Boye acusa al juez de hacer "pesca de arrastre" contra Puigdemont para sostener el "errático" caso Tsunami

El abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, acusa al juez del caso Tsunami de hacer "pesca de arrastre" para mantener viva la "errática" investigación judicial en la que está imputado el expresidente de Cataluña.

Así lo subraya el letrado en un reciente escrito al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, en el que se opone a las últimas diligencias ordenadas por Manuel García-Castellón, el magistrado de la Audiencia Nacional que investiga los disturbios violentos alentados por la plataforma independentista Tsunami Democràtic.

El pasado 26 de noviembre, el instructor del caso Tsunami ordenó nuevas diligencias. Entre ellas, requerir más informes sobre el colapso del Aeropuerto de El Prat, que tuvo lugar en octubre de 2019 como protesta contra la sentencia del procés. Concretamente, se dirige, entre otros organismos, a la Policía y a AENA, para que informen de cuántos agentes resultaron heridos en dicha concentración y de las actuaciones que se realizaron para frenar la violencia de los miles de independentistas radicales que tomaron el aeródromo.

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En el recurso en el que impugna estas diligencias, Boye señala que es "evidente que estamos ante lo que se podría denominar pesca de arrastre, dado que se reclama información sobre cualquier cosa que pudiese servir para, artificiosamente, seguir manteniendo abierto este procedimiento, ya que ninguna tiende a investigar datos concretos, sino cualquier dato ajeno a la seriedad de un proceso penal".

El escrito, no obstante, aparece firmado por Boye como abogado del historiador Josep Luís Alay, otro de los imputados en esta causa. Alay es el jefe de gabinete de Puigdemont y ambos comparten el mismo letrado. El juez sostiene que ambos dirigentes —al igual que otros, como la secretaria general de ERC, Marta Rovira— organizaron en la sombra los disturbios promovidos por Tsunami Democràtic. 

Boye también defiende a Alay en el llamado caso Volhov, en el que el historiador está siendo investigado como el supuesto nexo entre el Gobierno Ruso y Puigdemont.

'Caso Tsunami'

En sintonía con lo ya manifestado en anteriores escritos, Gonzalo Boye afea al juez del caso Tsunami el "carácter prospectivo" que, a su juicio, tiene esta investigación, iniciada hace más de cuatro años.

En un reciente auto, García-Castellón subrayaba que esta causa judicial, desde su inicio, se sigue por delitos de terrorismo, que es por el que están imputados en ella tanto Alay como Puigdemont, por lo que su imputación por este ilícito no puede considerarse sorpresiva.

Además, otro auto reciente —firmado por los jueces de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, el tribunal jerárquicamente superior al magistrado— avalaba la labor del juez y, en respuesta a Boye, negaba que García-Castellón tuviese una "pretendida motivación política" cuando imputó a Puigdemont y Alay por terrorismo.

El instructor tomó esta decisión el pasado 6 de noviembre, mientras se ultimaba entre PSOE y Junts la Ley de Amnistía que los independentistas exigen que se redacte a la medida del expresidente catalán.

La proposición de ley que el PSOE registró pocos días después sí incluía la amnistía para los investigados por este delito, siempre que no existiera una sentencia firme que los hubiera condenado. Y Puigdemont no ha sido siquiera juzgado por terrorismo, lo que le incluía entre los beneficiados por esta medida.

No obstante, en el Congreso, su partido, Junts, que exige una amnistía aún más extensa, acabó votando en contra de la primera versión de la ley para poder ampliarla de nuevo en la Comisión de Justicia de la Cámara Baja. El estado actual de la norma es de negociación, con todos los partidos reformulando sus posiciones antes del día 20 de febrero, cuando presentarán un nuevo dictamen (esta vez, definitivo) al Pleno del hemiciclo.

Pese a todo lo anterior, Boye insiste y, en el recurso en el que exige a García-Castellón que dé marcha atrás a las diligencias acordadas el pasado 26 de noviembre, sostiene que "no responden a la finalidad de esclarecer los hechos investigados y atribuir responsabilidades, sino, simplemente, investigar a personas por lo que son o representan, no por lo que hayan podido hacer o dejar de hacer".

El escrito de Boye ya ha sido contestado por, entre otras acusaciones, la ejercida por la asociación de víctimas del terrorismo Dignidad y Justicia, presidida por el diputado del PP madrileño Daniel Portero.