El juez impide al ministro Bolaños declarar por escrito en el 'caso Begoña' y le exige poder acceder a Moncloa sin esperas

El magistrado se ofrece desplazarse al Palacio de la Moncloa, al que exige poder acceder sin demoras innecesarias. Así lo ha plasmado en una resolución fechada este mismo lunes.

Peinado citó a declarar a Bolaños como testigo para el próximo 16 de abril. ¿Por qué? El juez investiga la contratación de Cristina Álvarez como asesora de Gómez, que es la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Y el nombre de Bolaños salió a relucir el pasado 24 de febrero durante la declaración como testigo prestada por Alfredo González, que era vicesecretario general de la Presidencia del Gobierno cuando Cristina Álvarez fue contratada, en 2018.

González, que estuvo solo tres meses en Moncloa, era, debido a su puesto, el competente para proponer el nombramiento de todo el personal eventual de este departamento. Y Álvarez lo es.

Así, Peinado citó a Bolaños como testigo. El ministro solicitó poder declarar como testigo por escrito. Así lo contempla la ley en determinados supuestos. Pero el juez rechaza la petición del ministro. Le insiste en que "los hechos sobre los que ha de versar su testimonio no los ha conocido en razón de ese actual cargo, sino cuando tenía otro cargo diferente, en concreto, el de secretario general de la Presidencia, no siendo éste el que permite la aplicación del precepto".

"La declaración acordada (...) deberá ser realizada de forma oral, en la fecha señalada", subraya.

El ministro Bolaños también advirtió de los problemas de seguridad que acarrearía que la comitiva judicial acudiese al despacho que tiene en la sede del Ministerio de Justicia (en la madrileña calle de San Bernardo). Para ello, aportó un informe atribuido al jefe de sus escoltas.

El juez desdeña este documento. "Trata de justificarse dicha petición en un informe (...) supuestamente emitido con fecha de 18 de marzo de 2025, sin firma, ni identidad alguna, ni de la persona que 'por orden' habría suscrito dicho informe, ni la de la persona que lo habría ordenado, conteniendo tan sólo un membrete de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno / Departamento de Seguridad", reprocha.

"Parece algo cuando menos extraño que el titular del Ministerio de Justicia, como notario mayor del Reino, pretenda justificar una petición en un informe carente de firma y, por tanto, sin persona identificada alguna, que asuma el contenido de lo que en dicho escrito se refleja, por lo que poca o ninguna virtualidad puede atribuirse al
mismo", insiste.

El juez se abre a desplazarse al Palacio de la Moncloa. Así lo hizo en julio de 2024, cuando interrogó como testigo a Pedro Sánchez, quien ejerció su derecho de no declarar, ya que la investigada es su mujer.

Ahora bien, Peinado se queja en su resolución de que aquella vez debió esperar demasiado para acceder al complejo de la Moncloa.

"Se ha constatado que el complejo presidencial cuenta con múltiples medidas de seguridad, lo que no impidió, que a la comisión judicial, una vez permitido el acceso a los agentes de la Policía Judicial que acompañaban al vehículo de la comisión judicial, cuyos ocupantes habían sido previamente identificados, se le retuviera un periodo de tiempo sensiblemente superior al necesario para permitirle el acceso", se queja el juez.

A renglón seguido, recuerda que mientras el coche en el que trataba de acceder estaba parado en el control de seguridad, "un nutrido número de personas" aguardaban, "expectantes", en las inmediaciones de dicho vehículo, con el consiguiente riesgo para la integridad física de los ocupantes del mismo".

Y asegura que, no obstante, el coche en el que se desplazó a Moncloa el abogado de Begoña Gómez, el exministro del Interior Antonio Camacho, accedió "sin espera de ningún tipo", una vez se elevó fácilmente "la barrera paralela a la que estaba impidiendo el paso al vehículo judicial".

Por todo ello, el juez expresa que "no existe inconveniente" en que se desplace a la Moncloa, "siempre y cuando se garantice la facilidad de acceso al vehículo judicial". Otra opción, según señala Peinado, sería que el propio Ministerio de la Presidencia facilite al magistrado uno de sus coches oficiales "para realizar el correspondiente traslado del Juzgado al complejo presidencial y el regreso a la sede judicial, una vez
cumplimentada la diligencia de la toma de declaración". El Gobierno cuenta con cinco días para responder si acepta esta última posibilidad.