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El pleno del Tribunal Constitucional tiene previsto debatir esta semana una ponencia que propone declarar nula la reforma llevada a cabo en la 'ley LGTBI' de la Comunidad de Madrid para impedir que las asociaciones representativas de esos colectivos puedan actuar como partes interesadas en los procesos penales o en los procesos administrativos sancionadores.
La ponencia, que según fuentes del TC cuenta con un amplio apoyo de los magistrados, plantea estimar el recurso interpuesto por el Gobierno de Pedro Sánchez contra la modificación aprobada el 22 de diciembre de 2023 de la Ley de protección integral contra la LGTBIfobia de la Comunidad de Madrid.
Ese mismo día la Asamblea madrileña aprobó una reforma de la 'ley trans' autonómica para introducir como "requisito necesario" para que los menores transexuales puedan iniciar un tratamiento hormonal que "previamente reciban apoyo de los profesionales de salud mental infanto-juvenil". Esta modificación fue recurrida ante el TC tanto por el Gobierno como por el Defensor del Pueblo y está pendiente del pronunciamiento del Tribunal de garantías.
Ambas reformas salieron adelante con los votos del PP y Vox en la Asamblea de Madrid. Según su preámbulo, la modificación legislativa acometida pretende corregir ciertos “excesos” de la redacción original de la 'ley LGTBI', que data de 2016, para “evitar que la causa de la igualdad ante la ley y la no discriminación se convierta en un instrumento de ingeniería social, que confunda ciertas doctrinas de parte con los derechos fundamentales, en cuya defensa están comprometidos todos los españoles”.
El Gobierno de Sánchez anunció los dos recursos el 25 de junio de 2024 y los presentó en el Tribunal Constitucional al día siguiente, en coincidencia con el comienzo de la celebración de la fiesta del Orgullo de ese año.
Cinco meses después
La ponencia relativa al cambio de la 'ley LGTBI', redactada por el magistrado Ramón Sáez, fue introducida en el orden del día del Pleno del TC del pasado 22 de octubre.
Pero los magistrados Enrique Arnaldo, Concepción Espejel y José María Macías pidieron al presidente, Cándido Conde-Pumpido, que retrasara el debate al tener noticia de que el Grupo Popular de la Asamblea de Madrid había presentado el 11 de octubre una proposición de ley volviendo a modificar tanto la 'ley trans' como la 'ley LGTBI'.
La proposición de ley corrige las tachas de inconstitucionalidad denunciadas en los recursos. En lo que se refiere a la 'ley LGTBI', plantea suprimir el apartado que niega a las asociaciones, entidades y organizaciones representativas de los colectivos LGTBI poder actuar, como titulares de intereses legítimos colectivos, en los procesos penales o en los procedimientos administrativos sancionadores, ni siquiera si representan a una víctima o a un perjudicado con su permiso explícito.
El asunto se sacó del orden del día. Pero cinco meses después la proposición de ley no ha avanzado en absoluto, más allá de que el 14 de octubre pasado la Mesa de la Asamblea madrileña la calificó para su tramitación en lectura única y el Gobierno de Ayuso manifestó su criterio favorable a la toma en consideración. Desde entonces no se ha movido un solo papel respecto a esta contrarreforma, cuyo debate generaría bronca con Vox con toda seguridad.
Invasión de competencias
Vista la inacción de la Asamblea, la ponencia de Sáez ha sido introducida por segunda vez en el orden del día para su deliberación en el pleno del TC que arranca mañana.
Fuentes del TC indicaron que el texto parte de que la legislación procesal es competencia del Estado, lo que responde a la necesidad de salvaguardar la uniformidad de los instrumentos jurisdiccionales, de acuerdo con la doctrina constitucional.
Por ello, el legislador autonómico no puede decidir qué previsiones de la legislación estatal resultan o no de aplicación al proceso penal.
Respecto a la condición de interesado en los procedimientos administrativos sancionadores relativos a situaciones de discriminación, la ponencia indica que la ley de Madrid es contraria a la Ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación. Esta norma estatal, vigente desde 2022, reconoce ex lege [por disposición de la propia ley] la condición de interesados a las asociaciones y organizaciones representativas en todos los procedimientos, incluidos los sancionadores.
El precepto impugnado de la 'ley LGTBI' de Madrid no ha sido, en la práctica, aplicado porque, tras el recurso del Gobierno, el TC mantiene suspendida su vigencia "por riesgo de afectación al derecho fundamental de la tutela judicial efectiva".
