El exdirector general de Carreteras Javier Herrero.
El exjefe de Carreteras niega que los contratos señalados por Aldama fueran pre-adjudicados y desvincula a Ábalos de ellos
Herrero, ya jubilado, asegura en el Supremo que el exministro le dio libertad y que jamás percibió ninguna incidencia en dichas adjudicaciones.
Más información: Aldama entrega en el Supremo un listado de contratos públicos "pre-adjudicados por Ábalos" a cambio de comisiones
Javier Herrero Lizano, el antiguo director general de Carreteras, ha negado en el Supremo que los contratos de obra pública señalados por el empresario Víctor de Aldama estuvieran pre-adjudicados, como éste sí sostiene.
Así se ha pronunciado Herrero este miércoles, como testigo, en el Alto Tribunal, que investiga el llamado caso Koldo/Ábalos, una supuesta trama que se habría dedicado a cobrar comisiones ilegales a través de adjudicaciones públicas.
Durante su breve interrogatorio, de apenas 25 minutos, este funcionario jubilado, que desempeñó su cargo cuando José Luis Ábalos era ministro de Transportes, ha desvinculado al dirigente de los contratos señalados por Aldama.
Según ha declarado el testigo, Ábalos no le dio "ninguna indicación". Más bien, al contrario, le facilitó "plena libertad" para trabajar. "Si hubiera algo irregular, alguna incidencia, algo pre-adjudicado, lo habría notado", ha señalado ante el juez Leopoldo Puente.
Ahora bien, en la actualidad, Javier Herrero se encuentra investigado judicialmente por prevaricación, tráfico de influencias y fraude, por un presunto amaño de 25 millones de euros en una adjudicación de la Dirección General de Carreteras en la provincia de Ávila.
Hace poco más de un año, la Audiencia Provincial de Ávila ordenó al Juzgado de Instrucción número 5 de la capital reabrir esta causa, en la que se investiga un supuesto trato de favor a la empresa Cyopsa-Sisocia. Esta investigación judicial concluirá cuando el Juzgado reciba un informe pericial y, tras analizarlo, decida si la archiva o propone celebrar un juicio.
Además, como ha admitido este miércoles, Herrero, dado su cargo de director general de Carreteras, era el responsable último de aprobar defitinivamente las modificaciones presupuestarias que podrían sufrir las obras señaladas por Aldama y adscritas a este departamento. Él debía rubricarlas tras recibir una propuesta por parte de los técnicos.
Pardo de Vera
Este miércoles, en el Supremo, también ha declarado brevemente Isabel Pardo de Vera, quien fuese presidenta de Adif (la empresa pública de gestión ferroviaria) hasta 2021.
Pardo de Vera ya testificó en esta causa judicial, cuando se investigaba enteramente en la Audiencia Nacional, antes de que salpicara de lleno al exministro y hoy diputado, lo que obligó a que el caso fuese derivado al Supremo.
En esta ocasión, se ha ratificado en lo ya declarado por ella misma en esta causa. Y ha negado que Ábalos le diera ninguna indicación para que Adif, en 2020, al inicio de la pandemia de la Covid-19, contratara a la empresa Soluciones de Gestión SL, considerado uno de los epicentros de la supuesta trama corrupta.
En concreto, la empresa pública ferroviaria, cuando Pardo de Vera aún la presidía, compró mascarillas sanitarias por valor de 12,5 millones de euros a esta compañía, a la que Aldama asesoró.
Isabel Pardo de Vera, este miércoles, en el Supremo.
Como ya publicó EL ESPAÑOL, la expresidenta de Adif ha indicado que, debido a la emergencia sanitaria, sí recibió "presiones" a fin de agilizar el contrato con Soluciones de Gestión SL; únicamente para este motivo, no para elegir a esta compañía y desechar otras ofertas.
A finales de 2024, además del listado de obras públicas de Carreteras, Aldama aportó al Supremo una lista de adjudicaciones —una parte de ellas, concedidas por Adif— a través de las que, según su versión, Ábalos también habría cobrado comisiones ilegales.
La ferroviaria pública, no obstante, elaboró un informe que descarta "tratos de favor o actuaciones fuera de la legalidad" en dichas licitaciones.
Ahora bien, como ha publicado EL ESPAÑOL, Pardo de Vera también ha indicado en el Supremo que Ábalos y su principal asesor, Koldo García, le pidieron que contratase a un hermano de este último en la empresa pública Ineco. Asimismo, ha asegurado que ambos se le quejaron del retraso que se estaba produciendo en los pagos de certificaciones de obras adjudicadas a Levantina y al Grupo Murias.
La primera de ellas es una de las constructoras mencionadas por Aldama como una de las favorecidas por esas supuestas "pre-adjudicaciones" de obras a cambio de supuestas comisiones ilegales. Por su parte, la queja relativa a Murias se refería a una obra ejecutada por esta compañía en Navarra, como parte de una UTE (unión temporal de empresas).
Azvi y el fichaje de Koldo
Por su parte, el oficial mayor del Ministerio de Transportes, Alejandro de Alas-Pumariño, que también ha declarado como testigo, ha confirmado que Koldo poseía una llave que abría un almacén que custodiaba 15.000 mascarillas.
A su vez, el constructor Manuel Contreras, de la empresa Azvi, ha reconocido que contrató al antiguo asesor de Ábalos en 2023, dos años después de abandonar Transportes. ¿Para qué? Para que le abriese vías de negocio en países de Latinoamérica. Firmó una nómina de 6.000 euros mensuales, aunque, debido al estallido del caso, sólo recibió un total de 18.000 euros.
