Una protesta de letrados de la Administración de Justicia.

Una protesta de letrados de la Administración de Justicia. Efe

Tribunales JUSTICIA

Los secretarios judiciales confirman su huelga indefinida a partir de enero y cargan contra Llop

Los ahora llamados letrados de la Administración de Justicia (LAJs) también celebrarán un paro los próximos 14 y 15 de diciembre.

9 diciembre, 2022 10:26

Los letrados de la Administración de Justicia (LAJs), anteriormente denominados secretarios judiciales, han confirmado que su huelga será "indefinida a partir del mes de enero".

Así consta en un comunicado conjunto firmado por el Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia (CNLAJ), la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ) y la Asociación Independiente de Letrados de la Administración de Justicia (AINLAJ).

Las tres entidades, además, recuerdan el paro previsto para los días 14 y 15 de diciembre, tras los ya celebrados los pasados 29 y 30 de noviembre.

[Justicia acepta "vincular" los salarios de los secretarios judiciales al régimen de los jueces]

Según explican CNLAJ, UPSJ y AINLAJ, "la ministra de Justicia ha incumplido sus propios compromisos y ha faltado a la palabra dada, generando un importante problema al servicio público".

Tal y como informó EL ESPAÑOL, el departamento que encabeza Pilar Llop, el pasado abril, aceptó elevar las retribuciones de los LAJs, acercándolas a las de jueces de fiscales, mediante "una cláusula de enganche al régimen retributivo de las carreras judicial y fiscal vía enmienda al Proyecto de Ley de Eficiencia Organizativa".

Pero CNLAJ, AINLAJ y UPSJ se quejan de que el Ministerio "ha incumplido uno por uno todos sus compromisos".

"Con la huelga indefinida en el horizonte, Pilar Llop tiene la urgente obligación de

explicar qué vale la palabra de una ministra", indica el comunicado conjunto. "Y esa explicación se la debe no ya sólo a las letradas y letrados de la Administración de Justicia, sino también al conjunto de la opinión pública, al resto de funcionarios y profesionales que han visto alterada su actividad laboral cotidiana, y a los ciudadanos a los que se les haya podido suspender un juicio que, probablemente, llevarían esperando mucho tiempo", añade.

La ministra de Justicia, Pilar Llop.

La ministra de Justicia, Pilar Llop. Efe

"Cuando una mayoría tan abrumadora de los integrantes de un colectivo de profesionales vuelve a ponerse en huelga por tercera vez este año, es evidente que existe un grave conflicto y que subyacen razones de mucho peso para ello", subraya el difundido.

Las tres entidades también reprochan a Justicia que haya "incumplido la obligación legal" de negociar una solución al conflicto con el comité de huelga, "en un ejercicio de dontancredismo impropio e intolerable en cualquiera que ostente algún tipo de responsabilidad política".

Conflicto salarial

Las nóminas de jueces y fiscales están reguladas por una norma específica, la Ley 15/2003, de 26 de mayo, reguladora del régimen retributivo de las Carreras Judicial y Fiscal

Según reza esta norma, "el Cuerpo de Secretarios Judiciales será objeto de una importante potenciación de sus funciones, incrementando sus responsabilidades y ampliando sus competencias, lo que conlleva la encomienda al Gobierno de la elaboración de un real decreto regulador de su régimen retributivo, adaptado a los principios y conceptos contenidos en esta ley y en sus anexos".

Justicia y los sindicatos mayoritarios ya pactaron el pasado diciembre una subida salarial del 5,26% de las retribuciones de los LAJs. La UPSJ la consideró "insuficiente" y convocó varias huelgas en enero y marzo.

No obstante, las de abril fueron canceladas tras el acuerdo con el Ministerio, que la Unión Progresista consideró, entonces, "esperanzador", ya que contemplaba "equiparar" los sueldos de los LAJs a los de jueces y fiscales.

El pasado abril, una vez se suspendieron estas huelgas, Juan José Yáñez, del Secretariado de UPSJ, manifestó a EL ESPAÑOL que, por entonces, sólo faltaba por concretar "los plazos y la forma legal" para acometer esta medida y exigió a Justicia una "agenda de planificación concreta".