Oriol Junqueras durante el juicio del 'procés' en el Tribunal Supremo./
Junqueras podrá ser candidato en las generales de 2023 si Pedro Sánchez rebaja la sedición a 5 años
El abaratamiento del delito en ese rango beneficiaría más al líder de ERC y a Marta Rovira que a Carles Puigdemont, que tendría que ir a prisión.
1 noviembre, 2022 02:41La rebaja de la pena del delito de sedición prometida por Pedro Sánchez no beneficiaría tanto al expresidente catalán Carles Puigdemont como al presidente de ERC, Oriol Junqueras, y a su secretaria general, Marta Rovira, según fuentes del Tribunal Supremo consultadas por EL ESPAÑOL.
Ambos dirigentes de ERC serían los principales favorecidos por una disminución de las penas de prisión e inhabilitación planeada por el Gobierno. Si esas dos penas se sitúan en un rango de cinco años, Junqueras podría presentarse como candidato en las elecciones generales del próximo año y Rovira eludir la cárcel.
En cambio, Puigdemont tendría que afrontar su ingreso en prisión, aunque saliera antes que con las penas actuales o fuera indultado, como ya lo han sido los condenados por el proceso soberanista catalán.
Sánchez comenzó a hablar de la reforma de las penas de sedición en mayo de 2018, cuando Junqueras llevaba seis meses en prisión.
Estamos trabajando en una modificación del código penal para adecuar el delito de rebelión a la España del siglo XXI. @sanchezcastejon en @Desayunos_tve 👇 pic.twitter.com/YIT2p0rPVx
— PSOE (@PSOE) May 16, 2018
El 20 de enero de 2020, tras lograr formar gobierno con Unidas Podemos, Sánchez confirmó en una entrevista en RTVE que se planteaba reducir la pena de la sedición.
"Hay que desjudicializar la crisis catalana", dijo entonces. "Esta crisis ha demostrado que tenemos un Código Penal que no corresponde con la época que ha tocado vivir a España. No tenemos delitos homologables a lo que ocurre en otros países europeos", sostuvo.
Entrevista a Pedro Sánchez en RTVE
Por orden de Sánchez, el entonces ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, empezó a trabajar a principios de 2021 en la reforma de la sedición y, paralelamente, en los indultos, que acabarían otorgándose el 22 de junio de ese año.
El Gobierno de Sánchez perdonó a Junqueras y a otros ocho condenados el resto de las penas de prisión que tenían pendientes de cumplir. Pero no indultó la pena de inhabilitación absoluta que sigue impidiendo ejercer cargos públicos al líder de ERC y al resto de los condenados por sedición.
En el caso de un abaratamiento de las penas de la sedición, la Sala Penal del Tribunal Supremo tendrá que revisar a la baja las condenas de Junqueras, los exconsejeros Raül Romeva, Jordi Turull, Dolors Bassa, Joaquim Forn y Josep Rull; la expresidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell y los líderes sociales Jordi Cuixart y Jordi Sánchez.
Fuentes judiciales indican que la revisión de la pena de inhabilitación -que es la que aún están cumpliendo todos ellos- permitiría un notable adelanto de la recuperación de los derechos de participación política.
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En concreto, si la pena quedara establecida en cinco años, Junqueras y los demás condenados podrían presentarse a las elecciones que se celebren a partir de julio de 2023, ya que la revisión de la condena se computaría desde julio de 2018.
En esa fecha fue cuando el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, instructor de la causa del 'procés', aplicó a los procesados el artículo 384 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y les suspendió en el ejercicio de sus cargos de diputados del Parlamento de Cataluña.
Los prófugos
En el caso de Marta Rovira, una disminución de la penalidad de la sedición a cinco años significaría que este delito -el único por el que fue procesada en marzo de 2018- prescribiría para ella en junio de 2023, cuando la Sala Penal del Tribunal Supremo confirmó el auto de procesamiento dictado por el juez Llarena.
La secretaria general de ERC huyó a Suiza en marzo de 2018 y el país helvético nunca ha querido entregarla a la Justicia española, por lo que no ha habido ningún acto procesal posterior a esa fecha que haya interrumpido la prescripción.
Distinto es el caso de Carles Puigdemont. Además de enfrentarse a los cargos de sedición y malversación de fondos públicos, para el expresidente catalán ha habido multitud de actos procesales que impiden que los cargos hayan prescrito.
El juez Llarena ha cursado órdenes de detención y entrega a distintos países donde Puigdemont ha sido localizado (la última vez, en Cerdeña en septiembre de 2021), ha cursado el suplicatorio al Parlamento Europeo y ha emitido cuestiones prejudiciales para conseguir que el expresidente catalán responda de los presuntos delitos que cometió al promover en el otoño de 2017 un proceso ilegal y unilateral para imponer la independencia de Cataluña.
De esta manera, salvo que la rebaja de la pena fuera inferior a los dos años de prisión, si Puigdemont fuera condenado sería privado de libertad e inhabilitado.
"La disminución de las penas de la sedición no sería una solución para desjudicializar nada, sino una solución política para ERC", concluyen las fuentes consultadas.
La rebaja del castigo por el delito de sedición ha sido esgrimido por el PP para suspender las negociaciones para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. "Sánchez pacta con quien delinque", ha dicho el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.
