Medio CGPJ cuestiona a García Ortiz por sus nombramientos ilegales y no defender a los fiscales

El órgano de gobierno de los jueces tiene que dar su parecer sobre el nombre propuesto por Moncloa para dirigir el Ministerio Público y el presidente suplente del CGPJ, Vicente Guilarte, ha añadido el asunto al orden del día del pleno ordinario que ya estaba convocado para este jueves.

No obstante, el vocal Wenceslao Olea, magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, dirigió este miércoles a Guilarte un escrito recordando que el Reglamento de Organización y Funcionamiento del CGPJ establece que el orden del día debe quedar fijado con, al menos, tres días de antelación, y solo por unanimidad se puede incluir algún asunto fuera de ese plazo.

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"El asunto incluido extemporáneamente en el orden del día ofrece la suficiente complejidad como para evitar la premura adoptada" por Guilarte, señaló Olea. El consejero adelantaba que no apoya la inclusión del informe sobre el fiscal general, "por lo que el asunto deberá excluirse del Pleno".

El escrito de Olea dio lugar a un poco agradable intercambio epistolar que no se zanjará hasta hoy, durante la misma reunión del pleno del CGPJ.

Respuesta de Guilarte

"No encuentro justificación para posponer la sustanciación de ese asunto ya que el nombramiento del fiscal general del Estado no admite demoras innecesarias", contestó Guilarte a Olea.

El presidente suplente señaló que, en otras ocasiones, se ha tenido que convocar un pleno extraordinario para dar el plácet al fiscal general.

"De tener que hacerlo en este caso para atender lo que me pide, obligaría a celebrar el Pleno entre hoy mismo y el día 1 de diciembre, con el consiguiente trastorno que causaría a todos los vocales tan súbito cambio de agenda, sin contar el injustificado incremento de los gastos que también ocasionaría", indicaba Guilarte.

El presidente suplente considera "más razonable" que se incluya el asunto en la sesión ya convocada. Además, cree que el tiempo de que se dispone "es más que suficiente, teniendo en cuenta la experiencia acumulada en nuestro extenso mandato sobre informes anteriores".

"Cinismo inadmisible"

Wenceslao Olea no reculó. "Hay una razón poderosa para posponer el asunto: la norma", replicó a Guilarte.

"Recuerdo que la ley sanciona con nulidad de pleno derecho los actos dictados prescindiendo de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de voluntad de los órganos colegiados", indicaba.

Respecto a la consideración de Guilarte sobre el "trastorno" que causaría la convocatoria de un pleno extraordinario, Olea cree que es "de un cinismo inadmisible" porque la Comisión Permanente que Guilarte preside ha adoptado "acuerdos online a las once de la noche" y en los propios plenos varios vocales se suelen conectar telemáticamente.

"Deberá someterse a la votación del Pleno la decisión sobre si dicho asunto se incluye o no en el mismo y, solo de no aprobarse su excusión, deberá procederse a su resolución", ha insistido el consejero.

Fiscal "del Gobierno"

En el caso de que se entre a discutir la nueva designación de García Ortiz, un notable número de vocales le considerará inidóneo para el cargo.

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Así lo pueden considerar, como mínimo, los siete vocales que en julio de 2021 ya se pronunciaron en contra del nombramiento de García Ortiz para suceder a Dolores Delgado cuando ésta dimitió como fiscal general.

En aquel momento el plácet salió adelante por 12 votos frente a 7, pero en el lado de esa mayoría se han producido varias bajas, empezando por la del presidente Carlos Lesmes.

Los consejeros Carmen Llombart, José Antonio Ballestero, José María Macías, María Ángeles Carmona, Nuria Díaz Abad, Juan Manuel Fernández y Gerardo Martínez Tristán cuestionaron entonces la falta de apariencia de imparcialidad de García Ortiz y su intervención en decisiones "perjudiciales para el crédito del Ministerio Público". Entre ellas, el nombramiento de Eduardo Esteban como fiscal de Sala de menores, dos veces anulado por el Tribunal Supremo.

"El tiempo no ha hecho más que darnos la razón", dice ahora uno de los vocales que sigue considerando inidóneo a García Ortiz.

"Alguien a quien el Tribunal Supremo ha dicho que ha incurrido en algo tan grave como una desviación de poder para favorecer a su benefactora no merece ser fiscal general. Esa sentencia es definitiva", afirma este consejero en referencia a la anulación del nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Sala en la Sala Quinta del TS.

Otros vocales recuerdan que ése no ha sido el único varapalo del alto tribunal hacia García Ortiz, desautorizado en su tesis defensiva de la 'ley de solo sí es sí', que hasta ahora ha generado la reducción de condenas a 1.233 agresores sexuales.

Y también cuestionan que García Ortiz haya guardado silencio cuando los fiscales del 'procés' y la mayoritaria Asociación de Fiscales le han pedido que salga al paso de las acusaciones de 'lawfare' (persecución en los tribunales por motivos políticos) vertidas por dirigentes políticos.

"La verdad es que no necesitamos mucho tiempo para reflexionar sobre este asunto. Creemos que este año largo de mandato ha confirmado que es el fiscal del Gobierno", zanja otro consejero.