El exjuez Fernando Presencia, en la Audiencia Nacional.

El exjuez Fernando Presencia, en la Audiencia Nacional. Europa Press

Tribunales IMPUTACIÓN

La Audiencia Nacional imputa también al exjuez Presencia por estafa y organización criminal

Ya está investigado por calumnias a magistrados. El juez Gadea subraya que habría hecho "de la denuncia falsa" una "lucrativa forma de vida".

21 diciembre, 2022 02:38

El Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional ha imputado al exjuez Fernando Presencia por los delitos de organización criminal, asociación ilícita y estafa agravada.

Así consta en un auto, fechado el pasado 20 de diciembre y que avanza EL ESPAÑOL. Firma esta resolución el magistrado de refuerzo del Juzgado, Joaquín Gadea, que ya imputó a Presencia en junio de 2022 por los supuestos delitos de injurias y calumnias y contra las altas instituciones del Estado.

En un primer momento, esta investigación, iniciada con una querella de la Fiscalía contra Presencia, se centró en las supuestas calumnias que este antiguo juez hoy, ya expulsado de la carrera— habría vertido contra la cúpula judicial a través de la Asociación Contra la Corrupción y en Defensa de la Acción Pública (Acodap), que él encabeza.

La web de esta organización, ya bloqueada por la Audiencia Nacional, recogía diversas publicaciones, a modo de supuestas noticias, que acusaban a destacados magistrados y políticos de poseer cuentas en paraísos fiscales. Acodap también solicitaba donaciones económicas a los ciudadanos para sufragar su labor.

Además, la página aportaba documentos con apariencia bancaria para sustentar estas acusaciones, convertidas después en denuncias, con escaso recorrido, ante diversos organismos. Aquellos papeles aludían a unas hipotéticas cuentas bancarias en lugares como la Isla de Mann, la de Jersey, Andorra o Luxemburgo.

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No obstante, tal y como subraya ahora el juez Gadea en su auto, probablemente, estos documentos "habrían sido manipulados" y elaborados o por Presencia o por alguno del resto de investigados en esta causa.

Dichos papeles incluyen datos personales de los supuestos beneficiarios de los fondos y están escritos en castellano; nunca en los idiomas oficiales de esos países, donde, además, rige el secreto bancario. Todos tienen un formato muy similar, casi idéntico, pese a que aluden a distintos bancos, cuyos logotipos tampoco figuran en los documentos.

Por ello, Joaquín Gadea destaca que existen "múltiples indicios" para concluir que las denuncias presentadas por Acodap son "meras maquinaciones". Y que esta organización es, en realidad, "un mero instrumento criminal usado para la recaudación de fondos con los que lucrarse los investigados", así como "el medio a través del cual estos mismos logran la repercusión que buscan bajo el falso precepto de la lucha contra la corrupción".

"Nos encontramos ante hechos graves en los que don Fernando Presencia, al parecer, podría haber ocupado un papel esencial, haciendo de la descalificación, la denuncia falsa y el descrédito una lucrativa y ventajosa forma de vida", señala la resolución.

Las cuentas de Acodap

Hace varios meses, Gadea ordenó a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional que, entre otros extremos, analizase las cuentas de Acodap. El informe de la UCO señaló que la organización que encabeza Presencia recaudó hasta 122.000 euros. Y el exjuez "habría podido desviar para su uso privado más de 34.000".

"Teniendo en cuenta que las investigaciones patrimoniales han permitido trazar que las donaciones realizadas por particulares con la finalidad de luchar contra la corrupción se destinaron al enriquecimiento privado del señor Presencia", la Audiencia Nacional ordena el embargo preventivo de sus bienes hasta alcanzar los 188.722 euros, "cantidad a la que asciende el montante total de las donaciones recibidas en Acodap".

Fachada de la Audiencia Nacional.

Fachada de la Audiencia Nacional. Europa Press

Por ello, el Juzgado Central de Instrucción 6 acuerda el bloqueo de hasta 15 cuentas bancarias en las que el exjuez figura como autorizado, representante o titular, se dispone a averiguar todo el patrimonio a su nombre y da un plazo de dos días a Presencia para presentar voluntariamente esta fianza.

