Segunda recusación del PSOE al juez al que ya logró apartar del tribunal que juzgará a Camps

El PSOE vuelve a recusar a Joaquín Delgado, el juez al que ya consiguió apartar del tribunal que juzgará a Francisco Camps por una de las piezas de la trama Gürtel, la denominada Orange Market.

En esta ocasión, el Partido Socialista lo ha hecho en otra de las ramas del caso Lezo. Concretamente, en el que enjuiciará las supuestas irregularidades cometidas entre 2001 y 2002 en la adquisición de la empresa Inassa por el ente público Canal de Isabel II, mientras el PP gobernaba la Comunidad de Madrid.

En un escrito dirigido a la Sección Segunda de la Sala de lo Penal, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, la defensa del PSOE recuerda que Delgado fue alto cargo en el Ministerio de Justicia con dos Gobiernos conservadores. Éste fue el motivo que, finalmente, le apartó del tribunal que juzgará al expresidente valenciano por la Gürtel.

"Sin poner en duda, porque no nos corresponde, la capacidad de ninguno de los magistrados (...), parece evidente que la trayectoria profesional de Joaquín Delgado Martín provoca serias dudas respecto a la apariencia de imparcialidad del mismo en este procedimiento", subraya la formación izquierdista, personada en el caso Lezo como acusación popular.

Por ello, acompaña su escrito con una copia del currículum del juez, en el que se destaca que, en 2002 ejerció como asesor del ministro de Justicia José María Michavila, del Partido Popular. En 2016, fue nombrado director general del mismo departamento, cuando ostentaba la cartera el también conservador Rafael Catalá.

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En línea con la estrategia seguida en Gürtel, el PSOE incide en que Delgado desempeñó este cargo hasta la moción de censura que, en 2018, desalojó a Mariano Rajoy de la Moncloa e hizo presidente del Gobierno al socialista Pedro Sánchez.

Uno de los principales motivos en los que se basó el bloque de investidura para favorecer el cambio de Ejecutivo fue la sentencia de la Audiencia Nacional que condenó al PP como partícipe a título lucrativo de la primera etapa de, precisamente, el caso Gürtel.

Fachada de la Audiencia Nacional. Europa Press

"Su cese (...) se produce como consecuencia del cambio de gobierno y no por un proceso electoral", subraya el PSOE. "El que la llegada al Gobierno del Partido Socialista haya sido la causa directa de su cese afecta claramente a su apariencia de imparcialidad", reitera.

Asimismo, la formación desliza que el hecho de haber logrado ya una primera recusación de Delgado podría provocar que éste mostrara "animadversión" hacia la acusación que ejercen los socialistas en Lezo.

'Caso Lezo'

No obstante, a diferencia de lo que ocurrirá con Orange Market, ningún expresidente regional del PP se sentará en el banquillo por esta pieza de Lezo. El juez Manuel García-Castellón archivó esta parte de la causa para Ignacio González, ya que aún no había llegado a la presidencia del Canal en los años enjuiciados.

Sin embargo, el PSOE alega que la causa "está profundamente relacionada con los Gobiernos del Partido Popular en la Comunidad de Madrid (CAM)". Entre 2001 y 2002, Alberto Ruiz-Gallardón —también exonerado por García-Castellón— presidía la CAM, cuyo Consejo de Gobierno autorizó la compra de la empresa colombiana Inassa por parte del Canal de Isabel II.

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"La adquisición, el procedimiento de compra y las autorizaciones preceptivas estuvieron plagadas de toda clase de irregularidades con el objeto de encubrir una serie de actividades ilícitas, siendo una figura clave de la trama el acusado don Arturo Canalda, quien ostentó importantes cargos vinculados al Partido Popular", replica el PSOE.

"No cabe duda de que se enjuicia la gestión del Gobierno del Partido Popular en la Comunidad de Madrid, desde un punto de vista reputacional", alegan los socialistas, quienes concluyen que, por tanto, existen "serias dudas sobre la apariencia de imparcialidad" de Delgado "para actuar libremente en este caso".

Y, finalmente, recuerdan que, por unanimidad, el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional optó por apartarle del tribunal que juzgará a Camps. Y lo hizo en base a la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que, a su juicio, también resulta aplicable en este caso. 

Su artículo 351 dispone que los jueces y magistrados "deberán abstenerse, y en su caso podrán ser recusados, de intervenir en cualesquiera asuntos en los que sean parte partidos o aquellos de sus integrantes que ostenten o hayan ostentado cargo público".

De hecho, el PSOE reitera en su escrito que, dado que fue su acusación popular la que logró apartar a Joaquín Delgado de Gürtel, "al menos en apariencia, el hecho sería susceptible de generar animadversión hacia esta acusación popular y sus representantes en la vista oral, lo que de nuevo sería motivo de minar la apariencia de imparcialidad por animadversión hacia esta parte".

Ignacio González

Ni Alberto Ruiz-Gallardón ni Ignacio González se sentarán en el banquillo de los acusados por esta pieza, la número 1, de Lezo, aunque este último sí lo hará por otras ramificaciones del mismo caso.

Quienes sí acudirán a juicio serán, entre otros, los exconsejeros madrileños Pedro Calvo y Juan Bravo, por un supuesto delito de malversación de caudales públicos en concurso con otro de prevaricación.

Según la Fiscalía Anticorrupción, la adquisición de la empresa colombiana Inassa estuvo "plagada de ilicitudes y, contrariamente a lo autorizado, se realizó de manera indirecta", pues lo que realmente se compró fue la sociedad panameña Aguas de América, entre cuyos activos se encontraba el 75% de Inassa y el 51% de la dominicana Watco, "provocándose un desvío de los fondos públicos destinados a su pago debido, principalmente, al sobreprecio abonado y a la inclusión (...) dactivos no autorizados ni valorados que no redundaron en ningún beneficio" para la Comunidad de Madrid.