Imagen de archivo de un felpudo.

Imagen de archivo de un felpudo. Pixabay

Tribunales

Un año y 4 meses de cárcel por incendiar el portal de su vecina de 99 años que no le dejó usar su teléfono

La Fiscalía solicitaba diez años de cárcel para la acusada, que padece un trastorno mental. Prendió el felpudo y una bolsa llena de cartón.

26 junio, 2023 15:22

La mujer que provocó un incendio en la puerta de su vecina de 99 años tras no dejarle ésta usar su teléfono ha reconocido los hechos y ha aceptado una pena de un año y cuatro meses de cárcel.

El suceso ocurrió en la localidad asturiana de Siero, el 5 de febrero de 2021, sobre las 17.30 horas. En la condena, se le ha aplicado una semieximente de alteración psíquica, ya que la acusada padece problemas mentales derivados del consumo de alcohol y un trastorno mixto de la personalidad. Así se lo diagnosticó el Servicio de Salud Mental del Principado de Asturias.

En el momento de realizar los hechos, "aunque conservaba su capacidad cognitiva, tenía limitada de manera notable su capacidad volitiva", ha informado la Fiscalía, que, en un inicio, solicitaba diez años de cárcel.

Según relataba el escrito de acusación del Ministerio Público, la acusada se acercó al domicilio de la anciana y le pidió que le dejase realizar una llamada desde el teléfono de su casa. La víctima, que vivía sola, se negó "por miedo", conocedora como era de la inestabilidad mental de la condenada.

"Instantes más tarde, la procesada regresó al lugar y prendió fuego al felpudo de la anciana y a una bolsa que tenía delante de la puerta de la casa, que contenía cartones, originando su combustión y una gran cantidad de humo que hizo la atmósfera irrespirable", indicaba el escrito. "A continuación se fue, consciente del gran peligro que la situación suponía para la mujer, por su avanzada edad y reducida movilidad", añadía.

El fuego fue extinguido, finalmente, por una tercera vecina, alertada por los gritos de socorro de la anciana.

Además de la pena de cárcel, la Audiencia Provincial de Asturias impide a la acusada ser elegida en ningún cargo electo durante el tiempo de la condena y le impone la prohibición de acercarse a menos de 200 metros de la víctima, de su domicilio y de los lugares que ésta frecuenta. Tampoco podrá comunicarse con la nonagenaria durante tres años.

También se le impondrá además la medida de libertad vigilada por un tiempo no superior a 5 años, con obligación de seguir tratamiento médico externo o de someterse a un control médico periódico.

Según indica la Fiscalía del Principado de Asturias en un comunicado, la evolución médica de la condenada "ha sido desfavorable por la mala adherencia al tratamiento pautado".

En 2020, se declaró judicialmente su incapacidad absoluta. Se nombró tutor al Principado de Asturias. En marzo de 2023, se autorizó judicialmente su internamiento involuntario en un centro psiquiátrico.