El decano del ICAM subraya ante el juez que difundir los mensajes entre fiscal y letrado afecta al derecho de defensa

Ribón ha comparecido como testigo en la causa en la que se investiga al fiscal general, Álvaro García Ortiz, por la filtración a la prensa de datos relativos al presunto fraude tributario de la pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, el empresario Alberto González Amador.

El Colegio de la Abogacía de Madrid interpuso el pasado marzo una denuncia penal por la difusión por la Fiscalía de una nota de prensa en la que se aclaraba el comportamiento del Ministerio Público en el expediente por fraude tributario abierto a González Amador.

Esa nota salía al paso de noticias falsas según las cuales la Fiscalía había ofrecido un acuerdo de conformidad a González Amador para que reconociera los delitos tributarios a cambio de una rebaja de la pena, aunque después lo había retirado -se informó falsamente- "por órdenes de arriba" para llevarle al banquillo.

La realidad era que fue el propio abogado de González Amador el que, en un correo electrónico enviado a la Fiscalía de Delitos Económicos el 2 de febrero de 2024, había propuesto llegar a un acuerdo de conformidad, admitiendo que el novio de Ayuso "ciertamente" había cometido dos delitos tributarios.

Para el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), los términos de esa nota de prensa constituían una revelación de secretos al difundirse "conversaciones reservadas entre un abogado y un fiscal en el seno de unas diligencias de investigación".

Según el ICAM, la nota de prensa fue "una grave una violación de la confidencialidad y el secreto profesional, principios fundamentales del ejercicio de la abogacía y el derecho de defensa, al aludir directamente al contenido de las conversaciones habidas y el reconocimiento de hechos, lo que no debería salir nunca a la luz pública, pues de lo contrario se compromete de forma severa el derecho de defensa y, en definitiva, el derecho a un proceso justo".

Cuando el caso llegó al Tribunal Supremo dada la condición de aforado del fiscal general, Álvaro García Ortiz -que asumió la responsabilidad plena de la difusión de la nota de prensa-, la Sala Penal restó trascendencia penal a ese comunicado informativo, aunque el instructor continúa considerándola objeto de la causa.

El proceso, en el que la Colegio de la Abogacía de Madrid está personado como acción popular, se centra sobre todo en la filtración a la prensa del correo de la defensa de González Amador.

Las preguntas del instructor a Ribón no se han focalizado en un hecho u otro de los que son objeto del procedimiento sino que se han referido a la afectación al derecho de defensa que puede tener, en general, el conocimiento público de las conversaciones que mantienen letrados y fiscales.

El testigo ha confirmado esa afectación. Pero la teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, le ha preguntado si también quedaría afectado el derecho de defensa cuando es el propio abogado el que difunde los mensajes que se intercambia con el fiscal.

En este caso, esta acreditado que el defensor de González Amador, Carlos Neira, envió a éste sus correos electrónicos con el fiscal Julián Salto, correos que el novio de Ayuso envió al jefe de gabinete de ésta, Miguel Ángel Rodríguez. Éste, a su vez, los envió parcialmente a algunos periodistas.

Después de varios rodeos, el testigo acabó admitiendo que, cuando es el propio abogado el que deja de mantener la reserva sobre sus comunicaciones con el fisca, el derecho de defensa no se ve afectado.

El decano de los abogados madrileños también se ha referido a una breve reunión mantenida en la sede de la Fiscalía General tras la difusion de la nota. Ribón transmitió a García Ortiz el malestar del Colegio por el contenido de ese comunicado y el fiscal general le explicó que trataba de defender la correcta actuación de los fiscales y salir al paso de noticias falsas que descalificaban al Ministerio Público.

Aunque en esa reunión -a la que asistió por videoconferencia Victoria Ortega, entonces presidenta de la Abogacía española- García Ortiz propuso elaborar un comunicado conjunto resaltando la buena relación entre la Abogacía y la Fiscalía, el decano del ICAM no aceptó.