"Existen indicios para considerar que [Acodap] podría ser calificada de asociación ilícita (...), en la medida que tendría por objeto la comisión de los delitos de injurias y calumnias (...), siendo el señor Presencia el presidente, por lo que podría imputársele el delito", señala el auto, que deniega al exjuez el archivo de la causa que solicitó su defensa.

Tal y como avanzó EL ESPAÑOL, la Audiencia Nacional también imputó por estos hechos a otras personas. Entre ellas, Alberto Royuela y Santiago Royuela —padre e hijo, respectivamente—.

Ahora, Gadea también cita como investigado al primero de ellos por la supuesta estafa agravada y por el presunto delito de organización criminal. E imputa a una serie de personas que, según la UCO, habrían sido beneficiarias de los fondos recaudados por Acodap. Entre ellas, dos hermanas de Fernando Presencia, por su posible participación en la estafa, ya que, de acuerdo con el informe de la Guardia Civil, recibieron casi 8.000 euros en total.

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Gadea recuerda que la instrucción de esta causa ha constatado la "íntima conexión" entre la Asociación contra la Corrupción y en Defensa de la Acción Pública, los investigados y las denuncias presentadas, a las que la UDEF tachó de "manifiestamente falsas".

Es por eso que también deniega las diligencias solicitadas por Alberto Royuela y Presencia —principalmente, solicitar información a los países que se mencionaban en las denuncias— al considerar que sus peticiones "tienen en común la voluntad de retorcer la instrucción".

"No se vinculan con los hechos objeto de las presentes actuaciones, sino con los que aquéllos mendazmente denuncian. (...) En cuanto a las comisiones rogatorias [las solicitudes de información a las autoridades de otros países], todas ellas se encaminan a generar una suerte de investigación prospectiva respecto a las cuentas en el extranjero que imputan los investigados a determinadas personas", razona el auto.

"Acceder a su práctica supondría dar carta de veracidad a unas imputaciones que, por los indicios recabados, todo apunta a que son manifiestamente falsas. (...) Supondría, además, dirigir el procedimiento precisamente contra aquéllos que son víctimas inocentes de las descalificaciones de los investigados", concluye la resolución.

El exjuez Presencia

En el marco de este caso, la Audiencia Nacional ya citó a declarar al exjuez Fernando Presencia. Pero, únicamente, por las supuestas injurias y/o calumnias y por un posible delito contra las altas instituciones del Estado.

El pasado 7 de julio, Presencia se acogió a su derecho a no declarar y rechazó ser examinado mentalmente por un perito forense, como le había ofrecido previamente el Juzgado. Por contra, presentó un informe de un psiquiatra que certificaba su estabilidad.

En el auto con el que le imputó por primera vez, Joaquín Gadea recordaba que Presencia fue decano de los Juzgados de Talavera de la Reina (Toledo) y sigue atribuyéndose "falsamente" la condición de juez, pese a que fue expulsado de la carrera judicial.

Esta investigación se inició con una querella de la Fiscalía de la Audiencia Nacional contra Presencia, después de que, por orden de la entonces fiscal general del Estado, Dolores Delgado, el Ministerio Público abriera una investigación.

Antes, el Ministerio Público había recibido una alerta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a petición de un magistrado del Tribunal Supremo, que advirtió de las "falsas imputaciones" que Fernando Presencia dirigía contra varios jueces. Algunos de ellos eran quienes optaron por su expulsión de la carrera judicial.

Los contenidos que recogía la web de Acodap han acabado replicados en portales digitales de ultraderecha, además de en varios canales de YouTube de corte conspiranoico.

El juez Gadea ya ordenó el bloqueo cautelar de esta página. Y volvió a hacerlo una vez la web varió su dominio —de puntocom a puntoorg— y sus publicaciones, por tanto, volvieron a ser accesibles para el público.

No obstante, ya se habían registrado intentos de modificar el perfil de Wikipedia de alguno de los magistrados o dirigentes políticos a los que se atribuían estas conductas para incluirlas en su biografía.